U$D

LUNES 20/05/2019

Brasil llega a las elecciones con un Estado en crisis

Independientemente de quien gane, el próximo presidente enfrentará dos crisis interrelacionadas que definirán su permanencia en el cargo. Una abultada deuda y el enorme gasto del Estado

Brasil llega a las elecciones con un Estado en crisis

Alvaro Pinheiro busca una nueva vida. El ex ejecutivo de 53 años acaba de abandonar una poderosa carrera que le permitió recorrer todo el mundo con multinacionales como Chevron, Procter & Gamble y DuPont.

Ahora quiere tomarse las cosas con calma, conseguir un trabajo menos exigente en el sector público de Brasil que le de seguridad, un salario digno y una jugosa jubilación.

"Hubo una época en el mundo empresarial en la que [el estrés laboral] me enfermaba", dice. "En el sector público, se puede ir a paso más lento". Ganará menos de lo que solía, pero tendrá una mejor jubilación. "Lo más tentador es la calidad de vida".

El ex ejecutivo está preparándose para rendir el examen para ingresar como auditor en la oficina de recaudación de Brasil. Lejos de ser un caso aislado, se estima que son 162.000 los puestos en el sector público que cubrirán quienes aprueben dichos exámenes en 2018. Cada año, se presentan a rendir entre 12 y 15 millones de personas.

El afán de Pinheiro por ingresar en el sector público es apenas un ejemplo que ilustra el problema que yace en el centro de las dificultades económicas y políticas de Brasil: la cuasi dependencia del Estado que impregna los negocios y la sociedad y que deja al gobierno sin poder hacer otra cosa que pagar los costos fijos de funcionamiento.

Los brasileños votan el próximo mes en el comicio más controvertido y polémico desde que se restablecieron las elecciones directas en 1989.

El aspirante a candidato más popular, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en la cárcel y no puede postularse, mientras que el otro candidato, Jair Bolsonaro, fue apuñalado la semana pasada.

En un entorno político fuertemente polarizado, los sondeos de opinión sugieren que hay grandes posibilidades de que la segunda vuelta sea entre el diputado de la extrema derecha Bolsonaro y un candidato de izquierda.

Sin embargo, independientemente de quien gane, el próximo presidente enfrentará dos crisis interrelacionadas que probablemente definan su permanencia en el cargo. La primera será el incremento de la deuda y los déficits.

El gobierno tiene un déficit presupuestario equivalente al 7% del PBI, a pesar de que se encuentra en medio de un programa de austeridad.

Esto implica que Brasil corre el riesgo de caer en una nueva depresión si el próximo gobierno no toma medidas rápidas para controlar el gasto. Las dificultades que actualmente atraviesa Argentina sirven para recordar la rapidez con que los mercados pueden volverse contra los países con políticas que empiezan a parecer insostenibles.

El segundo dilema son las perversas prioridades que dominan el gasto público en Brasil y la forma en que los grupos de interés -como los sindicatos de la administración pública- se quedaron con buena parte del presupuesto.

El gobierno ahora tiene que gastar un porcentaje tan alto de sus ingresos en salarios y jubilaciones que está perdiendo capacidad para invertir en áreas como salud e infraestructura, o en el mantenimiento de algunos de sus mejores museos.

El gasto público en Brasil "es completamente irracional", dice Rozane Siqueira, profesora de economía en la Universidad Federal de Pernambuco y coautora de un informe reciente del Ministerio de Hacienda sobre transferencias de ingresos.

Con una parte tan significativa de lo que se considera gasto social que va a la clase media alta, Siqueira describe al gobierno como una suerte de "Robin Hood a la inversa".

La crisis del estado brasileño no se debe a la falta de recursos. La recaudación impositiva de Brasil representa alrededor del 32% del PBI, mucho más que en muchas otras economías emergentes, pero en línea con el promedio de países desarrollados de la OCDE del 34%.

Siqueira sostiene que el gasto público en transferencias de ingresos, mediante jubilaciones y otros esquemas previsionales -equivalente a un 23% del PBI- también está en línea con el promedio de la OCDE.

Sin embargo, los resultados son drásticamente diferentes. En el Reino Unido, las transferencias sociales representan el 92% de los ingresos del 10% más pobre de la población y el 2% de los que están en el 10% más rico. En Brasil, estas transferencias representan solo el 31% de los ingresos del 10% más pobre y el 23% de los más ricos.

El ejemplo más evidente es el sistema de jubilaciones del Estado. Siqueira explica que el gobierno gasta más de un tercio de los ingresos impositivos en jubilaciones, de los cuales el 53% se destina al 20% más rico de la población por ingresos, y solo el 2,5% al 20% más pobre.

El sector público es particularmente inocuo. En 2017, la jubilación promedio de los jueces era de 18.065 reales (alrededor de u$s 4.380) al mes: muchos cobraban tres veces ese importe. Las jubilaciones promedio del Poder Legislativo fueron de 26.823 reales por mes. Los funcionarios públicos a menudo se jubilan -y pasan a ganar un sueldo completo o más- apenas cumplen 50 años.

¿Por qué los pobres no están en las calles, rompiendo veredas en señal de protesta? "Es una pregunta que me hago a mí misma", afirma Siqueira. "Es conmovedor".

La necesidad de reformar el sistema jubilatorio económicamente inviable de Brasil ocupa un lugar destacado en la agenda política del último cuarto de siglo.

Los denominados "insiders" a menudo intentan impedir los cambios en las economías emergentes; sin embargo, Marcos Lisboa, ex secretario de política económica de Brasilia y actual jefe de la escuela de negocios Insper de San Pablo, sostiene que lo que diferencia a Brasil es la prevalencia de intereses creados en toda la sociedad que están frustrando las reformas.

