Qué diferencia a Europa y Estados Unidos en el control de las grandes tecnológicas

A ambos lados del Atlántico se desarrollan dos alternativas: reguladores que buscan someter a los titanes tecnológicos con la ley antimonopolio. Y esfuerzos para cambiar por completo las reglas del juego e imponer una forma enteramente nueva de hacer negocios en las corporaciones.

¿Cuál es la mejor manera de reorientar el desenfrenado poder de los titanes tecnológicos? ¿Deberían los reguladores embestirlos con todo lo que tienen a su disposición, utilizando la ley antimonopolio —por imperfecta que sea— para obligarlos a someterse?

¿O deberían intentar cambiar por completo las reglas del juego, con la esperanza de que haya suficiente alineación política (y angustia pública) para imponer una forma enteramente nueva de hacer negocios en las corporaciones más poderosas del mundo?

Estas dos alternativas actualmente se están desarrollando en ambos lados del Atlántico. En Texas, el fiscal general republicano, Ken Paxton —quien acababa de liderar un fallido intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses en los principales estados pendulares de EE.UU.— posó ante el capitolio del estado de Texas esta semana para advertirles a las grandes empresas de tecnología: "No te metas con Texas".

En Bruselas y Londres, mientras tanto, los políticos parecen estar tratando de eclipsarse mutuamente en la lucha por aprobar leyes radicales que cambiarían la forma en que operan los titanes tecnológicos. Lo que está en juego está aumentando a un ritmo vertiginoso. Hace dos años, cuando Europa se otorgó el poder de multar a las compañías hasta con un 4% de sus ingresos anuales por infracciones de la ley de privacidad, en Silicon Valley esto se consideró una extralimitación regulatoria.

Actualmente, eso parece una insignificancia. Los reguladores de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido están proponiendo el 10% de los ingresos globales anuales como la posible penalización cuando se trate de una variedad de 'pecados' digitales. Por añadidura, el Reino Unido lanzó una propuesta para encarcelar a las personas en las empresas tecnológicas que no logren limitar los "daños en línea" graves, aunque en realidad no entró en detalles para explicar qué conduciría a medidas tan draconianas.

Hablar con severidad es una buena manera de que los políticos apacigüen a los votantes inquietos o de que los reguladores les demuestren a sus amos políticos que están lidiando con la situación. Pero eso no necesariamente resulta en buenas leyes ni garantiza el consenso político necesario para el cambio.

Ponerle serios límites al funcionamiento de las principales plataformas tecnológicas —incluyendo evitar que promocionen sus propios servicios internos— tendría consecuencias trascendentales para las empresas y para los consumidores que han llegado a depender de ellas. Esto es algo que las compañías mismas estarán ansiosas por señalar. Las amenazas de retirar algunos servicios, o de imponerles nuevas tarifas a los consumidores, pueden descartarse como vacías. Pero, ¿cuántos políticos querrán correr ese riesgo?

En EE.UU., la administración Biden tendrá que decidir cuán osadamente quiere abordar este complejo y trascendente asunto. Un informe del Congreso de septiembre les planteó las opciones a los legisladores que, en muchos casos, se hicieron eco de lo que la UE ya ha emprendido. Con una abrumadora lista de prioridades, aún no está claro cuán dispuesta estará la nueva Casa Blanca a enfrentarse a las grandes empresas de tecnologia con legislación.

A más corto plazo, eso deja el 'garrote' de la ley antimonopolio, al que los reguladores estadounidenses han estado utilizando con entusiasmo. Los últimos días de la administración Trump han desencadenado una verdadera carrera a los tribunales por parte de los reguladores federales y de los fiscales generales a nivel estatal. Los casos vienen completos con una fuerte retórica política y con teorías legales bien argumentadas. Pero, ¿tienen posibilidades de ser exitosos?

Las leyes antimonopolio estadounidenses, a pesar de haber sido concebidas en la era predigital, deberían tener la capacidad de servir su propósito. La Sección 2 de la Ley Sherman de 1890 —la cual fue invocada en contra de Google esta semana por 10 estados estadounidenses para iniciar acciones antimonopolio en contra de la compañía— concede un considerable y amplio poder. (El jueves pasado, los fiscales generales de 38 estados presentaron una posterior demanda antimonopolio alegando que Google ha bloqueado los servicios de búsqueda especializados de sus rivales evitando que lleguen a los usuarios).

Es una cuestión de evidencia. En particular: ¿podrán los fiscales demostrar que las compañías de tecnología tenían la intención de ilegalmente mantener sus monopolios? Los problemas antimonopolio de Microsoft en EE.UU. hace dos décadas se debieron, en gran parte, a las evasiones de Bill Gates durante el testimonio que brindó ante el tribunal, junto con una sola línea en un correo electrónico de otro alto ejecutivo: que Microsoft debería "cortar el suministro de aire de Netscape".

No está claro si habrá pruebas suficientes para triunfar. Los correos electrónicos de Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, sugiriendo que uno de los beneficios de comprar un rival más pequeño sería eliminar a un competidor, representaron uno de los aspectos más destacados del informe del Congreso, e hicieron mucho para provocar la demanda de la semana pasada por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y de 48 estados. Un tribunal tendrá que decidir si justifican la drástica acción de deshacer los acuerdos alcanzados hace muchos años.

La demanda de esta semana en contra de Google afirma estar basada en correos electrónicos que muestran que se confabuló con Facebook para bloquear la competencia publicitaria en línea. Pero la evidencia clave está redactada en la denuncia, razón por lo cual es imposible evaluarla. En última instancia, si la evidencia que los fiscales han acumulado está a la altura de las afirmaciones, serán casos como éste los que tengan más posibilidades de cortarles las alas a las grandes empresas de tecnología.

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