EL GOBIERNO ESPAÑOL POSPUSO LA PRESENTACIÓN DE SUS PLANES FISCALES Y DE GASTO 2018

Si Cataluña declara la independencia, Rajoy podría suspender su autonomía

Los catalanes podrían iniciar un período de negociaciones con el Estado español y la UE, además de convocar a nuevas elecciones regionales para robustecer su mandato

En el referéndum del domingo en Cataluña millones de personas votaron a favor de separarse de España. Asistieron masivamente a las urnas pese a las duras tácticas de la policía en muchas zonas para evitarlo.

Tras la votación, el presidente catalán Carles Puigdemont dijo que los ciudadanos de la región se habían "ganado el derecho a tener un estado independiente", después de que el 90% de los 2,26 millones de sufragios fueron a favor de la independencia.

Esa fue una fuerte señal de que el gobierno catalán va a usar la votación para declararse independiente de España, pese a que el referéndum fue ilegal bajo la ley española. Eso podría colocar al país en una crisis política y constitucional.

¿Qué pasará ahora? Puigdemont dijo que en "los próximos días enviará los resultados de la votación al parlamento catalán, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, para que pueda actuar de acuerdo a la ley del referéndum."

La legislación que respalda la votación, que fue aprobada por el parlamento catalán el mes pasado aunque es inválida para los tribunales españoles, sostiene que el gobierno debe declarar la independencia dentro de las 48 horas si gana el "sí", sin importar los niveles de concurrencia a las urnas.

¿Qué significa "declarar la independencia"? El parlamento catalán tiene una serie de opciones para declarar la independencia si decide seguir ese camino.

La manera más extrema de hacerlo es declarar la independencia unilateralmente, diciendo que desde ese momento Cataluña es un estado independiente de facto.

Algunas instituciones ya están en condiciones de ser independientes, según los funcionarios catalanes: el gobierno catalán reforzó el personal de su agencia de recaudación fiscal en Barcelona, por ejemplo.

Pero hay otras opciones más moderadas. El gobierno también podría decir, por ejemplo, que Cataluña ahora tiene el "derecho" a la independencia y que comenzará un período de negociaciones con el estado español y la UE sobre los siguientes pasos a seguir.

El gobierno podría también usar el impulso de la votación para llamar a nuevas elecciones regionales, en busca de un mandato más sólido anticipándose a la negociación de la independencia.

¿Cómo reaccionará Madrid?

Muchos analistas sostienen que una declaración de independencia unilateral probablemente obligue al gobierno de Mariano Rajoy a recurrir al artículo 155 de la Constitución española de 1978 para suspender la autonomía de Cataluña.

El artículo nunca se usó: hacerlo implicaría colocar a España en un terreno constitucional desconocido.

Si Cataluña presenta reclamos más moderados para negociar con Madrid, probablemente provoque que el gobierno español reaccione como siempre: decir que no hablará de la independencia.

El gobierno y los tribunales españoles pronto tendrán que decidir hasta dónde procesar a quienes estuvieron involucrados en el referéndum, que fue declarado ilegal. Cientos de alcaldes y políticos, junto con miles de voluntarios, en teoría podrían ser denunciados.

El gobierno también amenazó con iniciar acciones contra las 17.000 personas que conforman la fuerza policial catalana por no haber actuado de manera contundente el domingo.

Pero Madrid debe conducirse teniendo en cuenta la delgada línea entre hacer cumplir la ley y provocar más rencor en Cataluña y mayor condena por parte de la comunidad internacional.

¿Cuál es la reacción internacional frente a la consulta del domingo? Muchos en Europa han condenado la violencia y algunos políticos pidieron una solución negociada. Charles Michel, primer ministro belga, dijo: "La violencia nunca puede ser la respuesta. Condenamos todo tipo de violencia y reiteramos nuestro pedido de diálogo político". Guy Verhofstadt, coordinador del Brexit en el Parlamento Europeo, afirmó: "Ya va siendo hora de poner un freno a la escalada. La única manera de proceder es buscar una solución negociada".

Dentro de España también pidieron que Europa intervenga y ayude a negociar un compromiso.

El partido español de ultraizquierda Podemos envió una carta a la Comisión Europea después del referéndum que decía: "Estamos denunciando la represión policial . . . y exigiendo una solución democrática y política para Cataluña".

¿Se ve amenazado el liderazgo de Rajoy?

Rajoy, después de dos elecciones generales no concluyentes, encabeza un gobierno en minoría. Depende del respaldo de los nacionalistas vascos que están incómodos con las medidas enérgicas que tomó Madrid contra el referéndum.

El gobierno esta semana descartó la idea de presentar al Parlamento sus planes fiscales y de gasto 2018, con el argumento de que no tiene los votos.

En sí mismo eso no es un desastre, porque el presupuesto se puede diferir. Pero muestra lo sensible que es la situación y subraya la debilidad del gobierno minoritario de Rajoy.

El partido socialista opositor de España hasta ahora apoyó en gran medida a Rajoy en lo que se refiere a Cataluña, pero eso podría cambiar, aseguran los analistas.

Por otro lado, una confrontación directa con Cataluña usando el artículo 155 podría ser atractiva para la base conservadora de su partido que hace tiempo hace campaña a favor de mantener una línea dura con respecto a Cataluña.

Otros partidos quizás se solidaricen con Rajoy antes de que parezca que apoyan a los catalanes, que están violando la ley. Por lo tanto, la confrontación podría, en algún sentido, fortalecer la posición de Rajoy.

¿Qué dice la ley? La constitución española de 1978, que fue aprobada por más del 90% de los votantes catalanes, se fundamenta en la "indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles."

Sobre esta base, los tribunales constitucionales de España varias veces dictaron fallos que señalan que es ilegal hacer un referéndum separatista. Por supuesto que la Constitución puede modificarse, pero sólo lo puede hacer el Parlamento español.

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