Y explica: "Lo que la gente no comprende es el tamaño y la extensión de los grupos de intereses especiales en Brasil".

El sistema de jubilaciones del sector público es solo un ejemplo del tipo de tratamiento especial que los insiders lograron asegurarse a lo largo de los años. El sector empresarial hizo más de lo mismo.

Jorge Rachid, jefe del servicio de recaudación federal, sostiene que a su despacho el año pasado llegaron más de 1.000 solicitudes de exenciones impositivas por parte de individuos y organizaciones, además de un número desconocido de pedidos similares presentados en los 27 estados y más de 5.000 municipalidades de Brasil. "Algunos de los pedidos carecen de sentido, pero tenemos que evaluar todos", señala el funcionario.

Así como muchos se rechazan, otros tantos se aprueban. La proporción de la recaudación impositiva federal que se devuelve en forma de exenciones aumentó del 15% a más del 22,5% en lo que va de la década hasta 2015. Según el organismo de recaudación, este año será del 20%, equivalente a alrededor de 290.000 millones de reales.

Los mayores beneficiarios de les desgravaciones fiscales son las pequeñas y medianas empresas. Otros son la Zona Franca de Manaus, una zona industrial libre de impuestos en el medio de la selva amazónica, y los sectores industriales estratégicos denominados "campeones nacionales". Las grandes empresas perfectamente calificadas para solicitar financiamiento en los mercados globales reciben préstamos subsidiados por los contribuyentes del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) sin que se perciba beneficio alguno en términos de inversiones o productividad.

Las dádivas se extienden más allá del sector empresarial. En el marco de un programa federal, unos 20 millones de trabajadores de bajos ingresos del sector privado reciben subsidios de comida o cupones de alimentos, y hay más de 23.000 nutricionistas contratados para asesorar a los empleadores.

La idea difundida de que el Estado debería exigir generosidad queda representada por la "meia entrada", una obligación impuesta a los cines, los clubes de fútbol y los promotores de eventos culturales y deportivos de ofrecer entradas a mitad de precio para estudiantes, ancianos y discapacitados.

"Todo el mundo siempre obtiene algo", dice Zeina Latif, economista de XP Investimentos, una firma intermediaria de São Paulo. "En general, todos pierden porque la economía crece menos de lo que debería, pero para algunos sectores la utilidad neta es excelente (...), por eso tenemos una concentración de riqueza tan grande".

Sérgio Lazzarini, experto en capitalismo favoritista, explica que las empresas pueden exigir favores del gobierno debido a los costos impuestos por sus acciones a menudo impredecibles -como la aplicación de recortes tarifarios a las empresas de servicios públicos-, que contradicen los detalles de sus contratos de concesión.

"El Gobierno interviene con fuerza y las empresas dicen OK", "si pretenden recortar mis tarifas, exijo un préstamo subsidiado", dice.

Lazzarini describe el sistema brasileño como uno de "capitalismo de relaciones", en el que la política y las empresas están íntimamente ligadas a la propiedad estatal de participaciones mayoritarias y minoritarias en grandes empresas -ya sea directamente o mediante el BNDES y los fondos de pensiones del sector público- y el deseo de hacer negocios para conseguir financiamiento barato, contratos públicos y otros beneficios.

Los riesgos que acarrea este sistema quedaron al descubierto en las investigaciones en curso por el escándalo de corrupción del lava jato, que involucra a políticos y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras, la constructora Odebrecht y varias compañías más.

Tanto los gobiernos elegidos por el voto democrático como los militares consintieron estos intereses especiales a lo largo de los años, pero las presiones sobre el presupuesto se exacerbaron durante el período de 13 años (de 2003 a 2016) que el Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, ocupó la presidencia.

Lisboa dice que en EE.UU. y Europa, la diferencia entre izquierda y derecha es que la izquierda favorece la igualdad a costa de un crecimiento más lento y la derecha favorece el crecimiento a costa de una mayor desigualdad.

"Ese no es el debate en Brasil", dice. "En Brasil y América Latina, ser de izquierda significa, primero, oponerse al imperialismo estadounidense y, segundo, defender los intereses corporativos locales, cerrar la economía (...) ?Pero, ¿dónde está su política social? ¿Dónde está su preocupación por la educación de las masas?

Gasto estatal desmedido

En 2016, Brasil gastó 498.500 millones de reales en jubilaciones estatales para 29 millones de jubilados del sector privado, que ganan en promedio 17.080 reales al año. Para los jubilados del sector público, el Estado gastó 110.700 millones de reales en poco menos de un millón de jubilado, que ganan en promedio 113.060 reales al año.

Las pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de hasta 4.800 millones de reales se benefician de un sistema impositivo simplificado que genera una serie de impuestos corporativos, salariales y previsionales en un único aporte. Según el Ministerio de Hacienda, el próximo año, el costo de dichos beneficios será de 87.300 millones de reales.

En 2003, como secretario de Política Económica del gobierno de Lula da Silva, Lisboa propuso reformar el sistema previsional de Brasil para concentrar sus beneficios en los pobres. "Ese documento fue ametrallado por la izquierda, especialmente la parte que se refería a centrar los programas sociales en las familias más vulnerables", recuerda. "Dijeron que los beneficios deben ser universales, pero ¿cómo?"

Los partidarios de Lula da Silva sostienen que sus programas sociales y becas para estudiantes universitarios están destinadas directamente a los pobres.

Hasta ahora, muchos temas difíciles se pospusieron. Pero ese camino quizá haya cumplido su ciclo. Según estimaciones oficiales, el gasto obligatorio ya absorbe más del 90% del presupuesto federal y, si nada cambia, trepará al 120% en la próxima década.

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar

Más notas de tu interés

Shopping