El Banco de la Nación solicitó formalmente al Congreso que dé marcha atrás con la reciente modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada el pasado 10 de julio en el marco de la reforma jubilatoria.

La entidad alertó que la eliminación de las exenciones impositivas al sistema pone en riesgo una herramienta clave para el financiamiento productivo de las PyMEs en todo el país.

Según argumentó el banco público más grande del país, las SGR han demostrado a lo largo de más de dos décadas ser un instrumento esencial para facilitar el acceso de miles de pequeñas y medianas empresas al crédito formal.

Gracias a la solidez de estas garantías, explicó el Nación, las entidades financieras pueden canalizar buena parte de sus líneas de financiamiento de mediano y largo plazo hacia empresas que, de otro modo, no calificarían.

La financiación pyme

Entre enero y junio de 2024, el Banco Nación financió a más de 11.000 PyMEs a través de este sistema por un monto superior a los $400.000 millones. Esto no solo permitió ofrecer condiciones más accesibles y sostenibles, sino también apuntalar inversiones, impulsar el crecimiento empresarial y sostener empleo en distintos sectores productivos, dice.

La entidad destacó además que las SGR aportan un alcance federal real: llegan a empresas de todos los tamaños, actividades y regiones del país, integrando economías regionales, fomentando la formalización y fortaleciendo el entramado productivo nacional.

"Esta articulación virtuosa entre bancos y SGR genera confianza, reduce riesgos y amplía el universo de empresas con acceso al crédito", señalaron desde el Nación.

Lejos de tratarse de un problema fiscal, el banco defendió al sistema como un modelo público-privado que amplifica la capacidad de financiamiento de las PyMEs. Subrayó que el impacto positivo de las SGR trasciende lo financiero: permite multiplicar la inversión, fortalecer cadenas de valor y consolidar a las PyMEs como generadoras de empleo genuino.

En ese sentido, el Banco Nación consideró "fundamental" mantener y fortalecer el régimen vigente, al que calificó como "una política estratégica para el desarrollo federal de nuestras PyMEs y de la economía argentina". Y concluyó: "En un contexto donde es clave ampliar el crédito productivo, debilitar instrumentos que han sido exitosos sería un retroceso evitable".

Otras voces de reclamo

En sintonía con esta postura, las principales cámaras del sistema financiero -la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE)- emitieron un comunicado conjunto donde manifestaron su "profunda preocupación" por la decisión legislativa, a la que consideran contraproducente para el desarrollo productivo.

"Las SGR son uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las PyMEs", expresaron las entidades. Y advirtieron que afectar su fondeo compromete seriamente el rol que cumplen como puente entre las pequeñas empresas y el sistema financiero formal.

Actualmente, el 40% del financiamiento del mercado de capitales se apoya en avales de SGR. Aunque muchas empresas han logrado fortalecerse y acceder al crédito sin necesidad de garantías, gran parte del tejido productivo sigue dependiendo de este sistema. "Cortar esa escalera sería cerrarles el camino al crecimiento", advirtieron.

Tanto el Banco Nación como los bancos privados coincidieron en que no se trata de una cuestión marginal ni sectorial, sino de una política estratégica para el desarrollo federal del país. "En un contexto donde es clave ampliar el crédito productivo, debilitar instrumentos que han sido exitosos sería un retroceso evitable", concluyeron.