Peligran las libertades civiles en la lucha contra la pandemia

Las restricciones "temporarias" vinculadas al accionar de los ciudadanos podrían convertirse en permanentes. Ya ocurrió con leyes de emergencia aplicadas tras el ataque terrorista del 9/11.

Las pulseras electrónicas que las autoridades de Hong Kong entregan a todo aquel que llegue del extranjero como manera de asegurarse de que cumplan con la cuarentena de 14 días ponen de relieve las medidas ingeniosas que adoptan algunos gobiernos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Las pulseras, que son livianas, llevan un código QR que se combina con una aplicación del teléfono celular. La fuerza de las señales de comunicación circundantes, como el WiFi y Bluetooth, ayuda a determinar si esa persona cumple o no con el aislamiento. Es una precaución lógica para contrarrestar la pandemia y proteger a los ciudadanos. Pero no es difícil imaginar cómo se podría usar esa misma tecnología para fines muy diferentes.

Supongamos que las autoridades de Hong Kong obligaran a todos los residentes a llevar esas pulseras. De esa manera, las autoridades médicas podrían rastrear a los que han estado en contacto con una persona infectada, como se hizo con éxito en Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Pero también podría permitirles identificar a todos los que participan de las protestas en contra del gobierno que tanto agitaron Hong Kong en los últimos meses.

Las herramientas tecnológicas pueden ser de inmensa utilidad para ayudar a combatir esta pandemia, pero sólo si no se abusa de ellas. En las sociedades democráticas, al menos, el objetivo principal del gobierno debería ser convencer en lugar de forzar a sus ciudadanos. Esta crisis sanitaria no debería erosionar la confianza de la sociedad.

Esa lección se aplica de manera más general a la legislación de emergencia. Un ejemplo es el proyecto de ley de coronavirus que está analizando el parlamento británico. Si bien se critica al gobierno por no haber sido suficientemente intervencionista, este proyecto de ley le dará nuevos poderes extraordinarios para combatir la pandemia, desde la prohibición de reuniones públicas hasta el cierre de aeropuertos.

El derecho internacional incluye el acceso a la atención médica como derecho humano fundamental y acepta que las restricciones temporales de otros derechos estén justificadas en casos de emergencia. Pocos estarían en desacuerdo, pero el tema es cuál es el alcance.

En Gran Bretaña, el comité parlamentario conjunto sobre derechos humanos resaltó varias áreas en las que el proyecto de ley amenaza con suspender o restringir los derechos fundamentales, incluido el derecho a reunirse, viajar, ir al trabajo, y visitar a familiares que estén hospitalizados o en prisión. Incluso a la Federación de Policías no le parecen acertados los nuevos poderes para detener a cualquier persona sospechosa de estar infectada. Con eso se corre el riesgo de convertir a los pacientes en prisioneros.

Preocupa que las medidas aprobadas para un fin determinado a menudo terminan siendo aplicadas para otros fines, como vimos después de 9/11. En 2008, el gobierno británico utilizó facultades de antiterrorismo para recuperar el dinero que los bancos islandeses en quiebra les debían a los depositantes del Reino Unido.

Estos temores se intensifican a medida que entramos en un mundo donde datos biométricos son omnipresentes. En una carta abierta, algunos científicos británicos especializados en datos ya advirtieron sobre el peligro de que el Servicio Nacional de Salud introduzca aplicaciones de rastreo de datos que infrinjan los derechos de los usuarios.

Sylvie Delacroix, profesora de derecho de la Universidad de Birmingham, sostiene que es claro el riesgo de que la crisis sanitaria extienda el uso de tecnologías de vigilancia invasivas. Pero quizás el mayor riesgo esté en que la confianza de la gente se erosione tanto como consecuencia de las medidas precipitadas que se tomen hoy, que el día de mañana sea más difícil desplegar tecnologías seguras y beneficiosas. "Mi principal preocupación es que estamos entrando en esto a ciegas", dijo Delacroix. "No sabemos cómo se van a utilizar esos datos ni quién los va a proteger".

En las emergencias, para los oficiales de seguridad siempre es tentador argumentar que el fin justifica los medios, pero esa lógica suele ser contraproducente. Como dijo una vez el escritor Aldous Huxley: "El fin no puede justificar los medios, por la simple y obvia razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines producidos".

Por supuesto, queremos que los gobiernos democráticos tomen todas las medidas necesarias para contrarrestar la crisis del coronavirus. Y debemos reconocer los peligros de la inacción, y también de la acción. Pero en última instancia todos perderemos si los gobiernos llevan su mandato demasiado lejos y desvirtúan el consentimiento de los gobernados.

Traducción: Mariana Oriolo

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