El órgano encargado de redactar la nueva Constitución de Chile, dominado por la derecha, aprobó esta semana un proyecto que consagra posiciones conservadoras en la ley, perjudicando potencialmente sus posibilidades de éxito en el referéndum de diciembre.
El proyecto incluye artículos que limitan el derecho de huelga, garantizan la rápida expulsión de los inmigrantes indocumentados, protegen el derecho a la vida de los no nacidos y afirman el derecho a utilizar los sistemas privados de pensiones, educación y salud, todos ellos temas muy debatidos en la polarizada sociedad chilena.
El texto será revisado ahora por un grupo de expertos, y el Consejo que redacta la Constitución tendrá una última oportunidad de modificarlo antes de que se presente a los votantes.
Sólo el 24% de los chilenos piensa aprobar la Constitución, mientras que el 54% la rechaza, según un sondeo publicado el domingo por la encuestadora Cadem.
Chile se embarcó en el proceso de reescribir su Constitución a fines de 2019, después de protestas masivas por la desigualdad. La actual carta magna del país -redactada en 1980 bajo el dictador Augusto Pinochet, aunque reformada posteriormente- fue un blanco central de la ira de los manifestantes.
Un primer intento de nueva Constitución, un documento radical redactado principalmente por líderes de izquierda e independientes, fue rechazado rotundamente en referéndum el año pasado. Eso abrió la puerta a un nuevo proceso, controlado por políticos, que, según los analistas, tenía más posibilidades de elaborar un documento moderado más aceptable para los votantes.
Pero el nuevo consejo -en el que 33 de los 50 escaños fueron ganados por el partido de extrema derechaRepublicanos y Chile Vamos, la tradicional coalición-, también adoptó un enfoque ideológico, dijo el politólogo Danilo Herrera.
"El resultado ha sido exactamente el mismo: la Constitución del año pasado era un documento identitario [de izquierda], y ésta es un documento identitario de derecha", dijo, añadiendo que "los artículos sobre cuestiones fundamentales" se habían aprobado sin el apoyo de los 17 consejeros de izquierdas.
Beatriz Hevia, presidenta del Consejo y miembro de Republicanos, discrepó de la caracterización de la Constitución como de derecha. "Aspiramos a un texto que tenga sentido para la mayoría de los chilenos, más que para un sector específico", declaró al Financial Times. "Y creo que lo hemos logrado".
El "principal factor" que arrastró el apoyo público a la nueva Constitución no fue su contenido, sino la apatía de los votantes tras tres años de proceso de reescritura, añadió Hevia. Las encuestas mostraban altos índices de rechazo incluso antes de que el Consejo se reuniera en junio.
"Pero creemos que es posible darle la vuelta", dijo Hevia. "Si la gente lee nuestro texto, lo aprobará".
Los defensores del derecho al aborto han afirmado que el texto abre la puerta a impugnaciones legales de la ley chilena de las "tres causales", que permite la interrupción del embarazo en caso de violación, anomalía fetal mortal y riesgo para la vida de la madre.
Hernán Larraín, fundador del partido de centro-derecha Evópoli, que forma parte de Chile Vamos, dijo que el borrador incluía posiciones partidistas en temas controvertidos, y que algunos puntos, incluyendo un plan para recortar los impuestos a las propiedades valiosas, eran asuntos legislativos que no pertenecen a una constitución.
"Creemos que [un documento moderado] daría una mayor probabilidad de éxito en diciembre", dijo Larraín. "Todos los escenarios de aprobación son difíciles, pero con un texto de consenso es más probable".
Dirigentes de los principales partidos políticos chilenos han dicho que están intentando que los consejeros moderen el borrador en la fase de revisión, que comienza el 12 de octubre y termina el 7 de noviembre.
Republicanos ya han lanzado una campaña para convencer a los votantes de que respalden la Constitución. El resto de los bandos políticos chilenos aún no han confirmado si promoverán el documento, aunque lo más probable es que los derechistas hagan campaña a favor y los izquierdistas en contra, según Herrera.
La incertidumbre en torno a la carta magna chilena durante los últimos cuatro años ha agravado el estancamiento político, paralizando las reformas legislativas y frenando la inversión. El FMI prevé que la economía del país se contraiga un 1% en 2023.
Aunque el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha descartado iniciar un tercer proceso si se rechaza esta Constitución, los expertos advierten de que la incertidumbre puede persistir porque la legitimidad de la Constitución de la era Pinochet ha quedado dañada.
"El debate seguiría abierto, porque el sistema político chileno está bloqueado", dijo Larraín, que dirige el proyecto de investigación sobre la Constitución Horizontal. "Y la Constitución es el corazón de ese sistema".
