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La justicia británica tiró una bomba en el Brexit

La justicia británica tiró una bomba en el Brexit

El Rey no tiene prerrogativa, excepto aquella que el Derecho de la tierra le concede": así concluye el Case of Proclamations de 1610. El fallo de Sir Edward Coke ayudó a confirmar la soberanía del parlamento. Cuatrocientos años más tarde, el tribunal superior de Inglaterra tiene absoluta razón al citar ese fallo y ratificar ese principio. Dictaminó que el gobierno no puede activar el proceso de separación del Reino Unido de la UE sin la aprobación parlamentaria.

Esta bomba judicial exige al parlamento aprobar un proyecto de ley para invocar el Artículo 50, lo que agrega incertidumbre. Los líderes europeos, que ya tienen que lidiar con la decisión de Gran Bretaña de abandonar la UE, están aún más perplejos. Quienes están a favor del Brexit se quejan de que no se está respetando la voluntad del pueblo. Pero así es el estado de derecho; así es como funciona la democracia británica.

La Ley de Comunidades Europeas de 1972 introdujo al Reino Unido en Europa. El gobierno aseguraba que podía usar sus poderes de prerrogativa _derivados de la prerrogativa real_ para revertir la decisión activando el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que brinda una cláusula de salida para sus miembros. El tribunal rechazó este argumento, afirmando que la Ley de Comunidades Europeas fue diseñada para "introducir la ley de la UE a la legislación local". Ése es precisamente el elemento al que tanto se oponen los que votaron abandonar la UE, y coloca tema firmemente bajo la autoridad del parlamento.

El Reino Unido votó salir de la UE en el referéndum de junio. El debate parlamentario del Artículo 50 no debería servir como una ocasión para anular ese resultado. No obstante, el debate ofrecerá una oportunidad para brindar la tan necesaria transparencia al proceso y los términos del divorcio. Esto es esencial, porque los motivos detrás de la votación fueron muchos. Quien asegure saber el verdadero significado del resultado de la votación está especulando o haciendo política.

Theresa May parece haber interpretado el referéndum como un mandato para priorizar la restricción del libre movimiento por sobre el libre comercio. Quizás eso pueda ser lo que quiere el electorado. Al mismo tiempo, perseguir ese principio dentro de un cerrado círculo de asesores no es correcto. El referéndum tiene fuerza de recomendación más que una status constitucional.

El gobierno sostiene que apelará el fallo. Si vuelve a perder, quizás se sienta tentado a llamar a elecciones anticipadas. Dado el caótico estado de la oposición laborista, los conservadores podrían ver la oportunidad de establecer una mayoría más numerosa y un mandato para negociar la forma que ellos prefieren para la salida de la UE.

Eso sería imprudente: confundiría la relación que mantienen el Reino Unido y Europa con otras luchas políticas internas.

May debería presentar al parlamento un libro verde y un proyecto de ley explicando, en términos generales, cómo su gobierno quiere abordar las negociaciones. Eso es sensato; ella no puede darse el lujo de mostrar que Europa está demasiado en sus manos. El rol del Parlamento no es fijar la posición negociadora sino establecer prioridades nacionales antes de que comiencen conversaciones que tendrán enormes consecuencias.

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Comentarios1
Justicialismo Y Pobreza
Justicialismo Y Pobreza 04/11/2016 11:00:21

Yo que los Franceses y Alemanes comenzaria un proceso de expulsión y los mando a cagar a los británicos, por pelotudos