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Brasil lucha contra la "corruptocracia"

La causa Lava Jato reveló una red de corrupción que afecta a toda la clase política del país. Ahora tienen la oportunidad de combatir la cultura de la impunidad

Brasil lucha contra la

El escándalo que involucró al presidente y a una de las empresas más grandes de Brasil sacudió las bases del sistema de clientelismo reinante allí. Pero será difícil erradicar los incentivos que fomentan los sobornos.

Cuando el legislador Rodrigo Loures entró en la pizzería Camelo a fines del mes pasado, no tenía forma de saber que estaba a punto de desatar una crisis tan grave que podría provocar la caída del presidente Michel Temer.

Bajo vigilancia de la policía federal que investiga la corrupción política en Brasil, Loures usó el baño y luego se dirigió al estacionamiento donde se encontró con un contacto que manejaba un Maserati: Ricardo Saud, ejecutivo de JBS, el frigorífico más grande del mundo.

Luego se vio a Loures irse caminando con una valija con u$s 153.000 (R$ 500.000 a la cotización actual de R$ 3,26 por dólar): la primera cuota de una supuesta coima de u$s 4,6 millones de JBS para él y Temer, según documentos presentados ante la Corte Suprema. Sin que Loures lo supiese, Saud estaba cooperando con la policía como parte de uno de los acuerdos de reducción de pena más grandes de la historia de Brasil, que involucró a siete ejecutivos senior de la empresa JBS de San Pablo y su sociedad holding J&F.

"Es increíble, estos tipos hacían sus negocios sucios acá... no tienen vergüenza", sostiene un gerente de Camelo. Afirma que la policía le había dicho antes de la operación encubierta que querían usar sus cámaras de seguridad para atrapar a un "pedófilo".

El acuerdo de reducción de penas de JBS, dado a conocer por la Corte Suprema la semana pasada, le generó al gobierno de Temer, quien demostró ser un líder competente a pesar de los bajos índices de aprobación, un posible comienzo del fin, según varios analistas. Los mercados se desplomaron cuando los inversores, que habían creído en las promesas de Temer de introducir un ambicioso programa de reforma para rescatar a la economía más grande de Latinoamérica de su peor recesión, vendieron sus acciones.

Las agencias calificadoras advirtieron una posible reducción de las calificaciones de riesgo soberano y corporativo y las acciones de JBS, una de las multinacionales más grandes del país, cayeron. El miércoles, el ejército reprimió protestas contra Temer en Brasilia.

El escándalo de coimas que involucra a Temer y JBS sacudió las bases del sistema de clientelismo político y favoritismo empresarial que frustró los intentos del país para desarrollar todo su potencial.

Para los fiscales independientes, la policía federal y los jueces cada vez más audaces de Brasil, el acuerdo de reducción de penas de JBS representa un nuevo triunfo en su batalla de tres años contra la corrupción endémica. Una investigación que comenzó con averiguaciones en Petrobras, la petrolera estatal, y Odebrecht, el grupo de construcción más grande de América del Sur, se centra en JBS, una de las principales beneficiarias de enormes préstamos públicos subvencionados.

Sin embargo, las preguntas sin respuesta son si los espectaculares resultados de estas investigaciones, que implicaron a gran parte de la élite política, lograrán terminar con el vínculo corrupto entre el gobierno y las grandes empresas, o si instaurarán incentivos que generan coimas.

Saud, en la declaración que prestó ante los fiscales, sostuvo que JBS había gastado casi u$s 184 millones en coimas para 1829 candidatos que representaron a 28 partidos en varias elecciones. De estos, 167 fueron elegidos diputados, 28, senadores y 16, gobernadores de estado. Esto suscitó la investigación de corrupción por parte de los cinco presidentes, pasados y el actual, de Brasil.

"Es una corruptocracia", así define Paulo Sotero, director del Instituto Brasileño del Centro Woodrow Wilson para Académicos Internacionales, al sistema político brasileño en el que los diputados venden sus servicios al mejor postor. "Solo se piensa en el beneficio propio, no tiene nada que ver con los intereses del país, está agotado. Debemos erradicarlo".

