Transportadoras de caudales en alerta por nueva regulación

Le mandaron una carta al titular del BCRA, advirtiendo que, al eliminarse las medidas mínimas de seguridad de las unidades, que ahora podrían ser no blindadas, aumentará mucho el costo de los seguros, y se pone en riesgo la vida de los trabajadores.

Bancos versus transportadoras de caudales: la guerra recién empieza. Las entidades se quejan de los altos costos que deben pagar por los camiones blindados (cada unidad sale entre u$s 150.000 y u$s 180.000), al punto de ser el segundo mayor costo que deben afrontar detrás de los sueldos. Ante esto, el Banco Central  publicó una nueva normativa, en el que flexibiliza las condiciones del sector.

Esto puso en alerta a la Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales, cuyo presidente, Juan Cocci, le mandó una carta a Luis Caputo, a la que tuvo acceso este diario.

Allí, describe la sorpresa que ha causado entre los miembros de la Cámara la nueva disposición que "afecta la actividad, puesto que permite que cualquier entidad pueda llevar a cabo la prestación de servicios de transporte de valores, sin ninguna especialidad en la materia en temas tan sensibles como la seguridad de las personas y de la carga, la experiencia y el conocimiento, sino que además muestra un claro alejamiento de parte del Banco Central de la realidad en materia de delincuencia que vive el país y muy especialmente la región".

Remarcan que todo el sistema financiero y cambiario ha delegado en las empresas transportadoras de valores no sólo el servicio propiamente dicho, sino también la gestión de cajeros automáticos y ha tercerizado la custodia, atesoramiento y gestión del efectivo mediante la gestión de tesorerías integrales. Sostienen que esta tercerización ha obligado a las empresas del sector a realizar inversiones tales como infraestructura edilicia, flota, incremento de la plantilla de personal, inversión tecnológica y ampliar la cobertura de seguros. Asimismo, subrayan que el sistema financiero y cambiario ha trasladado, en función de esta delegación de servicios, los riesgos que esta actividad acarrea.

Los principales puntos que plantean en la carta son:

* "Al eliminarse las medidas mínimas de seguridad en las unidades, que ahora podrían ser no blindadas, se permite que se disminuyan los niveles de seguridad que se venían utilizando, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores del sector".

* "Los niveles de inseguridad en la vía pública no se condicen con la Comunicación A 6525 habida cuenta que, en lugar de establecer mejores y más eficaces medidas de seguridad, han flexibilizado al punto que ya nada se exige".

* "Las transportadoras deberán analizar la posibilidad de reducir sus plantillas de trabajadores, lo que sin dudas tendrá un grave impacto social, ya que dan empleo a más de 10.000 trabajadores".

* "Al reducirse las medidas de seguridad y existir una mayor posibilidad de producirse eventos de robo, el costo de los seguros aumentará ostensiblemente, impactando en forma directa en la ecuación económica tenida en cuenta por las transportadoras".

* "No se establece los mínimos y máximos que las transportadoras puedan llevar, lo que implica que se puedan transportar valores en exceso, lo que hace aún más grave la cuestión de seguridad. Es decir, se deja librado a las entidades usar o no vehículos blindados, ocasionando que, por razones de costos, priorizarán el uso de no blindados, con el aumento inmediato de riesgo de vida de los trabajadores. Demás está decir el conflicto sindical que podría producir esto, liderado por el gremio de Camioneros a nivel nacional".

* "No han tenido en cuenta las regulaciones de los países de la región que resultan a todas luces más innovadoras y en donde intentan proteger la vida de los trabajadores".

Por último, dejan latente "las acciones judiciales que los miembros de esta Cámara puedan ejercer para preservar la actividad y las fuentes de trabajo".

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