De las presentaciones que realizaron anteayer los fondos buitres en Nueva York se desprende un dato novedoso. NML Capital y Aurelius Capital le hicieron una oferta al Gobierno para desistir de los embargos que hacen peligrar los pagos de diciembre por más de u$s 3.000 millones: que el Ejecutivo realice una especie de depósito judicial o fianza en EE.UU., a nombre del juzgado que entiende en la causa, por el equivalente a u$s 1.450 millones. Ese dinero quedaría en custodia hasta que el pleito legal haya agotado todas las instancias y la sentencia quede en firme (después de haber pasado, eventualmente, por la Corte Suprema de EE.UU.). Así se desprende de uno de los argumentos que dieron los fondos en su presentación. En cualquier caso, la Argentina tiene la opción de pagar una fianza de u$s 1.450 millones en espera de la apelación.

Esto plenamente protegería a la Argentina en la contingencia improbable de que prevalezca ante un panel del Segundo Circuito y el Tribunal Supremo, al tiempo que proporciona la seguridad al mercado de que Argentina hará todos sus pagos de diciembre, dice el escrito presentado el martes en Nueva York.

El monto que piden los holdouts no es antojadizo, ya que eso cubriría los aproximadamente u$s 1.430 millones que la Argentina debe actualmente a los demandantes y permitiría construir un pequeño margen para los intereses que podría acumularse durante la tramitación de la apelación.

Según explicó Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, ese dinero quedaría sujeto al juicio final. Argentina depositaría esa plata, que puede ser en dinero físico o bonos, como una fianza judicial. Los acreedores buscan que ese dinero esté allí depositado para cuando termine todo el litigio, y si ellos ganan como esperan, tener acceso directo a eso y no tener que volver a buscar cómo cobrar, explicó.

La estrategia de los fondos buitre fue contrarrestar los argumentos del Gobierno en el sentido de que todo este pleito está afectando al pago de la deuda, a los acreedores que ingresaron al canje del 2005-2010, y a los bancos intermediarios.

Argentina no va a resultar irremediablemente herida por el rechazo de su solicitud para mantener la suspensión de la sentencia, sobre todo porque puede depositar una fianza para proteger sus derechos en apelación, dicen los fondos. Se amparan, incluso, en los dichos públicos de la presidenta Cristina Kirchner en el sentido de que pagarán a rajatabla la deuda pública. En el expediente es claro que la Argentina tiene fondos suficientes, incluyendo más de u$s 40.000 millones en reservas de divisas, para pagar a los demandantes los juicios que se deben. Y la presidente Kirchner ha confirmado recientemente que la República tiene suficientes dólares para pagar todas sus obligaciones. Pero que simplemente se niegan a pagar a los demandantes porque le resulta políticamente conveniente para desacreditarnos como buitres, dice el escrito de los fondos.

De aquí en más las opciones para el Gobierno, representado mediante el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, no son demasiadas teniendo en cuenta que la estrategia es no pagar un sólo dólar a los holdouts. Los abogados que representan al país deberán ver cómo muestran voluntad de pago si continúan rechazando cualquier oferta que realizan los acreedores. El camino que le queda a la Argentina para rechazar esta oferta es invocar cuestiones monetarias, de estabilidad de precios, de precios del dólar, lo que sea para justificar que no pueden poner en caución ese dinero cuando tienen reservas internacionales que superan holgadamente eso. Pero no será tenido en cuenta por los jueces y quedará en claro que simplemente no quieren pagar, explicaba un abogado de los holdouts.