Cataluña debe apostar a negociar mayor autonomía

En un discurso frente al parlamento español en 1932, el renombrado filósofo y ensayista José Ortega y Gasset describió a Cataluña como "un problema que no tiene solución; sólo se puede tolerar... Los otros españoles deben aguantar a los catalanes y los catalanes deben aguantar a los otros españoles". Ortega hablaba durante una época turbulenta de la Segunda República Española -justo antes de la guerra civil 1936-39- donde el secesionismo catalán por un breve período puso en duda la unidad de España. Ocho décadas después, las condiciones políticas son visiblemente distintas. Pero habría que aplicar una dosis de la sabiduría y del sentido común de Ortega a el creciente enfrentamiento entre los separatistas catalanes y las autoridades de España.

El movimiento regional de Cataluña y sus aliados separatistas insisten en hacer un referéndum por la independencia el 1 de octubre. Lo hacen desafiando al Tribunal Constitucional de España, que suspendió la ley catalana que habilita la votación. Siguen adelante pese a que el Artículo 2 de la constitución de 1978 se refiere a la "indisoluble unidad de la nación española" y "la patria común e indivisible de todos los españoles".

Independientemente de los argumentos legales, que favorecen a las autoridades centrales de España, los motivos políticos de los separatistas de Cataluña son cualquier cosa menos indiscutibles. En las elecciones regionales de septiembre de 2015, las fuerzas independentistas que incluyen desde nacionalistas de centroderecha hasta izquierdistas radicales obtuvieron una leve mayoría de las bancas, pero no consiguieron una mayoría de todos los votos emitidos. Éso no sirve de base desde la cual acelerar el programa secesionista.

Sin embargo, el gobierno regional y la legislatura siguieron adelante de todos modos y eligieron una forma de eludir alegremente los estándares democráticos correctos para un tema de semejante importancia. La ley del referéndum de Cataluña, promulgada el 6 de septiembre, no fija un umbral mínimo de votos para que el resultado sea válido. En teoría, una minoría pequeña del electorado de la región puede disparar una declaración de independencia. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta la tan discutida legalidad de la votación, cualquier proclamación de la independencia de Cataluña carecería de legitimidad política.

Vale la pena compararlo con referéndum y actos de independencia en otras democracia. Cuando Quebec votó para separarse de Canadá en 1995, y cuando Escocia votó para independizarse del Reino Unido en 2014, lo hicieron con el consentimiento del gobierno central y cumpliendo la ley. Cuando los tres estados bálticos declararon su secesión de la Unión Soviética en 1990-91, tenían todo derecho a hacerlo porque Josef Stalin les había robado su categoría de estado y libertad en la década de 1940. Ninguna de esas condiciones se aplica en Cataluña y España.

Se puede decir que el objetivo a corto plazo de los separatistas catalanes no es promulgar una declaración de independencia, lo cual sería un gesto retórico vacío, sino promover elecciones regionales adelantadas con el fin de ampliar las filas de la coalición pro independencia. También quizás tengan la esperanza de que Mariano Rajoy, el primer ministro de España, y su gobierno tomen represalias tan duras contra los secesionistas que les surja la oportunidad de quedar como las víctimas de la represión política.

Haya o no referéndum, el paso esencial que deben dar ambas partes es abrir negociaciones serias sobre una nueva versión de autonomía para Cataluña. Un estatuto de 2006, aprobado por las legislaturas española y catalana, y por los votantes de Cataluña, en un referéndum pero imprudentemente derogado en 2010 por el Tribunal Constitucional español, sería un buen lugar por donde empezar.

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