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Brasil está a las puertas de sufrir una crisis institucional por el Petrolao

Una ley que pide cárcel para fiscales y jueces que hayan abusado de de autoridad, desató la furia del poder judicial, que insiste en que con ella se busca frenar las investigaciones

Brasil está a las puertas de sufrir una crisis institucional por el Petrolao

Brasil enfrenta una guerra constitucional entre poderes del gobierno mientras el Congreso trata de acelerar una nueva ley que permitiría que los fiscales y jueces sean acusados de abuso de autoridad.

Los fiscales que participan de la mayor causa de corrupción de Brasil en la petrolera estatal Petrobras han amenazado con renunciar si se promulga la ley. Mientras tanto, había manifestantes protestando en las calles y los brasileños comunes hacían cacerolazos en todo el país.

"Una ley nueva sobre abuso de autoridad [por parte de fiscales y jueces] en este momento podría tener como consecuencia un freno a las investigaciones", dijo ayer Sérgio Moro, el severo juez anticorrupción que encabeza el caso Petrobras, durante una audiencia en el Senado. "El Senado podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad brasileña".

Lo que más irrita a los brasileños es que la cámara baja del Congreso aprobara el proyecto en un momento en que el país está de luto por el accidente aéreo que se cobró la vida de casi todo el equipo de fútbol el Chapecoense, varios miembros del club y periodistas deportivos.

Los analistas ven el proyecto de ley como un intento de los legisladores de protegerse a si mismos de la investigación de Petrobras, donde muchos políticos están acusados de conspirar con los ejecutivos y contratistas de la compañía para enriquecerse ellos y sus partidos mediante coimas y sobornos.

Después de dos años y medio de investigaciones, Brasilia ya se está preparando para el esperado anuncio de un acuerdo en el que los ex empleados de Odebrecht, uno de los contratistas más grandes de Petrobras, admiten su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena.
En otro intento por acelerar la legislación, el líder del Senado Renan Calheiros el miércoles trató de que se votara la ley en forma urgente en la cámara alta pero no tuvo éxito.

Negó que la ley tenga como objetivo frenar la investigación de Petrobras. Pero los jueces reaccionaron con furia ante la legislación propuesta. "Pueden tratar de silenciar a un juez pero nunca pueden silenciar la justicia", dijo Cármen Lúcia, presidenta de la Corte Suprema.
El proyecto refleja la creciente amenaza a la separación de poderes en Brasil entre el ejecutivo, legislativo y judicial, en un momento en que el país está a la deriva tras la destitución de la ex presidenta izquierdista Dilma Rousseff en agosto por haber manipulado el presupuesto.

Su sucesor, el ex vicepresidente Michel Temer, buscó unir al país detrás de un programa de austeridad apuntado a fortalecer la confianza de los inversores. Pero la economía todavía tiene que mostrar señales de recuperación; se contrajo 2,9% interanual en el tercer trimestre de este año. Mientras, Temer está sumergido en un nuevo escándalo por acusaciones de que él presionó a un ministro para que ayude a conseguir la aprobación de una obra de construcción de departamentos.

Él negó todas las acusaciones.
Temer debería firmar la promulgación de la ley que contiene las cláusulas sobre abuso de poder. Hasta ahora se mostró poco comprometido con el tema.

Algunos advirtieron que la élite de Brasil enfrenta la misma crisis de legitimidad que también atraviesan algunos países desarrollados, lo que podría permitir que un candidato sin experiencia política gane las próximas elecciones en 2018.

"La élite brasileña necesita reconectarse con la población si es que quiere detener el ascenso de aventureros [políticos]," escribió el analista político Matis Spektor en una columna del Folha de S. Paulo.

El proyecto irónicamente se basó en una petición de los fiscales del caso Petrobras que sugerían 10 iniciativas para ayudar a tomar medidas severas contra la corrupción en Brasil.

Entre ellas se encontraban proteger a los informantes y declarar los grandes casos de corrupción como delitos atroces hasta prisión preventiva para los sospechosos hasta que hayan devuelto el dinero de la corrupción.

Pero los legisladores eliminaron muchas de las iniciativas sugeridas en la petición original y, en cambio, agregaron algunas propias, incluyendo cárcel para fiscales y jueces que hayan cometido abuso de autoridad.