Miércoles  09 de Octubre de 2019

¿Cómo hará el Congreso para enfrentar al presidente de EE.UU.?

Los legisladores tienen algunas opciones legales para el caso en que la Casa Blanca se niegue a cumplir con sus citaciones o pedidos de información. Una es retener por desacato a los funcionarios en cuestión.

¿Cómo hará el Congreso para enfrentar al presidente de EE.UU.?

La investigación sobre el juicio político de Donald Trump dio un giro dramático cuando el presidente de Estados Unidos ordenó a su embajador en la UE no comparecer a una declaración que estaba programada. Gordon Sondland había acordado testificar voluntariamente, pero a raíz del repentino giro, los demócratas de la Cámara de Representantes ahora tendrán que tratar de obligarlo a declarar. Si bien el Congreso tiene las herramientas legales para hacerlo, en la práctica puede ser difícil vencer un intento de obstrucción por parte de la administración.

¿QUÉ PODERES TIENE EL CONGRESO?

La Constitución de EE.UU. no otorga explícitamente al Congreso la facultad de investigar al poder ejecutivo, pero desde la fundación del país, se ha asumido sistemáticamente que esa facultad es inherente a su función como órgano legislativo. Para asuntos no controvertidos, las comisiones del Congreso normalmente solicitan y reciben documentos y testimonios de manera voluntaria. En situaciones más polémicas, pueden emitir citaciones parlamentarias.

Si los destinatarios de la citación no cumplen, el Congreso puede retenerlos por desacato, litigar en los tribunales para hacer cumplir la citación y potencialmente usar sus poderes de "desacato inherente" -que significa que el Congreso mismo puede arrestar y encarcelar a individuos hasta que testifiquen o presenten documentos.

¿CÓMO FUNCIONA?

En la práctica, la voluntad de una administración de admitir las solicitudes del Congreso influye de manera importante en si se proporciona la información y con qué rapidez.

La administración Trump bloqueó a los demócratas de la Cámara de Representantes en varios frentes durante el año pasado, incluyendo no presentar las declaraciones de impuestos del presidente al comité de medios y arbitrios en respuesta a una citación.

Richard Neal, el demócrata que encabeza ese comité, presentó un recurso en julio para hacer cumplir la citación. Mientras ese proceso avanza en los tribunales, Trump no tendrá que revelar sus declaraciones.

Por otra parte, el Congreso puede acusar a los funcionarios del poder ejecutivo de cometer desacato si el presidente les ordena que no entreguen la información. Pero es el Departamento de Justicia, encabezado por el procurador general, el que decide si procesa o no a dicho funcionario.

El Departamento de Justicia generalmente se niega a acusar a los miembros de su propia administración por no presentar información al Congreso. En julio, la Cámara de Representantes detuvo al fiscal general William Barr por desacato. Pero es poco probable que sea procesado por su propio departamento.

"Se podría decir que actualmente no existe una amenaza creíble a que se inicie una acción judicial cuando un funcionario del poder ejecutivo se niega a cumplir con una citación del Congreso por orden del presidente", señaló el Servicio de Investigación del Congreso en marzo.

¿QUÉ ES EL PODER DE "DESACATO INHERENTE" DEL CONGRESO?

Hay una historia sabrosa en la que el Congreso toma el asunto con sus propias manos y encarcela a individuos que se negaron a cumplir con las solicitudes de documentos y testimonios. Desafortunadamente para los demócratas de la Cámara de Representantes, esa historia termina a mediados de la década de 1930, hace casi un siglo.

Aunque el poder ha sido reconocido por la Corte Suprema, sobre todo en una sentencia de 1927 que confirmó el arresto del hermano del entonces fiscal general, no está claro si el tribunal superior de EE.UU. tomaría hoy la misma decisión.

¿HAY OTRAS OPCIONES?

El Congreso tiene el poder de la billetera y el poder de legislar. Los demócratas de la Cámara de Representantes podrían amenazar con recortar los fondos o bloquear nuevas leyes, a menos que el gobierno de Trump coopere con la investigación del juicio político. Hasta ahora, parece que hay poco interés político por seguir esa ruta.

Traducción: Mariana Oriolo

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