Los hermanos Batista

Pocos grupos lograron resumir este sistema mejor que JBS. Fundado como una pequeña carnicería que servía a las cuadrillas durante la construcción de Brasilia en la década de 1950, el grupo alcanzó su auge durante los 13 años de gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT). Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, era partidario de crear campeones nacionales al estilo de las empresas estatales de China o los "chaebol" de Corea del Sur.

Fundado en 1952, el BNDES, el banco de desarrollo de Brasil, invirtió u$s 2450 millones en acciones de JBS, acumulando una participación del 21,3%. También otorgó al grupo préstamos parcialmente subvencionados por casi u$s 1226 millones en forma directa e indirecta. Los ingresos de JBS aumentaron de u$s 1226 millones en 2007 a u$s 52.100 millones el año pasado. La empresa dirigida por dos hermanos, Joesley y Wesley Batista, empezó a cotizar en bolsa en 2007. Y luego vino una seguidilla de adquisiciones. Su sociedad holding, J&F, se diversificó en la producción de pulpa y papel y compró una participación mayoritaria en Alpargatas, la empresa brasileña que fabrica las ojotas Havaianas.

JBS no fue la única empresa grande que obtuvo un fuerte apoyo del BNDES, cuya cartera de préstamos flexibles a tasas de interés subvencionadas casi se quintuplicó en los últimos 10 años de u$s 268.000 millones el año pasado. Entre las otras empresas se incluyen Odebrecht, Petrobras, Embraer, la tercera constructora de aviones jet comerciales más grande del mundo, e incluso Ambev, la rama brasileña de la cervecera más grande del mundo, AB InBev.

"El gobierno brasileño concedió tantas subvenciones [sobre préstamos del BNDES] en los últimos siete años como Estados Unidos prestó a Europa durante el Plan Marshall", afirma Marcos Lisboa, presidente de Insper, una universidad de negocios.

Sérgio Lazzarini, autor de libros sobre el capitalismo clientelista en Brasil, revela que los partidos políticos del gobierno de coalición pueden ejercer influencia en las decisiones del BNDES, Petrobras, las empresas estatales, los fondos de jubilación y pensión del sector público "etcétera".

"Las empresas privadas dicen 'queremos ser parte de en esto, queremos recibir este dinero y estas oportunidades, así es que vamos a alinearnos estratégicamente con el gobierno", sostiene Lazzarini. "Si fuesen un poco más estrictos con el BNDES y empezasen a cortar el chorro, se erradicaría parte del problema".

Consecuencias

La verdadera magnitud del sistema de clientelismo brasileño comenzó a surgir recién después de que la ex presidente Dilma Rousseff se enfrentó a una ola de protestas sin precedentes en 2013 contra el gasto del gobierno en estadios de fútbol para la Copa del Mundo 2014. La reacción de Rousseff fue introducir reformas anticorrupción, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de los fiscales de ofrecer acuerdos de reducción de pena a sospechosos.

En 2014, la policía federal y los fiscales públicos empezaron a utilizar estas facultades en lo que se dio a conocer como el "Lava Jato", una investigación de sobornos de constructoras a ex ejecutivos de Petrobras y políticos a cambio de contratos. Luego se abrió una investigación contra Odebrecht, que a fines del año pasado aceptó lo que por entonces fue el pago de coimas más grande del mundo (u$s 3500 millones) después de admitir haber pagado u$s 788.000 en otros 12 países.

"Esta legislación realmente dotó a la fiscalía de una nueva herramienta supereficiente para combatir el delito organizado", sostiene Óscar Vilhena, director de la facultad de derecho de San Pablo de la FGV.

El acuerdo de reducción de pena de Odebrecht involucró a buena parte del Congreso y un tercio del gabinete de Temer.

Entretanto, ramificaciones del Lava Jato, como la Operación Greenfield, una investigación sobre presuntos negocios de corrupción por parte de gestoras de fondos de jubilación y pensión de empleados estatales, comenzaron a involucrar a otros grupos, entre ellos a JBS. El frigorífico también fue acusado de coimear a inspectores sanitarios en un escándalo a principios de este año conocido como "Carne Fraca" (carne flaca). A medida que la soga comenzó a apretar, los hermanos Batista decidieron apostarlo todo celebrando un acuerdo de reducción de pena con los fiscales con la promesa de entregar el premio mayor: el presidente Temer.

