FT: Acreedores extranjeros acusan al Gobierno de presionar a las provincias para que reestructuren deuda

Arman una comisión para presionar y obtener mejores acuerdos que los cerrados a nivel nacional. Buenos Aires ya tiene bonos defaulteados desde mayo por más de u$s 7.000 millones 

Crece el nerviosismo entre los tenedores de u$s 15.000 millones de deuda provincial argentina, que creen que la presión del gobierno nacional está detrás del pedido "arbitrario" de reestructurar la deuda, lo que podría ocasionar grandes pérdidas a los inversores.

Tras la exitosa reestructuración de u$s 65.000 millones de deuda soberana con acreedores extranjeros en agosto, el gobierno izquierdista argentino inició conversaciones con el FMI para renegociar el reembolso de los u$s 44.000 millones que recibió el país desde la crisis cambiaria de 2018.

Los acreedores extranjeros de las provincias argentinas dicen que el gobierno nacional está presionando a las autoridades provinciales para que exijan reestructuraciones punitivas que afectarán la mayor parte del mercado, obligándolos a incurrir en pérdidas o sufrir quitas de deuda.

"La idea de que cada provincia, sin importar sus circunstancias, debe incumplir con los pagos y seguir el mismo enfoque empleado para la deuda soberana es profundamente cínica. Como acreedores, no vamos a considerar ese marco, y las provincias lo reconocen", dijo Daniel Freifeld, fundador de Callaway Capital Management, que posee bonos provinciales argentinos.

Freifeld agregó: "muchas provincias están atrapadas" entre los acreedores y el gobierno nacional y señaló que, mientras tanto, las provincias están postergando la llegada de posibles inversiones y acumulando intereses impagos.

Callaway y otros acreedores crearon la primera comisión de tenedores de bonos provinciales argentinos, reproduciendo los esfuerzos que se hicieron a nivel nacional. La comisión, que incluye bonistas con deuda provincial por un total de u$s 3.000 millones, sostiene que las negociaciones deberían basarse en lo que las provincias pueden pagar, y no en lo que el gobierno nacional desea que desembolsen.

Los inversores piensan que la intransigencia del gobierno se debe a que éste busca proteger las decrecientes reservas de divisas que tiene el país, consideradas un baluarte contra la debilidad de la moneda. El tipo de cambio oficial del peso ya ha perdido un cuarto de su valor en dólares este año, después de que la crisis del coronavirus exacerbó una recesión que lleva tres años.

"Sería una tontería que insistieran en quitas arbitrarias y artificiales cuando tienen cosas mucho más importantes que hacer", señaló un alto ejecutivo de un hedge fund que posee deuda provincial, insistiendo en que Argentina tendría dificultades para atraer capitales que apoyen su recuperación si algunas provincias siguen exigiendo lo que los acreedores consideran condiciones de pago poco inadmisibles

Los litigios "no se pueden descartar", advirtió el inversor. "Nosotros preferimos evitarlo, porque es perjudicial para todos, pero los acreedores no tienen una paciencia infinita".

"No hay ningún argumento real para que las provincias busquen el mismo tipo de alivio de la deuda que el soberano", coincidió Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Portfolio Personal Inversiones, una firma de inversiones de Buenos Aires.

Si bien los costos del servicio de la deuda previos a la reestructuración para el gobierno nacional eran superiores al 20% de la producción económica, para la mayoría de las provincias esa proporción es de un solo dígito, agregó Stoeppelwerth. El apalancamiento también es menor a nivel provincial.

Algunas provincias dirigidas por políticos independientes del gobierno nacional han llegado a acuerdos con sus acreedores, en particular Mendoza y Neuquén, pero otras prefieren jugar duro.

La mayor batalla es con la más grande y empobrecida provincia de Buenos Aires. Con bonos defaulteados desde mayo por más de u$s 7.000 millones, y gobernada por Axel Kicillof, ex ministro de Economía y figura influyente de la alianza gobernante, la provincia propuso una reestructuración de su deuda que dejaría a los inversores con un valor de recuperación estimado de 46 centavos por dólar, mientras que los bonistas quieren 85 centavos.

Ese enfrentamiento colocó al bono de la provincia con vencimiento 2024 en terreno de deuda distressed. Se encuentra por debajo de los 40 centavos por dólar, tras haber cotizado a 50 centavos en agosto.

Marcelo Etchebarne, director del estudio jurídico DLA Piper, que representa a varias provincias en las negociaciones de la deuda, argumenta que dada la "catastrófica" situación económica de la Argentina -que según él se asemeja al derrumbe financiero que sufrió el país en 2001-, a muchos inversores se les está ofreciendo "un acuerdo muy bueno a la luz de las circunstancias".

Advirtió que en el peor de los casos, las provincias podrían declararse en quiebra, como lo hizo Detroit en 2013. "Pregúntenle a los acreedores de Detroit cómo les fue", dijo y recordó que los acreedores sin garantías recibieron menos de 20 centavos por dólar.

"A fin de cuentas, se trata de la capacidad de pago, pero no sólo de pagar la deuda", agregó Etchebarne. "Antes de cancelar la deuda, las provincias tienen que pagar a los jueces, a los docentes, a la policía."

A pesar de la mayor tensión, algunos analistas piensan que muchas provincias terminarán acordando con sus acreedores a fines del primer trimestre del próximo año. Podrían mejorar esas perspectivas si el país acordara relativamente rápido con el FMI, sobre todo si eso conduce a un repunte de la deuda soberana de Argentina.

Un bono con vencimiento 2030 se ubica por debajo de los 40 centavos por dólar, pese a la reestructuración de la deuda. En septiembre se negociaba a 52 centavos.

"Argentina no va a salir de su actual laberinto económico hasta que se resuelva este problema con las provincias", concluyó Freifeld.

Traducción: Mariana Oriolo

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