En esta noticia
El Gobierno lanzó el plan dólar colchón hace unos días con la idea de que alrededor de un 10% de las divisas sin declarar que quedaron fuera del blanqueo el año pasado ingresen de una vez por todas al mercado. Ya emitió el Decreto 353/2025, que sienta las bases para el programa y ahora falta la reglamentación específica. El objetivo es inyectar liquidez al mercado oficial de cambios sin mayores requisitos de información, pero preocupa el impacto que esta iniciativa puede tener en la reputación internacional de la Argentina.
Nuestro país tiene que cumplir varias regulaciones internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y delitos precedentes, como lo son evasión tributaria y el narcotráfico.
Esos estándares son fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "El organismo, con sus recomendaciones apunta a realizar inteligencia financiera para combatir al crimen organizado trasnacional, el efectivo es lo más utilizado en las actividades ilícitas por lo que fomentar el blanqueo de efectivo es riesgoso", advierte la abogada experta en políticas públicas antilavado Julieta Pignanelli.
Argentina está alineada con los estándares globales y tiene que mantener esta posición. Por eso, cuando el Gobierno anticipó su plan para los dólares del colchón muchos expertos en Copliance y PLA/FT cercanos al oficialismo pusieron los límites que se podían correr y los que no, es decir, marcaron la cancha.
Esto responde a que una eventual caída en las listas de demérito puede generar impactos negativos en el desarrollo de negocios internaciones e inversiones de la actual gestión.
Un requisito para acceder a los mercados de deuda
Sería un problema para mejorar la reputación crediticia que busca recuperar la Argentina para volver al mercado internacional de deuda con tasas en torno al 7% u 8% y en la relación con el Fondo Monetario (FMI), que exige el cumplimiento con estándares internacionales.
Daniel Perrotta, consultor y conferencista internacional en materia de PLA/FT, gobierno corporativo y gestión de riesgos, señala que, por ahora, las medidas anunciadas se orientan principalmente a una simplificación tributaria y se modifican los regímenes informativos. "Por el momento, lo anunciado no genera ningún conflicto con GAFI ni con sus exigencias", dice.
Argentina quiere evitar la lista gris del GAFI
GAFI hizo su última revisión de Argentina en octubre del año pasado. En el marco de la cuarta ronda de evaluaciones del organismo, el país obtuvo buenos resultados y pudo evitar estar en la lista gris. Pero, para eso, el Gobierno tuvo que atender algunas observaciones en pos de fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales.
Se avanzó en la aprobación de la reforma del Código Penal, que agregó sujetos obligados como proveedores de servicios de pago, exchanges y abogados, entre otros, y aumentó las sanciones.
Así fue como el informe del GAFI, revisado por más de 200 jurisdicciones, destacó "el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas".
Asimismo, el sector financiero tiene varias exigencias a la hora de procesar operaciones, muchas que vienen directamente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que fija los estándares y las mejores prácticas para medir riesgos y definir fondos propios para la industria financiera. Fueron introducidos en 1988 y actualizados periódicamente y rigen la actividad bancaria en el mundo.
Así, el abogado especialista en PLA y mercado de capitales, Hugo Mosin, considera que "resultará fundamental que la reforma de las leyes que acompañen estas medidas logre darles un marco apropiado y minimice las posibles observaciones del GAFI".
Explica que la normativa del GAFI que aborda cuestiones impositivas es la Recomendación 3, que establece que los países deben tipificar el lavado de activos e incluye como delitos precedentes los fiscales relacionados con impuestos directos e indirectos.
Hacer la vista gorda, un riesgo latente
"Esta recomendación busca asegurar que los delitos fiscales sean tratados con la misma seriedad que otras faltas financieras, permitiendo a las autoridades investigar y procesar eficazmente el lavado de activos derivado de evasión fiscal y otros delitos tributarios", señala. En este punto, hay un elemento clave: si el Gobierno decide hacer la vista gorda con la evasión tributaria, puede ser un paso riesgoso para la reputación de Argentina.
En ese sentido, Pignanelli indica que un elemento preocupante sobre la nueva regulación en la que trabaja el Gobierno es "la voluntariedad en la exigencia de las declaraciones juradas impositivas". Advierte que solicitar solo manifestación de bienes "es riesgoso" y generará una baja en los datos de las bases externas que suelen consultar los expertos: Nosys y Veraz. Además, señala que demora la aplicación del registro de beneficiarios finales en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
"Todo esto redunda en una baja en la información económica financiera en general, lo que favorece la opacidad y se puede trasladar al aumento del crimen organizado y la violencia asociada", evalúa Pignanelli.
A la espera de la UIF
El Gobierno sabe que corre estos riesgos y, por ahora, sólo avanzó en materia de cambios tributarios. No ha hecho aún reformas en el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF). "Corresponde esperar a los eventuales cambios en las regulaciones del contralor. Hasta el momento no observamos impacto alguno en la gestión de los Sujetos Obligados en la materia ni conflictos con el GAFI", indica Perrotta.
Por otro lado, en materia de regulación financiera internacional, Perrotta señala que en los cambios que implementa el decreto se destaca la imposibilidad de los bancos de solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos.
Si solo cambian los regímenes informativos, al igual que hicieron con ARCA, no habrá impacto alguno con GAFI, sí lo puede haber si el controlador de lavado actualiza la normativa y hay demasiada flexibildad en el control de evasión fiscal y combate del lavado.
