Viernes  20 de Octubre de 2017

La UE debería sancionar a funcionarios venezolanos

La UE debería sancionar a funcionarios venezolanos
Los venezolanos estamos jodidos pero felices", dijo alegremente el presidente Nicolás Maduro este mes. Las elecciones a gobernador de la semana pasada muestran que no estaba del todo equivocado. La economía está en caída libre, es aguda la escasez de medicamentos y alimentos, la inflación es de casi 1000% y la tasa de homicidios subió. Antes de la votación, el gobierno -responsable de este caos- tenía en el mejor de los casos 30% de aprobación. Aunque era improbable, el partido socialista gobernante obtuvo 17 de las 23 gobernaciones. "Fraude" grita la oposición. "Otra victoria" proclamó Maduro. Cualquiera sea el caso, los resultados de las elecciones del domingo pasado serán perjudiciales: más polarización; más radicalización; más aislamiento internacional; una economía aún más frágil y, a medida que supuran los problemas del país, un mayor riesgo de guerra civil.

Todavía hay una salida para este desastre. Venezuela no es Siria ni Corea del Norte. No sufre violencia sectaria; y tampoco tiene armas nucleares. El régimen en Caracas se asemeja más a un grupo de mafiosos a los que se les agotaron las opciones. Las sumas que han robado son abismales: unos u$s 300.000 millones según ex miembros desafectados. También es posible tener una transición negociada, quizás con amnistías selectivas. De hecho, si bien es indeseable, es la única opción real y duradera para el país. La pregunta es cómo llegar mejor a ese punto.

La política es la parte más complicada. El régimen no da el brazo a torcer. Interesadamente usó los anteriores esfuerzos de mediación _liderados entre otros por el Vaticano_ para fingir que negociaba. Un problema es que, si bien la situación del país es nefasta, todavía no es catastrófica para Maduro y sus amigotes. Actualmente, su incentivo para negociar es bajo. Eso debe cambiar.

Con ese objetivo, las sanciones específicas impuestas por Washington congelaron los activos norteamericanos de los funcionarios corruptos. Eso presiona a los miembros del régimen sin dañar a la población en general. América latina también empezó a hacer su parte. En agosto, 12 de los países más grandes de la región, incluyendo Brasil y México, dijeron que no reconocerían a la todo poderosa asamblea constituyente instaurada por Maduro, ni tampoco a ninguna de sus leyes.

Ahora, la Unión Europea debe seguir el ejemplo. El objetivo debería ser aplicar un paquete de sanciones a menos que en 2018 el país llame a elecciones presidenciales libres, justas y controladas por organismos internacionales. Eso es lo que estipula la constitución. Una buena manera de empezar es que los bancos revelen información financiera sobre los funcionarios públicos que han depositado fondos robados en el exterior. Por primera vez expondría la farsa del "socialismo bolivariano" y debilitaría el apoyo al gobierno.

La economía de la transición sería apenas levemente menos compleja. El Fondo Monetario Internacional empezó a analizar esta eventualidad. Eso es alentador. Las necesidades financieras externas de Venezuela probablemente sean superiores a u$s 30.000 millones por año. Un programa grande como ése pondría a prueba las normas de financiación que rigen en el FMI. Requeriría de una quita de la deuda extranjera cercana a u$s 140.000 millones. Se agregarán a esa situación complicada Rusia y China, ambos grandes acreedores de Venezuela, accionistas del FMI y a veces aliados de Caracas. Su rol será crucial.

Por supuesto, la comunidad internacional no va a entregar grandes sumas de dinero si los fondos no van acompañados de un gobierno nuevo con amplio consenso sobre las políticas económicas requeridas. Ese día llegará. Cuando ocurra, Venezuela podrá tomar crédito del FMI al 2%, y no a la exorbitante tasa de 48% a la que últimamente se había acostumbrado Caracas. El consumo subirá. La austeridad se disipará. Los venezolanos ya no estarán tan jodidos, y mucho más felices.

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