FT: alarma en el sector de criptomonedas por nueva norma del Gobierno de Estados Unidos

La iniciativa exige que se den a conocer datos de grandes transacciones que se realizan fuera del sistema financiero. Para los críticos atenta contra la privacidad

Una nueva norma propuesta por el Departamento del Tesoro estadounidense que apunta a erradicar las transacciones ilícitas en criptomonedas provocó una fuerte oposición por parte del sector, lo que puso en marcha una batalla que amenaza con proyectar una sombra sobre el reciente auge de las monedas digitales.

La propuesta exige a los bancos custodios y bolsas recopilar y compartir información identificatoria sobre grandes transacciones que involucren unhosted wallets o billeteras sin colocar, que son cuentas en criptomonedas que se mantienen fuera de las instituciones financieras.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), una oficina dentro del  Departamento del Tesoro, indicó que la norma protegerá la seguridad nacional y evitará delitos.

Pero más de 7000 grupos y defensores de las criptomonedas presentaron comentarios sobre la iniciativa citando su preocupación por los derechos de privacidad y acusando al Tesoro de acudir a "reglamentaciones de último minuto".

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase y uno de sus mayores inversores, Andreessen Horowitz, cuestionaron la legalidad de la norma en cartas separadas dirigidas a los funcionarios del Tesoro.

Jack Dorsey, CEO de la compañía de pagos Square también criticó las propuestas, alegando que "no dejarán que la gente participe totalmente en la economía".

"Todos los que conocen de criptomonedas se dan cuenta de que esta norma tiene considerables errores", dijo Gus Coldebella, asesor general de Paradigm, una firma de capital de riesgo de criptomonedas.

En una carta firmada en conjunto con las compañías de capital de riesgo Ribbit Capital y Union Square Ventures, Paradigm señala que la norma creará requisitos "costosos y sin precedentes" para las transacciones con criptomonedas y podría dificultar la vigilancia de los malos actores.

Las respuestas reflejan lo que está en juego para la industria de las criptomonedas, cuyas aplicaciones más lucrativas consisten mayormente en realizar operaciones que pagan comisiones. Coinbase, la mayor bolsa de criptodivisas de EE.UU., se está preparando para un muy esperado debut bursátil, y el bitcoin  este año superó brevemente los u$s 40.000 para luego retroceder bruscamente el domingo pasado.

Los analistas aseguran que la iniciativa del Tesoro también podría generar una carga no deseada para un segmento de las finanzas descentralizadas que muestra rápido crecimiento, y en el que los programas de software ejecutan actividades financieras tradicionales utilizando criptomonedas y sin intermediarios.

La propuesta del Tesoro apunta a las billeteras no colocadas, que son aplicaciones que permiten a los usuarios mantener y realizar transacciones con criptomonedas sin revelar detalles personales. A los reguladores globales les preocupa la posibilidad de que las cuentas se utilicen para lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas.

Chainalysis, firma de software que utilizan las agencias gubernamentales para monitorear las transacciones de criptomonedas, estima que 1,1% de las operaciones con criptomonedas en 2019 estuvieron vinculadas a actividades ilícitas, lo que representa más de u$s 10.000 millones.

Algunos defensores de los tokens digitales afirmaron que los requisitos pueden llevar a los malos actores a foros menos regulados y extender el alcance de la Ley de Secreto Bancario, que exige a los intermediarios de criptomonedas recopilar información no solo sobre los clientes sino también sobre las contrapartes.

"El efecto neto es muy, muy diferente [al de normas equivalentes que rigen en los mercados financieros tradicionales] y amplía la vigilancia y la pérdida de privacidad", dijo Garrick Hileman, jefe de investigación de Blockchain.com, que alberga una billetera y permite la compraventa de criptomonedas.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en diciembre que la norma propuesta es "coherente con los requisitos actuales" y que "aumentará la transparencia y minimizaría el impacto en la innovación responsable". Los que se oponen también criticaron el periodo de 15 días que permitió el Tesoro para recibir comentarios, que es muy inferior al habitual lapso de 60 días para las reglamentaciones nuevas. La agencia citó riesgos de seguridad nacional y un anterior diálogo con el sector de criptomonedas para justificar la menor cantidad de días.

"Parece bastante claro que la industria cree que la propuesta podría no funcionar y la FinCEN quizás, en respuesta a estos comentarios, haga ajustes a la norma definitiva o vuelva a proponerla", aseguró Joshua Kaplan, un socio del estudio de abogados Wilson Sonsini especializado en normas que afectan a las fintech y el lavado de dinero.

"También es posible que  pidan al Congreso que trate el tema de las monedas digitales en futuras legislaciones."

Traducción: Mariana Oriolo

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