ES LA úLTIMA OFENSIVA DEL GOBIERNO español DE MARIANO RAJOY CONTRA LA CONSULTA INDEPENDENTISTA

Detienen a funcionarios del gobierno catalán e incautan material para el referéndum

Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, aseguró que la administración de España atravesó la línea roja que la separaba de los regímenes autoritarios

La policía nacional paramilitar de España allanó ayer la sede del gobierno catalán en Barcelona. Se trata de la última ofensiva del gobierno central español contra el referéndum independentista con fecha propuesta para dentro de menos de dos semanas.

En el allanamiento a las oficinas gubernamentales, que aumentó las tensiones en medio de la peor crisis política de la historia española moderna, la Guardia Civil arrestó a al menos 13 funcionarios catalanes.

Entre los detenidos se encuentra Josep Maria Jové, secretario general de la vicepresidencia catalana, según el gobierno de Cataluña, mientras que los oficiales también incautaron cerca de 10 millones de boletas que iban a usarse para la votación del 1 de octubre.

Eso llevó a Carles Puigdemont, el presidente catalán, a asegurar que el gobierno español "suspendió de facto" el autogobierno de la provincia, mientras que el presidente de la asamblea nacional, Jordi Sánchez, pidió a los ciudadanos que tomen las calles en señal de protesta.

"Condenamos y rechazamos la actitud antidemocrática y totalitaria del estado español... El gobierno español ha rebasado la línea roja que lo separaba de los regímenes autoritarios y represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática, dijo Puigdemont en una conferencia de prensa en Barcelona.

Mariano Rajoy, el primer ministro de España, dijo al parlamento nacional: "El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer ... Y seguiremos haciéndolo hasta el final".

Y agregó: "Ésta es una operación judicial que se está haciendo para garantizar... que se respete la ley".

Las autoridades españolas buscan elevar la presión en el estado catalán antes de la votación, que fue declarada ilegal por los tribunales españoles. El gobierno de España prometió que el referéndum no se hará.

El martes, la policía allanó las oficinas del correo privado más grande de España Unipost e incautó más de 45.000 sobres que el gobierno catalán iba a enviar para notificar a la gente sobre el referéndum.

El fin de semana, la Guardia Civil de España confiscó más de 1,3 millones de posters, panfletos y volantes a favor de la independencia de Cataluña. El gobierno la semana pasada tomó el control de las finanzas catalanas, en un intento por evitar que dinero público sea destinado a la votación.

La policía también amenazó con tomar acciones legales contra quienes organicen el plebiscito, incluyendo alcaldes, políticos y hasta personas comunes y corrientes que ayuden en las mesas electorales. Pero ayer se produjeron los primeros arrestos.

Después de los allanamientos, cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Barcelona, muchos llevando banderas catalanas rojas y amarillas para protestar, mientras que algunos partidos políticos también condenaron la medida.

El partido izquierdista Podemos dijo: "Es inaceptable que haya presos políticos en una democracia europea. El Partido Popular nos conduce a una regresión autoritaria que no se puede tolerar".

Ada Colau, la alcalde de Barcelona, también criticó la operación policial. En un tuit dijo que era "un escándalo democrático". Ayer, el club de fútbol Barcelona criticó al gobierno por oponerse al derecho de Cataluña a votar. "Condenamos cualquier acto que impida el libre ejercicio de esos derechos", declaró.

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