A pesar de sus atractivos rendimientos, los bonos del país se deben tomar con precaución. Ecuador está en una encrucijada. El generoso gasto de un liderazgo que no le teme a acrecentar los altos ingresos petroleros con deuda adicional ayudó mucho a mejorar el estándar de vida. El gasto público casi se duplicó de 24% a 44% del PBI desde que el presidente Rafael Correa asumió la presidencia en 2007. Y con un índice de aprobación del 50%, que es la envidia de sus colegas regionales, es probable que Correa se postule y gane un cuarto mandato en febrero de 2017.


O tal vez no. La caída en el precio del petróleo abrió un agujero en las finanzas del país y sabiendo que sufrirá una escasez de financiación de entre u$s 7.000 y u$s 8.000 millones en 2016, el gobierno tendrá que recortar el gasto o defaultear el pago de sus préstamos o, quizá, ambas cosas.


Es cierto que Correa ahuyentó a muchos con su default voluntario de una deuda de u$s 3.200 millones en 2008, cuando llamó a los tenedores de bonos "verdaderos monstruos". Pero ya recuperó su confianza: el año pasado, Ecuador volvió a los mercados internacionales con un bono a 10 años por u$s 2.000 millones con un rendimiento de 7,95% El presidente sigue apoyando incondicionalmente la voluntad y la capacidad de Ecuador de pagar su deuda. El próximo pago de su bono soberano Global 2015, que vence el 15 de diciembre, parece asegurado.


Correa últimamente intensificó sus críticas al plan de dolarización del país. Atando su economía y su moneda a la divisa estadounidense, Ecuador logró mantener la inflación bajo control. Sin embargo, el alza del dólar estadounidense en los últimos dos años ha socavado su competitividad exportadora: junto a la caída del precio del petróleo, eso provocó que la cuenta corriente pasara de tener un superávit de u$s 800 millones durante el primer semestre de 2014 a un déficit de u$s 1.200 millones durante el mismo período este año. A pesar de sus quejas, el mandatario es totalmente consciente de que no sobreviviría a un fin de la dolarización.


Pero donde puede encontrar mayor flexibilidad es en términos de la austeridad fiscal. Su ministro de Hacienda sugirió recortes del gasto y aumentos de impuestos equivalentes a u$s 4.000 millones para el año 2016, una reducción del 17% del presupuesto de 2015, que en sí contenía un recorte de u$s 2.200 millones. Aunque es necesario endurecer la política fuertemente después de que el déficit presupuestario se disparó a 6,3% del PBI en 2014, se presenta en un momento en que el crecimiento económico se ha paralizado. Los analistas ahora esperan un crecimiento de 0,4% para el año, en lugar del 4% que el gobierno había previsto inicialmente.


Esto no encaja bien en el plan de la coalición de gobierno de lograr que su candidato sea elegido por cuarta vez, sobre todo porque esto requiere la aprobación legislativa de una enmienda constitucional. Es casi seguro que se promulgará en diciembre, ya que la coalición tiene la mayoría requerida de 70% en el Parlamento. Pero podría ser un punto crítico que ocasionaría protestas callejeras, ya que la mayoría de la población cree que esta cuestión debería ser sometida a un referéndum nacional. El gobierno ya tuvo que dar marcha atrás con la introducción de un aumento de los impuestos sobre la herencia y las ganancias de capital por la reacción negativa del pueblo.


La tensión entre un presidente empeñado en mantener su popularidad con el fin de ganar las elecciones de nuevo, y la necesidad de recortar los generosos beneficios sociales a los cuales se han acostumbrado los votantes, es evidente. Esto explica por qué Medley Global Advisors, un servicio de investigación macro propiedad del Financial Times, se muestra cauteloso en relación con las perspectivas de los bonos de Ecuador a pesar de tener rendimientos superficialmente atractivos de casi un 20 por ciento.


Y, lo que es todavía peor, es que Ecuador se enfrenta a una sentencia arbitral inminente en el Banco Mundial que podría costarle alrededor de u$s 2.500 millones.