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Vuelve a ‘saltar’ en EE.UU. el caso de los inmigrantes polacos que hicieron posible la fortuna de Trump

El precandidato republicano recibe fuertes presiones para que explique por qué usó mano de obra ilegal para construir la Trump Tower sobre la Quinta Avenida hace 35 años

Obreros que levantaron la Torre Trump trabajaban 12 horas, los siete días

Obreros que levantaron la Torre Trump trabajaban 12 horas, los siete días

En Nueva York se conocía a los hombres como "la Brigada Polaca". En la década de 1980, en la Quinta Avenida de Manhattan, podían verse a cientos de ellos, la mayoría inmigrantes ilegales, trabajando turnos de 12 horas por un sueldo bajo, incluso inferior al salario mínimo. Algunos no usaban casco mientras hacían la sucia y difícil tarea de demoler un hito del Art Decó construido con piedra caliza.
Los frutos de su trabajo se conocen en todo el mundo. Los obreros polacos hicieron posible la construcción de la Trump Tower: el reluciente telón de fondo de la versión estadounidense del programa de televisión El Aprendiz, y el año pasado el marco en el que la estrella del show, Donald Trump, contó que se postularía a presidente y levantaría un "gran muro" a lo largo de la frontera con México para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales.
Ahora, Trump está cada vez más presionado para que explique qué sucedió en ese tramo de la Quinta Avenida hace más de treinta años. En el debate presidencial del partido Republicano realizado en Houston el jueves, Marco Rubio, el senador de Florida, afirmó que Trump había pagado una sentencia de u$s 1 millón por haber contratado obreros polacos ilegales para uno de sus proyectos.
"Mintió sobre los obreros polacos", acusó Rubio. "Sí, sí, sí, hace 38 años", respondió Trump.
Los hechos del caso hoy pueden encontrarse en 19 cajas de un archivo federal de Missouri que contienen los registros de una compleja batalla legal de 16 años en relación con la Brigada Polaca. Desde el primer mandato de Ronald Reagan hasta el segundo de Bill Clinton, Trump y sus socios en el proyecto de la torre enfrentaron un juicio argumentando que realizaban aportes al fondo de pensión de un sindicato para justificar la contratación de los obreros polacos ilegales.
En 1999, finalmente un juez federal de Nueva York resolvió el conflicto, y los términos financieros del acuerdo se mantuvieron en secreto. Pero el expediente público de la causa contiene una buena cantidad de verdades incómodas para el líder de la manada del partido Republicano.
El candidato que hizo de la inmigración uno de los ejes centrales de su campaña debe explicar por qué contrató tantos inmigrantes ilegales para un proyecto que, hasta el día de hoy, sigue siendo un símbolo de su marca personal. Un vocero de la campaña de Trump no respondió las solicitudes de comentarios.
El proyecto de la torre tomó forma cuando Trump, que actualmente tiene 69 años, aún era un joven apurado por salir al mundo exterior. Su padre Fred había amasado una fortuna de cientos de millones de dólares con la construcción de viviendas de clase media en los distritos de Brooklyn y Queens.
Su hijo Donald era un caso aparte. Se fue a Manhattan y aprovechó los contactos de su padre para construir su futuro allí. Una de sus primeras oportunidades llegó a fines de los ‘70, cuando el gobierno de Abe Beame, el alcalde de Nueva York y aliado de larga data de Trump padre, otorgó a Trump hijo una reducción de impuestos por 40 años para renovar el Hotel Commodore próximo a la estación Grand Central. Con la familia Pritzker de Chicago, Donald Trump convirtió la propiedad en el Grand Hyatt.
Dicho éxito sentó las bases de la Trump Tower. Su oportunidad llegó cuando firmó un contrato para comprar la tienda Bonwit Teller que estaba al lado de Tiffany y convenció al propietario del terreno, Equitable Assurance, de participar en la construcción de un rascacielos sobre la Quinta Avenida para los multimillonarios y sus tiendas de marcas favoritas.
Para demoler el viejo edificio de la tienda Bonwit Teller, Trump y sus socios recurrieron a un contratista dudoso: William Kaszycki, un inmigrante polaco de la pequeña ciudad de Herkimer, situada a más de 300 kilómetros de Manhattan. Limpiavidrios de oficio, había hecho trabajos de demolición interna, pero nunca se le había encargado la demolición de un edificio completo hasta que lo convocaron para el proyecto de Trump, según documentos que obran en la justicia.
Las declaraciones testimoniales prestadas en el caso establecieron que Trump había observado a los obreros polacos de Kaszycki mientras realizaban tareas de demolición dentro de un edificio de su propiedad ubicado cerca de Bonwit Teller.
Para conseguir obreros para el proyecto, Kaszycki firmó un contrato con el sindicato House Wreckers Union Local 95. Sin embargo, "buena parte del trabajo de demolición" fue realizado en la primera mitad de los ‘80 por "unos 200 extranjeros polacos, conocidos como la "Brigada Polaca" –que no formaban parte del sindicato–, según documentos que obran en la justicia.
El resultado fue un trato injusto para los obreros polacos. Bajo la promesa de pagarles u$s 4 o 5 la hora –por encima del salario federal mínimo, que es era de u$s 3,10 la hora– los polacos "cobraban en forma irregular e incompleta", según el juez Stewart. Las huelgas de obreros sucedían cada vez que los obreros polacos exigían su pago y un miembro disidente de Local 95, Harry Diduck, ayudó a que uno de los inmigrantes entablara una demanda ante la secretaría de trabajo de Estados Unidos.
La secretaría finalmente resolvió que la remuneración de los polacos "ni siquiera llegaba a cumplir siempre con los requisitos salariales mínimos".
Trump y sus socios quedaron atrapados en un litigio porque Kaszycki no hacía el pago de los aportes jubilatorios. Por temor a demoras costosas, Trump y sus socios empezaron a cumplir con esa obligación de los agremiados de Local 95. Sin embargo, los desarrolladores no pagaron los aportes jubilatorios correspondientes a los obreros polacos. En respuesta, Diduck, el disidente gremialista, inició un juicio en 1983, con el objetivo de sacarle u$s 1 millón a Trump y sus socios.
El caso terminó teniendo muchas idas y venidas. Pasaron siete años hasta que se celebró el juicio. En 1991, el juez Stewart emitió un fallo a favor de los demandantes, en el que ordenaba a Trump y sus socios que pagasen u$s 325.415, más intereses y costos legales. Al año siguiente, un tribunal de apelación ratificó parte del fallo pero envió el caso de regreso al tribunal de distrito para que resolviese otras cuestiones, como daños y perjuicios. El juez Stewart falleció en 1994. El acuerdo se selló y guardó bajo llave hasta pasados cinco años.