La incógnita se abrió después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la apelación de la Argentina por el juicio relacionado por tenedores de bonos que nunca ingresaron a los canjes y ahora apuntan a embargos contra el país. ¿Pueden estos acreedores u otros en algún momento trabar posibles emisiones de deuda de la Argentina en el exterior?
Por lo pronto los favorecidos ayer con la decisión de la Corte norteamericana fueron los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, una suerte de "pichones" de fondos buitres. Compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a los tres ofertas de canje del país, en 2005 (Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri). O quizás esos fondos compraron la deuda antes y nunca ingresaron a los canjes. Por lo pronto van por el colateral que tenían los bonos Brady en su poder, que eran Bonos del Tesoro norteamericano. Son u$s 310 milones en diversas cuentas de la Reserva Federal.
Esto significa que por este juicio, no existiría amenaza de trabar otros activos argentinos más allá de los apuntados por la Corte norteamericana. "Si hubiera una emisión de deuda de la Argentina no se vería afectada por ahora por ninguna acción judicial de demandantes al país. A Paul Singer le llevó tiempo imponer el pari passu en el juzgado de Griesa. Tampoco Burford en el marco del juicio por la expropiación de YPF apunta en ese sentido", señaló a El Cronista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor.
La incertidumbre se posa en otra herencia del kirchnerismo, el juicio en Londres por los cupones del PBI (dicho sea de paso, un título que obsequiara Roberto Lavagna en el 2005 en la oferta a bonistas que no sirvió para lograr mayor adhesión). Argentina debe pagar 1.300 millones de euros más intereses sin la posibilidad de nuevas apelaciones. El gobierno de Javier Milei en el 2024 debió poner 313 millones de euros en una garantía a través del Santander. No hubo grandes movimientos desde la sentencia final en octubre y eventualmente podría haber una negociación silenciosa o a futuro.
El dato relevante es que hace dos semanas, en el pago de los vencimientos de los bonos globales surgidos con la fallida restructuración de Martín Guzmán en 2020, no hubo ningún movimiento o intento de estos acreedores contra el país.
¿Y el FMI? El staff del organismo en la última revisión del programa caducado en noviembre último, la realizada a fines de marzo y conocida en junio, incluyó al final del reporte, una mención a la necesidad de acordar con los demandantes contra el país con sentencia. Pero no más que ello. Se aguarda que en las próximas semanas, cuando se difunda el nuevo entendimiento, se repita alguna mención al respecto pero no más que ello.
Pero más allá de estos movimientos, desde el gobierno tampoco hay apuro por retornar al mercado internacional de deuda. El 2025 estaría cerrado y más con los fondos frescos que podría aportar el FMI. Obviamente el superavit fiscal juega un rol esencial en ese sentido. La apuesta oficial es ir hacia niveles de riesgo país y costos de financiamiento menores. Por ahora no hay nubarrones con juicios.
