Domingo  18 de Agosto de 2019

Peligran causas anticorrupción en la región por acusaciones al ex juez Moro

La ofensiva judicial contra uno de los principales magistrados de la causa Lava Jato pone piedras en el camino y hasta podría poner fin a este tipo de juicios en América latina.

Peligran causas anticorrupción en la región por acusaciones al ex juez Moro

La investigación brasileña, llamada Lava Jato que comenzó en 2014, se convirtió en la mayor investigación anticorrupción de América Latina y el ex juez Sergio Moro y actual ministro de Justicia de Brasil, fue uno de sus principales impulsores.

La policía descubrió que la compañía petrolera estatal Petrobras había hecho miles de acuerdos con contratistas que garantizaban un sobrepago por su trabajo, siempre que canalizaran una parte del exceso de ganancias hacia fondos ilícitos administrados para beneficio de los políticos. Los pagos ilegales alcanzaron más de US$5 mil millones y el escándalo resultante envió a prisión a Lula da Silva.

Pero, hace pocas semanas, un anónimo entregó archivos, con miles de mensajes confidenciales explosivos entre los hombres que dirigen la mayor investigación anticorrupción de América Latina, a las oficinas de un sitio web de investigación llamado The Intercept. Muestran que Moro aconsejaba a los fiscales que preparaban el caso contra del ex presidente Lula da Silva y que terminó con la condena a 10 años de cárcel dictada por el mismo juez.

Las revelaciones aún no generaron pruebas serias sobre la inocencia de Lula, pero ponen en duda los motivos de un juez que afirmó que había actuado de forma imparcial. También exacerbó el rechazo regional más generalizado contra las cruzadas anticorrupción de los últimos años.

Moro niega que haya infringido las normas que rodean la conducta judicial y dijo que "delincuentes" piratearon su cuenta y la de los fiscales a los que acusó de "hackers criminales".

Pero, incluso antes de que surgieran esas dudas, había indicios de que la lucha contra la corrupción en la región se estaba debilitando conforme algunos políticos y líderes empresariales orquestaban una acción defensiva para evitar un mayor escrutinio.

El escándalo dio nuevos bríos a quienes afirman que las medidas anticorrupción tenían motivaciones políticas.

"El caso Lava Jato dio un gran impulso a todos los países latinoamericanos", dice Drago Kos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el soborno. "Muchos países de la región adoptaron leyes para combatir el soborno. Pero no se puede dar nada por sentado. Sabemos que los corruptos contraatacarán", agrega.

Desde su inicio en 2014, la investigación Lava Jato creó una sensación tangible de que algo había cambiado. Sin embargo, siempre hubo observadores neutrales que criticaron a Moro y al equipo de fiscales por su afán excesivo. Hubo quejas persistentes de que estaban abusando de los derechos de los sospechosos y acusados en la búsqueda de condenas.

La actitud hacia Moro comenzó a cambiar cuando aceptó una oferta para convertirse en ministro de justicia de Jair Bolsonaro. El hecho de que se uniera a un gobierno tan divisionista generó dudas sobre su neutralidad política.

Moro dice que la "autenticidad de los mensajes filtrados" no se ha probado y que los informes "parecen estar dirigidos a desacreditar Lava Jato".

Sin embargo, la Orden de Abogados del Brasil solicitó su destitución como ministro de justicia y su calificación de opinión pública cayó en las semanas posteriores.

Las acusaciones contra Moro tuvieron el mayor impacto en Argentina. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se postula a la vicepresidencia, enfrenta una serie de acusaciones de corrupción y aprovechó las revelaciones para demostrar que existe una conspiración judicial más amplia para castigar a los líderes izquierdistas de la región.

"La guerra mediática-judicial contra los líderes de la oposición en América Latina quedó al descubierto. La acusación contra Lula se desmoronó", afirmó en Twitter.

Observadores internacionales dieron a Argentina altas calificaciones por sus medidas contra la corrupción, pero si los peronistas regresan al poder, según algunos analistas, el progreso en la guerra contra la corrupción podría verse afectado.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de la guerra contra la corrupción uno de sus sellos distintivos. Pero los analistas señalan que se mostró reacio a iniciar demandas en casos de alto perfil contra miembros del gobierno anterior, a pesar de que la indignación pública por esa corrupción fue lo que le ayudó a ganar las elecciones presidenciales. "La venganza no es mi punto fuerte", dijo.

El ejemplo más claro de un rechazo hacia la lucha contra la corrupción se vio en Guatemala, un país marcado por décadas de corrupción, donde el presidente saliente Jimmy Morales expulsó este año a una comisión especial de la ONU que había estado investigando la corrupción.

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