Si Estados Unidos mejora su sistema de patentes estimulará la innovación

Imagine que usted es el fundador de una pequeña empresa biotecnológica. Ha invertido millones de dólares y años de su vida desarrollando una nueva prueba diagnóstica para una enfermedad de la sangre. Está a punto de revolucionar su campo.

Sin embargo, si usted es investigador en EE.UU., lo más probable es que no obtenga una patente para su revolucionario descubrimiento porque los recientes cambios que sufrió el sistema impiden que su invento esté protegido. O tal vez pueda conseguir una patente, pero podría ser impugnada en un sistema de adjudicación extrajudicial, lo que permitiría que otras firmas invaliden su propiedad intelectual rápidamente.

Incapaces de monetizar su inversión, sus inversores perderían interés, y empezarían a canalizar su dinero hacia otros inventos en lugares como Alemania o China, donde estos tipos de estudios están mejor protegidos. Los proveedores y el talento también comenzarían a trasladarse hacia allá.

Esto no es un cuento de hadas, sino una amalgama de muchos relatos que he escuchado en las últimas semanas. Vienen de boca de inversores, empresarios, académicos, lobbistas y abogados estadounidenses que piensan que el sistema norteamericano de patentes ha tomado una dirección totalmente equivocada.

En los últimos 15 años pasó de ser, según ellos, un sistema demasiado entusiasta para otorgar patentes a un régimen donde las mejores mentes del país ya no pueden monetizar sus investigaciones. Ésta es una situación que podría tener consecuencias dramáticas para la competitividad estadounidense en un mundo donde la mayor parte del valor económico está en la propiedad intelectual.

¿Cómo se llegó a este punto? A principios de los años 2000, cuando estalló la burbuja puntocom, muchas empresas perdieron todo salvo sus patentes, que fueron luego adquiridas por empresas financieras o mayores entidades tecnológicas que trataron de exprimirles alguna ganancia. Al mismo tiempo, el ecosistema de proveedores de software que abastecía los florecientes mercados del Internet comercial y de los smarphones empezó a ampliarse.

La mayoría de esas empresas tenía tecnologías e ideas legítimas que proteger. Pero otras apodadas "trolls de patentes" jugaban al arbitraje legal, registrando todas las patentes posibles para que las empresas grandes llegaran a un acuerdo financiero con ellas para el uso de la tecnología.

Cuando el presidente Barack Obama asumió en 2009, la historia del trol de patentes había llegado a un punto álgido. Estaba apoyada por las tecnológicas más grandes como HP, Cisco, Apple y más recientemente Google y Facebook. El iPhone, por ejemplo, incorpora tecnologías que abarcan miles de patentes. Google y Facebook dependen del insumo barato o gratis desde software hasta datos para seguir generando dinero. Así que no era de extrañar que insistieran con revisar significantemente el sistema estadounidense de patentes, la primera en 30 años, que llegó a su punto culminante en 2011 con la aprobación de la Ley de invenciones de EEUU.

Esta legislación de la era de Obama creó un nuevo organismo de adjudicación extrajudicial, la Junta de Jucios y Apelaciones de Patentes (PTAB, por sus siglas en inglés). El entonces director de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO, por sus siglas en inglés), David Kappos, había ayudado a diseñar las reglas de tal modo que el director de la oficina de patentes tuviera enorme libertad en las decisiones. La idea era ahorrar tiempo y dinero con un proceso "inter partes" extrajudicial y, de hecho, la resolución de los reclamos de patentes pasaron de requerir tres años y u$s 2 millones a 18 meses y u$s 200.000.

Pero los principales grupos tecnológicos no quedaron satisfechos. Habiendo derribado el problema de los trolls, comenzaron a darse cuenta de que también podían luchar contra las patentes de los proveedores, que reducirían sus propios gastos de insumo.

Luchar contra las patentes ha sido formidable para las empresas más grandes de tecnología que, por supuesto, tienen su propia propiedad intelectual que proteger, pero que cada vez más monetizan datos y propiedad intelectual creados por otros. Pero la cadena de abastecimiento estadounidense de software, y también las ciencias biológicas, han sido daños colaterales. Mientras que la complejidad de los negocios globales hace que sea difícil demostrar una clara causalidad entre la laxa protección de patentes y la pérdida de innovación y empleos en EE.UU., las líneas de tendencia no se ven bien. Según un estudio, los cambios en la regulación de patentes le han costado u$s 1 billón a la economía estadounidense. El dinero de capital de riesgo dirigido a la biotecnología ha disminuido radicalmente entre 2015 y 2016.

Las anécdotas de muchos inversores indican que están considerando retirar su dinero de EE.UU. y trasladarlo hacia Europa y Asia. Eso es preocupante, ya que éstos son precisamente los tipos de empleos altamente calificados que EE.UU. está tratando de retener.

Aun así, el péndulo quizás esté a punto de cambiar de nuevo. La administración Trump ha nombrado a Andrei Iancu un abogado que reside en Los Ángeles y que ha trabajado con clientes en las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas como director de la USPTO. La Corte Suprema de EE.UU. pronto estudiará un caso que cuestiona la legalidad de todo el sistema extrajudicial de adjudicación de patentes.

Será una oportunidad para que los legisladores piensen sobre exactamente qué tipo de ecosistema digital quieren crear.