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Justicia ordena avanzar en causa contra el banco BNP Paribas por presunto lavado de activos

La UIF sostiene que desde oficinas clandestinas en el microcentro porteño los directivos de la entidad habrían sacado de la Argentina y hacia paraísos fiscales unos mil millones de dólares. Acceda al listado de clientes involucrados.

Justicia ordena avanzar en causa contra el banco BNP Paribas por presunto lavado de activos

La Cámara del Crimen le ordenó al juez de instrucción Osvaldo Rappa que avance en la investigación por presunto “lavado de activos” que involucra a directivos y clientes del banco BNP Paribas por operaciones celebradas entre 2001 y 2008.

El tribunal aceptó un planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que la causa, que lleva una larguísima tramitación, se quede en el fuero penal ordinario y se enderece a la resolución de la situación procesal de los imputados.

Entre ellos figuran los directivos del BNP Paribas y los clientes Fernando Gabriel Celaya, Santiago Virgilio Tedín Uriburu, Christian Marie Francois Giraudon, Armand Agustin Abeillon, Michel Micael Basciano, Philippe Yves Henri Joannier, Chislain Jean Marie Benoit Martín de Beauce, Silvia Beatríz Zyla, María Inés Armando, Pedro Maffeo, Luis Pablo Cremona, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini y Casandra Siemens.

Según la investigación, se comprobó “la intervención de la oficina de ‘Clientela Privada Internacional’ situada en el piso 25, unidad funcional 27 del BNP Paribas, sucursal Buenos Aires situada en la calle Leandro N. Alem 855, en una ruta destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario”.

“Sus integrantes habrían sido los encargados de poner en marcha y administrar fondos no declarados por sus titulares ante el Fisco Argentino, es decir capitales que se encontraban fuera del circuito legal entre los años 2001 y 2008”, sostiene la documentación, a la que accedió DyN.

La investigación desnudó la supuesta “existencia del delito precedente a la figura del lavado de dinero que se les atribuye a los encartados, puesto que tanto las personas físicas y jurídicas presuntamente titulares de bienes en el exterior administrados desde la oculta oficina del BNP Paribas no declararon ante el organismo recaudador sus inversiones extranjeras ni la renta por ellas producida, evitando así el pago de tributos al Fisco Nacional, e incurriendo en la comisión de posibles infracciones tributarias”.

Los imputados “habrían -a través de la oficina bancaria investigada- procedido a la apertura de cuentas bancarias en plazas del exterior -del mismo banco-, y a la constitución de sociedades, fundaciones, fideicomisos y empresas privadas de inversión extranjeras, para la circulación de divisas -las cuales no se encontraban declaradas por sus titulares en sus respectivas declaraciones juradas en este país-“.

Ese flujo se orientaba “hacia y desde las sucursales de la misma corporación situadas en centros financieros mundialmente conocidos por su baja gravabilidad y por el férreo secreto bancario que los sistemas jurídicos en cuestión imponen a los depósitos bancarios, importando, por lo tanto, una especie de ocultación del capital transferido a la posibilidad que el mismo pudiese ser detectado por los organismos recaudadores”, describe el expediente.

La UIF sostiene que desde oficinas clandestinas en el microcentro porteño los directivos del BNP habrían sacado de la Argentina y hacia paraísos fiscales unos mil millones de dólares en activos de empresas y particulares.

El ex fiscal antilavado Carlos Gonella había dicho en su momento que entre quienes aparecían con bancos en el exterior había “tres jueces, un vicecanciller, funcionarios públicos de la Afip, integrantes de fuerzas de seguridad, gremialistas y legisladores nacionales‘.

“Ante el fuero federal actualmente continúan en trámite las causas que investigan ese delito precedente, seguidas contra funcionarios públicos respecto de sus presuntos enriquecimientos ilícitos y omisiones maliciosas de presentar declaraciones jurada”, corroboró el fallo de la Sala Primera de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi.

El tribunal reprochó al juez de primera instancia Rappa que “en poco tiempo se está por cumplir un año desde la última audiencia indagatoria, sin que hasta la fecha se haya resuelto la situación procesal de los imputados”.

El plazo “ordenatorio” para resolver la situación procesal de un indagado es de diez días hábiles.

“Previo a revisar la competencia, el juez de grado (Rappa) debió haberse expedido por el fondo del asunto”, dijeron los camaristas, al urgir un rápido avance de la investigación.

 

FUENTE: Agencias Buenos Aires