A última hora de la noche del 7 de marzo de este año, Joesley Batista tendió su trampa. Se dirigió a la residencia oficial de

Temer, el Palacio de Jaburu, para asistir a una reunión en la que ambos conversaron durante 30 minutos, según consta en los expedientes judiciales.

El empresario contó la forma en que presuntamente coimeaba a todo el mundo, desde fiscales hasta jueces y un ex portavoz de la cámara baja, según la grabación de la conversación. Conforme a la documentación judicial, Temer pareció alentar antes de supuestamente sugerir al legislador Loures que se ocupara de los problemas empresariales de Batista.

Batista se reunió con Loures seis días después y le prometió a él y a Temer una coima de R$ 15 millones si lograban cerrar un acuerdo de gas para una de las plantas eléctricas de JBS.

Temer negó cualquier irregularidad en la conversación y prometió no renunciar. Sus abogados sostienen que los audios de la conversación fueron editados para incriminarlo. Pero los analistas afirman que el programa de reforma de Temer, que tiene por objetivo recomponer las finanzas públicas mediante un reordenamiento del sistema excesivamente generoso de jubilaciones y pensiones del país, quedará paralizado mientras éste permanezca en el cargo.

Mientras circulan los rumores acerca de quién podría reemplazarlo y cómo, los analistas afirman que el Lava Jato está acelerando el colapso de la vieja guardia política que gobernó a Brasil desde el fin de la dictadura militar hace más de 30 años.

"Con los años, los partidos políticos se volvieron escleróticos", señala Sergio Fausto de la Fundación Fernando Henrique Cardoso. "Ahora el Lava Jato abrirá nuevas oportunidades acelerando la tasa de mortalidad política del país".

Pero otros advierten que el Lava Jato tiene sus limitaciones. Se requiere una reforma política para cambiar los incentivos que llevan a los políticos de Brasil a ser corruptos. Por ejemplo, la mayoría de los analistas sostiene que hacen falta normas para evitar la proliferación de grupos políticos pequeños en el Congreso: Brasil tiene 35 partidos registrados.

El sistema permite que los políticos oportunistas formen agrupaciones para acceder a fondos públicos que se reservan para grupos políticos. Estos luego pueden vender tiempo de aire que les fue concedido durante las elecciones a partidos más grandes. Una vez en el Congreso, algunas agrupaciones pequeñas también reciben coimas por apoyar leyes.

Según los analistas, el sistema de representación proporcional de Brasil permite que demasiados políticos entren en el Congreso por derecho propio sin contar con un apoyo popular significativo. Por otra parte, la legislación protege a los políticos corruptos al permitir que sea solo la lenta Corte Suprema la que juzgue casos de irregularidades.

Sotero afirma que, sin una reforma política, "se podría poner a 10 Madres Teresa y 200 Papas Francisco en el congreso y pasados dos meses incluso a ellos les iría mal. El sistema crea todos los incentivos equivocados".

Los críticos sostienen que la investigación del Lava Jato no está exenta de fallas. Tras la negociación de los acuerdos de reducción de pena, los medios de comunicación brasileños informaron que los hermanos Batista habían huido a Nueva York, lo que enfureció a la opinión pública luego de haberse escapado de prisión en su acuerdo con los fiscales.

JBS también llevó a cabo operaciones de divisas antes de la negociación del acuerdo de reducción de pena, lo que supuestamente anticipó una fuerte caída del real frente al dólar en medio de las preocupaciones sobre el programa de reforma. La autoridad reguladora del mercado brasileño abrió cinco investigaciones sobre las operaciones, entre ellas el supuesto abuso de información privilegiada. JBS negó las irregularidades.

Para el ciudadano de a pie brasileño, estas historias sirven solo para reafirmar la profunda desconfianza hacia los políticos y las grandes empresas, un factor crucial en las elecciones del próximo año. Hasta ahora no hay candidatos claros, pero se espera que a los outsiders políticos les vaya bien. Después de los escándalos de Rousseff y Temer, los brasileños esperan un gobierno competente y honesto.