FT: Los países pobres necesitan que los acreedores sean flexibles

El mundo en desarrollo necesita más ayuda en su lucha contra el virus y el derrumbe económico 

Los países del G20 congelaron los pagos de préstamos oficiales por parte de países de bajos ingresos hasta fines de 2020. El FMI puso u$s 100.000 millones a disposición de las economías en desarrollo. Ambas iniciativas son útiles, pero no lo suficientemente  generosas. Sin embargo, los acreedores privados se resisten a suspender de manera voluntaria el cobro  de los préstamos de la deuda soberana comercial.

Esta posición es insostenible. Plantea la posibilidad indecorosa de que los países pobres reciban alivio de la deuda solo para pagarle a los acreedores privados, incluidos bancos y hedge funds. En cambio, ese dinero debería estar a su disposición para combatir las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de Covid-19, un shock completamente exógeno del que los países más pobres del mundo no tienen la culpa.

Más allá del problema ético, la insistencia en que se siga normalmente con el servicio de la deuda agregará una crisis de balanza de pagos a la devastación económica que ya está causando la pandemia. Probablemente, el resultado de eso sea una cascada desordenada de defaults que retumbará durante años.

¿Cómo se resolverá este desastre? Por supuesto, genera dificultades una suspensión general del servicio de la deuda comercial. Los países que se han esforzado para ganarse la reputación de acreedores responsables corren el riesgo de terminar siendo agrupados con aquellos que gastaron de manera imprudente. Podrían quedar fuera de los mercados de deuda durante años. Algunos tenedores de bonos también impugnarán cualquier pausa en los pagos, lo que aumenta la posibilidad de largas batallas judiciales.

Por lo tanto, cualquier suspensión debe ser negociada por un organismo multilateral como el FMI. Los países del G20, especialmente aquellos bajo cuyas leyes se emite la deuda, deben presionar a sus propias instituciones financieras para que acepten un acuerdo. Después de todo, muchas de esas entidades se benefician del apoyo financiero masivo de los bancos centrales.

Los programas institucionales inteligentes pueden ayudar a proteger a los países pobres de la mancha que significa caer en default y lograr que sea más aceptable para los acreedores acordar una pausa. Una idea sería que los gobiernos canalizaran los pagos de la deuda en un fideicomiso administrado, por ejemplo, por el Banco Mundial, del cual podrían tomar un préstamo para luchar contra el Covid-19. Una vez que la crisis ha pasado, se puede reestructurar la deuda si fuera necesario. Para preparase, quienes diseñan las políticas económicas del mundo deberían revivir los esfuerzos anteriores apuntados a armar un mecanismo global de reestructuración de deuda soberana.

Incluso eso generaría problemas, de los cuales el más urgente es qué hacer con los países de ingresos medios. Éstos también corren el riesgo de sufrir una crisis de balanza de pagos. El FMI calcula que las necesidades financieras de todas las economías de ingresos bajos y medios llegan a u$s  2,5 billones o más.
Una solución habría sido emitir u$s 1 billón en nuevos derechos especiales de giro, un equivalente global de la impresión de dinero de los países ricos por parte de los bancos centrales, pero Washington ha vetado esa idea. Estados Unidos debería repensar, o proponer otra forma de obtener recursos suficientes para los países más pobres.

Al fin y al cabo, lo que más importa es que haya un ingreso neto de recursos, y no tanto cómo llega ese dinero a las economías en desarrollo. También es vital que China participe, Si Beijing insiste en mantener negociaciones bilaterales, con razón, será acusado de ser oportunista frente a las iniciativas de condonación de la deuda de otros.

Un colapso económico en los países más pobres amenazaría la estabilidad financiera en otros lugares y dañaría la capacidad del mundo para contener el coronavirus. Los gobiernos de los países ricos han derrochado con razón billones de dólares en sus propias empresas y ciudadanos para ayudar a compensar el costo económico. El egoísmo ilustrado, así como la decencia común, exigen un tratamiento similar para las personas más pobres del mundo.

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