Argentina intenta limitar el impacto del "escándalo de los cuadernos"

Como fundador del conglomerado Corporación América, Eduardo Eurnekian hace décadas que está en la primera línea de los negocios en Argentina. Y dejó muy en claro que las coimas en el país estaban fuera de control.

"Todos tenían que aportar, de lo contrario quedabas afuera", dijo el magnate de los aeropuertos refiriéndose a las prácticas corruptas que durante mucho tiempo fueron generalizadas en el sector de obras públicas en Argentina.

Pero a Eurnekian, que tiene 85 años, también lo motivan las señales de que el gobierno del presidente Mauricio Macri está tratando de hacer "bien las cosas" al enfrentar la corrupción endémica expuesta por un creciente escándalo que incluye a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y una serie de compañías líderes de Argentina. "Hay un proceso de limpieza que es muy positivo", dijo Eurnekian.

Sin embargo, incluso después de tres años en el poder, al gobierno de Macri le resulta difícil escapar del legado de Cristina Kirchner y su difunto esposo Néstor Kirchner.

El llamado escándalo de los cuadernos surgió en agosto con la publicación de una serie de anotaciones que detallaban los sobornos de compañías argentinas a funcionarios del gobierno de Fernández. Con similitudes con la enorme investigación de corrupción Lava Jato en Brasil, involucra a múltiples empresas argentinas y pone en riesgo inversiones planificadas que impulsarían el crecimiento.

También contribuyó a la crisis cambiaria que este año sufrió Argentina, dado que les dio a los inversores otra razón para vender pesos, por temor a que se paralice la inversión ya golpeada por los recortes vinculados a la austeridad.

Zarandeado por el aumento de las tasas de interés globales y la peor sequía en 50 años, el peso se derrumbó. Esa fuerte caída finalmente llevó a Macri a recurrir al FMI en agosto y solicitarle más dinero del acordado en el convenio inicial de hace dos meses.

Debido al escándalo, Fernández fue imputada por un juez federal por sexta vez. Hay ejecutivos de empresas grandes, como el conglomerado industrial Techint, que también están implicados al igual que aliados de Macri, incluyendo su primo Angelo Calcaterra, el ex dueño de la constructora Iecsa. Ningún funcionario de la administración Macri aparece en la causa.

La ex presidente negó haber recibido coimas, mientras que un director de Techint, Héctor Zabaleta, y Calcaterra se convirtieron en arrepentidos y aceptaron colaborar con la investigación. Calcaterra admitió haber pagado coimas bajo presión.

En qué medida el escándalo golpeará a la economía real en definitiva dependerá de la capacidad del gobierno de implementar mecanismos que permitan a las empresas acusadas de corrupción pagar multas y seguir adelante, y no dejarlas en el limbo legal impedidas de acceder al crédito o de licitar para obtener nuevos contratos.

Sin embargo, Marcelo Etchebarne, director en el país de la consultora DLA Piper Argentina, dijo: "Argentina no tiene una legislación adecuada para lidiar con compañías implicadas en causas de corrupción, lo que podría tener un impacto negativo a largo plazo para la economía".

Este mes, el gobierno tomó medidas para contener las consecuencias del escándalo. Dio a conocer planes que penalizarán a los individuos y obligarán a las empresas a pagar multas y someterse a controles más estrictos, en vez de quitarles los contratos vigentes o prohibirles su participación en proyectos de participación público privada (PPP). Eso limitaría el impacto sobre la economía y evitaría la pérdida de puestos de trabajo.

Eurnekian, cuya constructora participa del programa PPP, aseguró: "Siempre habrá compañías que cubran el vacío (si otras se retiran). Las obras públicas no se verán afectadas" por el escándalo de corrupción.

La crónica debilidad del sistema legal argentino obstaculiza el esfuerzo del país de limitar la corrupción. Macri trata de fortalecer el poder ejecutivo reemplazando gradualmente aquellos jueces federales considerados corruptos o leales a la administración anterior. Sin embargo, ha avanzado poco.

"La politización del sistema judicial de Argentina probablemente obstaculice las investigaciones", dijo Juan Cruz Díaz de Cefeidas, una consultora en Buenos Aires.

En realidad, pocos esperan que el escándalo de los cuadernos alcance la escala de la investigación Lava Jato de Brasil, que condujo al juicio político de una presidente en funciones y a la prisión de un ex presidente y de Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más ricos del país. La impunidad sigue siendo generalizada en Argentina, donde sólo 2% de las causas por corrupción presentadas por fiscales en la década pasada derivó en penas concretas.

Para Macri, algunos creen que el escándalo podría ayudarlo políticamente porque dirigiría el foco de atención hacia la corrupción del gobierno de Fernández, que sigue siendo la líder de la oposición más popular de Argentina a un año de las próximas elecciones pese a sus múltiples causas.

Si bien la corrupción hace tiempo que se tolera en América latina, el Lava Jato expuso el alcance del cohecho y convirtió el tema en la principal preocupación de los votantes. Eso podría significar que la tendencia a pensar "seguí adelante, no pasa nada acá" quizás ya no se sostenga.

Para Etchebarne, el escándalo de los cuadernos podría ser "un saludable punto de inflexión en la historia argentina".