Miércoles  30 de Septiembre de 2020

Bonos verdes: el futuro de la renta fija

En septiembre se batió un récord de emisiones a nivel mundial, con más de u$s 30.000 millones. Pero un informe del BPI aclara que aún falta la acción concreta de las emisoras para bajar su grado de polución

Bonos verdes: el futuro de la renta fija

En cierta ocasión, Al Gore sostuvo que "la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad". El ex vicepresidente de los Estados Unidos, ferviente ambientalista, debe estar aliviado al comprobar cómo, poco a poco, se van imponiendo los bonos verdes en los mercados financieros internacionales. Porque esta es una manera de buscar incentivos para que las empresas y gobiernos reduzcan el impacto ambiental de sus actividades.

Si el desarrollo de este mercado de renta fija es una buena noticia en sí misma, mucho más sorprendente resulta comprobar cómo ha avanzado durante estos difíciles últimos meses, atravesados en todo el mundo por la pandemia del coronavirus.

En septiembre se batió un récord de emisiones de bonos verdes a nivel global, con más de u$s 30.000 millones emitidos, activos financieros que, además, gozan de una amplia demanda entre los inversores. A tal punto que varias empresas obtuvieron tasas de interés bastante más bajas que para los títulos tradicionales que tienen en circulación.

¿En qué consisten los "green bonds"? Se trata de un tipo de deuda clasificada como "Inversión Socialmente Responsable" (ISR o ESG, por las siglas en inglés de "Environmental, Social and Governance") que tiene que justificar un uso con impacto medioambiental.

Algunos proyectos que se pueden financiar con estos instrumentos están vinculados con la mejora de la eficiencia energética, las energías renovables, la gestión de residuos o la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), entre otros.

Los bonos verdes son muy apreciados por grandes inversores tales como bancos centrales, fondos soberanos o fondos de pensiones, y su significativo crecimiento provocó que sean considerados como inversiones de menor riesgo y rentabilidad.

En el segundo trimestre de 2020, casi un 60% de los emisores estaba radicado en Europa, lo que da la pauta de la importancia que se le da a estos temas relacionados con el medio ambiente en el Viejo Continente, pionero en la materia.

FALTA BASTANTE

Sin embargo, si bien el panorama parecería lucir un poco más promisorio desde el punto de vista medioambiental gracias a estos "green bonds", un informe del Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el Banco de Basilea, pone las cosas en su lugar y aclara que todavía falta bastante para que las empresas emisoras reduzcan su nivel de contaminación.

Incluso este "banco de los bancos centrales" advierte que varias compañías que han lanzado sus propios bonos ecológicos siguen siendo grandes generadoras de CO2, una anomalía que se explica porque todavía las emisiones de estos activos financieros se centran en proyectos específicos y no en la reducción global de dióxido de carbono.

Por esa razón, los expertos del BPI indican en su informe la importancia de que las obligaciones negociables emitidas abarquen proyectos más ambiciosos, para alinear mejor los intereses de todos los actores del mercado.

"Los incentivos de las empresas deberían estar en línea con los objetivos climáticos", sostiene el trabajo de la entidad financiera.

En ese sentido, el BPI sugiere impulsar la creación de un sistema de calificaciones crediticias "verdes", inspiradas en las que ya existen para la economía tradicional.

Dichas calificaciones son otorgadas por las distintas agencias calificadoras, "sin incentivar a las empresas a reducir la actividad económica o dividir las operaciones".

Pruebas sólidas

El estudio aclara que, "en general, no hay pruebas sólidas de que la emisión de bonos verdes esté asociada con una reducción en el nivel de contaminación a largo plazo de cada empresa". Lo que justifica la necesidad de avanzar hacia un mercado de calificaciones verdes. Y de proveer un instrumento eficiente para que todos los inversores y gobiernos puedan evaluar el grado de compromiso de cada compañía en materia ambiental.

La propuesta del BPI contempla crear diez escalas crediticias, que incluya cinco categorías para las empresas más contaminantes. Las calificaciones irían desde la nota GGGGG para las empresas más ecológicas, hasta la PPPPP para las que más impacto provocan sobre el medio ambiente.

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