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La llegada de May al gobierno del Reino Unido preocupa a empresarios

Los inquieta la propuesta de incorporar representantes de empleados a los directorios y de someter a votación entre los accionistas el salario de los ejecutivos

Theresa May asumirá mañana como primera ministra del Reino Unido

Theresa May asumirá mañana como primera ministra del Reino Unido

Las compañías británicas pedían a los políticos un plan de acción pos Brexit, pero el que detalló Theresa May no era lo que tenían en mente.

"El mundo de los grandes negocios debe cambiar", declaró cuando propuso votación anual de accionistas vinculante en cuanto a los salarios de los ejecutivos, que haya representantes de consumidores y trabajadores en los directorios y restricciones a las adquisiciones predatorias.

Para las compañías desesperadas por contar con una mayor claridad en cuanto a la relación que en futuro tendrá el Reino Unido con la UE, no es el mensaje que querían escuchar en un momento de preocupación por la inversión y el crecimiento económico.

"Esos ítems hoy no son prioridades para las empresas", dijo Tim Thomas, director de políticas de empleo en la EEF, la organización que reúne a los industriales.

"El gobierno debe fortalecer la confianza de la comunidad empresaria fijando cómo será la relación del Reino Unido con la UE mediante un mensaje fuerte y positivo en cuanto al comercio y la política migratoria", agregó.

Según él, Gran Bretaña necesita atraer inversión extranjera directa para prosperar afuera de la UE, lo que no es compatible con la idea de May de defender a algunas empresas de las adquisiciones.

Pero si bien muchas empresas probablemente se opongan a la idea de incorporar trabajadores a su directorio, es más probable que su desacuerdo con la nueva primer ministra lo expresen en privado y no en público.

CBI, la mayor organización de lobby empresarial de Reino Unido, eligió su palabras con cuidado ayer, diciendo que el gobierno debería consultar con las compañías antes de hacer cualquier cambio. "Para asegurarse de que sean consideradas las propuestas, es importante que los temas –como incorporar empleados en los directorios– se discutan entre el gobierno y la comunidad empresaria", dijo Josh Hardie, subdirector general de CBI.

El Instituto de Directores (IoD) fue más entusiasta, pero con una advertencia. Sumar trabajadores a los directorios, y publicar la brecha salarial entre los CEO y los trabajadores debería ser algo voluntario, señaló Oliver Parry, director de gobierno corporativo del instituto.

Pero está de acuerdo con el mensaje de May en cuanto a que las grandes compañías deben cambiar. Los 35.000 miembros del IoD son mayormente directores de pequeñas y medianas empresas.

"Su foco claramente debe ser Europa . . pero seamos honestos, ha habido problemas con las grandes empresas," afirmó Parry. "Uno podría afirmar que la voz de los grandes grupos en realidad no fue escuchada en el debate sobre el referéndum. La confianza de la gente en ese empresariado está cerca de su nivel más bajo".

El discurso de May a favor de una mayor democracia empresaria en la Gran Bretaña pos Brexit toma ideas de prácticas que se aplican en Europa.

La representación de trabajadores en los directorios ya es habitual en muchos de los países de la UE, si bien la gama de firmas incluidas varía marcadamente; algunos países limitan ese requisito a las grandes empresas o sólo a compañías estatales. En Alemania, la participación de los empleados es propia de la cultura laboral del país: para las grandes compañías, la ley germana exige que hasta el 50% de los miembros del directorio sean representantes de los empleados.

Según datos de European Trade Union Institute, Gran Bretaña es uno de los 10 países de la UE que actualmente no fija el requisito de la representación de los empleados. Entre ellos se encuentran Estados Bálticos, Bélgica, Rumania e Italia.

May quiere que los accionistas tengan mayor injerencia en el salario de los ejecutivos. El Reino Unido ya fue pionero en este tema; introdujo normas en 2013 que permitían votar sobre cuestiones remunerativas al menos cada tres años. Al año siguiente la Comisión Europea propuso estándares similares. Ese proyecto de ley todavía se está discutiendo en la UE.

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