Grieta euro: justicia alemana evalúa al BCE y pone en duda continuidad del plan de ayuda

El 5 de agosto venció el ultimátum de tres meses que la Corte Constitucional germana le había otorgado al organismo para que demostrara que su programa de compra de activos no perjudicaba a los ahorristas.

Con los nervios de un estudiante que espera que la mesa examinadora le entregue la nota del oral que acaba de dar, el Banco Central Europeo (BCE) cuenta las horas para saber si la Justicia alemana aprueba a sus autoridades o las manda a marzo.

Es que el miércoles 5 de agosto venció el plazo de tres meses que la Corte Constitucional germana le dio al organismo para que demostrara que su programa de compra de activos financieros no perjudicó a los ahorristas de ese país.

El fallo, inédito en la historia de la zona euro, obligó a las autoridades del BCE a entregar documentación que respaldara su postura. Y que desmintiera a los ojos de los magistrados lo que los funcionarios alemanes venían criticando desde hacía más de veinte años: que el banco no cumplió con su función para lo que fue fundado.

En el seno de la máxima entidad financiera del continente se libra una batalla que marca la grieta cultural entre el norte y el sur europeos. Mientras los países del norte exigen que el BCE se dedique a defender el valor de la moneda, los del sur abogan por que además se estimule el crecimiento económico. Y, como en las últimas décadas ha venido primando el criterio de los países mediterráneos, los funcionarios alemanes, holandeses y austriacos no dejaron de despotricar contra esta visión ampliada del rol del organismo.

Solo pudo haber sido bajo la presidencia de un italiano como Mario Draghi que el banco decidió lanzar su programa de rescate financiero más ambicioso y, a la vez, más polémico. Si para muchos este programa salvó la zona euro del desmembramiento durante la crisis de la deuda soberana de 2010, otros consideran que ocurrió una transferencia de riqueza de los europeos del norte hacia los del sur, menos productivos y más propensos a ser subsidiados, desde este particular punto de vista.

Justamente, eso fue lo que terminó generando el fallo de la Corte de Karlsruhe, que en mayo pasado dio tres meses de plazo al BCE para que demostrara que su programa de "Quantitative easing" (QE) era beneficioso para todos, incluidos los alemanes.

Y, como amenaza para que su reclamo fuera escuchado, los jueces avisaron que, si no se sentían satisfechos, iban a obligar al Bundesbank a vender todos los activos que compró dentro del programa de QE por cuenta del BCE.

Este no es un detalle menor, porque pondría en peligro todo el plan de ayuda a la zona euro (de 75.000 millones de euros) instrumentado por el organismo desde que estalló la emergencia económica por la pandemia de coronavirus. Y dispararía la prima de riesgo de los países más vulnerables, como Italia y España.

FECHA LÍMITE

Llegada esta fecha límite, la presidenta Christine Lagarde y los demás funcionarios del banco esperan con ansiedad el veredicto de los jueces alemanes, aunque con cierta serenidad, porque saben que cuentan con el respaldo del Bundesbank y del gobierno de la Primera Ministra Angela Merkel.

"El Bundesbank confirmó el lunes pasado que iba a seguir participando del programa de recompra del BCE después de que se terminara el lapso de tiempo otorgado por la Corte Constitucional alemana", expresó Lee Hardman, analista de Mitsubishi UFJ Financial Group.

En la visión de los expertos, la Justicia alemana debería darse por satisfecha, luego de que el Bundestag, el parlamento germano, aceptara las explicaciones brindadas por el BCE. Sin embargo, el fallo del alto tribunal de Karlsruhe podría traer otro tipo de contratiempos.

No son pocos los que advirtieron, luego de la sentencia de los magistrados alemanes, que ésta chocaba directamente con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que antes había dado su visto bueno al programa financiero del banco.

Eso significa que, con su fallo, el tribunal alemán desautorizó a la máxima instancia judicial de la zona euro, provocando un conflicto institucional que no parece haberse zanjado. Por eso, el BCE espera impaciente que le den el aprobado en este examen, para desentenderse cuanto antes de un conflicto jurídico del que no quiere formar parte.

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