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El gobierno de Lula apunta contra los dueños de armas

Lula da Silva espera que el endurecimiento de las leyes reduzca el aumento del uso de armas de fuego, incluidos los ataques a escuelas.

Cuchillos de caza envainados y granadas de mano oxidadas decoran la mesa de Nelson de Oliveira Júnior, propietario de un campo de tiro en la zona oeste de San Pablo. De su cinturón saca y blande con orgullo una pistola Taurus de 9 mm fabricada en Brasil.

"Este gobierno quiere quitar las armas a los ciudadanos de bien", dice el expolicía. Como muchos entusiastas de las armas, De Oliveira cree que las armas de fuego legales son vitales para mantener la seguridad de los brasileños y critica las medidas represivas del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde que regresó al poder en enero, Lula ha hecho del endurecimiento de los controles de armas un pilar clave de su agenda política, diciendo que la relajación de las leyes de armas de fuego por parte del anterior presidente Jair Bolsonaro había causado "inseguridad y daño a las familias".

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Pero la estrategia del líder izquierdista de 77 años corre el riesgo de irritar al poderoso lobby de las armas de Brasil, así como a cientos de miles de fanáticos como De Oliveira. En su primer día en el cargo, Lula firmó un decreto que reducía drásticamente el número y el tipo de armas que los particulares pueden comprar y poseer.

El gobierno de Lula espera que el endurecimiento de las restricciones ayude a contrarrestar el aumento de los ataques a escuelas y otras instituciones, así como a reducir la violencia entre bandas criminales.

"Es imposible hacer seguridad pública con la cantidad de armas que existen hoy en manos privadas", dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino.

El gobierno brasileño ha suspendido las solicitudes de nuevos clubes de tiro y las licencias para aficionados a las armas de recreo, como coleccionistas y cazadores, y ha prohibido a los usuarios privados llevar armas cargadas.

También ha lanzado un nuevo registro obligatorio de armas propiedad de coleccionistas, cazadores y competidores deportivos compradas desde mayo de 2019, cuando Bolsonaro firmó un decreto que flexibilizaba varias restricciones, para medir cuántas están en circulación. Casi 900.000 armas han sido reinscritas.

"Tenés más personas armadas en Brasil que miembros de la policía militar, por lo que esto crea una dificultad en la seguridad", dijo Dino al Financial Times. "También se debe a que parte de estas armas están llegando a manos de bandas".

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La intervención se ha visto impulsada en parte por la alarma ante el creciente número de ataques a escuelas, tanto con armas blancas como de fuego. Los expertos lo atribuyen al crecimiento simultáneo del extremismo en Internet -sobre todo de los grupos de extrema derecha y misóginos 'incel'- y a la disponibilidad de armas.

Dennis Pacheco, investigador del Foro Brasileño de Seguridad Pública, afirmó que los ataques en las escuelas "tienen muchas similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos. Tenemos autores jóvenes que en su mayoría han estado en las escuelas donde perpetran los ataques. Se organizan en redes sociales, en ambientes marcados por el discurso de odio".

Un estudio realizado en marzo por la Universidad de San Pablo identificó 22 ataques contra escuelas desde 2002, 10 de los cuales se habían producido en los últimos 13 meses. En más de la mitad se utilizaron armas de fuego.

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"Si incluyéramos los intentos fallidos, la cifra aumentaría asombrosamente", afirma Michele Prado, autora de la investigación. De los 36 atentados contra centros escolares evitados por la policía u otras autoridades en la última década, 24 ocurrieron el año pasado, según un reciente informe gubernamental.

Como muestra de la creciente preocupación por los atentados contra centros escolares, 40 fiscales federales firmaron en abril una carta abierta que afirma que: "Es el resultado de múltiples factores, entre ellos el entorno escolar, las redes sociales y el discurso del odio, el culto a las armas y la facilitación del acceso [a las armas de fuego] que se promovió y fomentó ampliamente en los últimos cuatro años".

Y añadieron: "El terrible escenario actual no ha surgido por arte de magia".

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Durante su mandato de cuatro años, el ultraderechista Bolsonaro fue un abierto defensor de la propiedad de armas para protección personal en un país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo y donde los robos callejeros a mano armada son comunes.

Después de que Bolsonaro flexibilizara las regulaciones, las armas en colecciones privadas aumentaron más del doble hasta casi 3 millones, según los institutos Sou da Paz e Igarapé. De una población de 208 millones de habitantes, el número de brasileños autorizados a poseer un arma de fuego se multiplicó por siete hasta alcanzar los 813.000, según datos del ejército obtenidos por medios locales.

Los militantes del expresidente dijeron que no se les podía responsabilizar del aumento de los ataques en las escuelas, señalando que la tasa de asesinatos se redujo durante su gobierno.

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"El [ex] presidente tuvo mucho éxito en reducir la violencia armando bien a la población", dijo Jorge Seif, senador del partido Liberal de Bolsonaro y miembro del Congreso. Señala que el número anual de homicidios cayó a 41.000 en 2022, desde un pico de 59.000 bajo el mandato del anterior presidente, Michel Temer.

Es un sentimiento del que se hacen eco en el campo de tiro de San Pablo. Claudio Pappone, un barbudo ingeniero eléctrico de 49 años, cree que las nuevas restricciones castigan a los propietarios legítimos de armas y envalentonan a los delincuentes.

"Se puede sentir que la seguridad ha disminuido [bajo Lula]. Los delincuentes saben que, aunque tengas un arma, no la llevas en el cinturón", afirma.

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Sin embargo, los activistas contra la violencia niegan que el descenso de los asesinatos pueda atribuirse a las políticas de Bolsonaro en materia de armas. Citan factores como las medidas de seguridad a nivel estatal, la disminución de la población juvenil y las treguas entre facciones del crimen organizado.

Las encuestas de opinión sugieren que las medidas de control de armas cuentan con un amplio apoyo público. Un estudio del grupo de sondeos Quaest reveló que el 75% de los brasileños no está de acuerdo con la flexibilización de las regulaciones sobre la compra o posesión de armas.

Activistas e investigadores afirman que el gobierno de Lula ya está demostrando su capacidad para vigilar y diagnosticar las causas subyacentes de la violencia armada, especialmente en incidentes relacionados con el extremismo de derecha o en Internet, pero que es necesario hacer más para atajar sus causas profundas.

"Aunque consigamos frenar la entrada de nuevas armas en el país, reducir las que ya están en circulación es todo un reto", dijo Pacheco, añadiendo que muchas armas adquiridas legalmente son susceptibles de ser vendidas ilegalmente. "Tenemos un camino difícil por delante", añadió.

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