Martes  19 de Septiembre de 2017

Las expectativas de los inversores en Brasil pueden ser algo exageradas

Los optimistas valoran el tope del gasto público y la política pro mercado. Los pesimistas, que no hubo ajuste fiscal y aún no cierran las cuentas públicas

Los papeles subieron 22% en 2017
Las acciones brasileñas tienen una buena racha este año. El índice Bovespa acumula un alza de 22% en términos de moneda local, a lo que se agrega otro 4,5% para los inversores extranjeros gracias a la apreciación del real contra el dólar estadounidense.

Es difícil creer que éste sea un país paralizado por una crisis. Y sin embargo es así. La semana pasada, el presidente de Brasil Michel Temer fue acusado de actuar como líder de una "asociación ilícita" junto con otros miembros de su partido desde que asumió el poder en mayo de 2016.

Profundamente impopular, con un mínimo índice de aprobación de apenas 5%, corre el riesgo de convertirse en el segundo presidente en dos años en caer por un escándalo de corrupción que ya arrastró a algunas de las grandes figuras de los negocios y de la política en Brasil.

Aunque Temer sobreviviera si hay algo de lo que no carece es de tenacidad, su mandato termina a fines del año próximo. Si las encuestas de opinión son correctas, su sucesor más probable es Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha que cree que la policía en las calles debería tener permitido matar. Las perspectivas de una reforma liberal pro crecimiento son desalentadoras.

Sin embargo, los inversores pagan como si todo fuera perfecto. ¿Cómo puede ser? Es fácil acusarlos de optimismo ciego. Las acciones brasileñas registran alzas desde enero de 2016, cuando empezó a ser probable un impeachment contra la ex presidente Dilma Rousseff, lo que sucedió en agosto.

Acusada de maquillar los libros públicos, su verdadero delito fue destruir la economía. Si bien el PBI cayó 3,6% el año pasado después de una contracción de 3,8% el año anterior, los inversores mantuvieron la fe, creyendo que su reemplazo cualquiera fuera marcaría una mejora en su intervencionismo estatal.

Pero también hay argumentos más firmes para mantener el optimismo. No es sólo que la economía está volviendo a registrar un crecimiento este año. Incluso mientras la crisis política gira sobre su cabeza, Temer y su administración siguen adelante con su tarea.

El argumento de los optimistas es el siguiente. En primer lugar, Temer armó un dream team de reformistas que están a favor del mercado y del crecimiento, incluyendo a Henrique Meirelles en el ministerio de Finanzas, Ilan Goldfajn en el banco central y Pedro Parente en Petrobras, la petrolera estatal golpeada por el escándalo.

Luego, mencionan la reforma. Primero y ante todo está el límite al gasto público fijado para los próximos 20 años, medida diseñada para estabilizar las cuentas públicas. Mejoró la conducción de las compañías estatales, no sólo en Petrobras, que ahora ajusta los precios en línea con los mercados y no con la política del gobierno. Se modificaron las leyes laborales. Una reforma del sistema previsional, carísimo e injusto (porque beneficia al sector público a expensas del sector privado), está en marcha.

Parte de eso quedó eclipsado por el ruido de la política. Ése fue particularmente el caso con una reforma emblemática aprobada este mismo mes, que promete poner fin a los préstamos subsidiados que cuestan al contribuyente decenas de miles de millones de reales todos los años y que, según muchos economistas, impidieron el desarrollo del mercado de crédito en Brasil además de haber sido un obstáculo para la inversión y el crecimiento durante varias décadas.

Los potenciales beneficios de esta única reforma son tan significativos que incluso la mayoría de los inversores optimistas quizás no los han hayan tenido en cuenta.

Sin embargo, desafortunadamente su optimismo en otras áreas parece exagerado.

El argumento para ser pesimista es simple. En resumidas cuentas, la tarea de este gobierno era hacer un ajuste fiscal tal que permita que las cuentas públicas dejen de estar en rojo. Hasta ahora, no lo ha conseguido, y muestra pocas señales de estar lográndolo.

A pesar del límite al gasto público, el gasto no ha bajado. El gobierno va camino a presentar un déficit presupuestario primario (antes del pago de deuda) equivalente a 2,7% del PBI este año. Sólo para equilibrar sus libros, necesita un superávit primario equivalente a entre 3% o 3,5% del PBI.

Entonces, su deber es hacer un ajuste fiscal cercano al 6% del PBI. Nada de lo que ha hecho se acerca a eso y no hay ninguna medida en marcha que le permita hacerlo.

La reforma previsional del gobierno podría haberse vendido como una cuestión de justicia social pero, en cambio, se presentó como un peso adicional para una población que ya está sobrecargada de impuestos. Por lo tanto, fue suavizada y eso impactará en el déficit fiscal en los próximos años.

Cerca del 85% del gasto público está fijado por la constitución. La inversión ya se recortó hasta el hueso.

Si los políticos no modifican la constitución no podrán ocuparse del desafío fiscal. Nadie está prometiendo eso. Es probable que esa perfección que están pagando los inversores siga siendo un sueño.

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