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DOMINGO 17/02/2019

Siete respuestas sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

El gerente de Business Risk Management del estudio San Martín Suarez y Asociados (SMS), Mariano Joaquín Fernández, resume en diálogo con El Cronista los pormenores de la norma que busca combatir la corrupción pública desde la arista corporativa.

Siete respuestas sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

El caso Odebrecht marcó un punto de inflexión en lo que hace a políticas anticorrupción en el mundo. La investigación se inició en Brasil y los Estados Unidos y alcanzó a más de una docena de países. La Argentina quedó al desnudo: mientras los ejecutivos de la constructora reconocían el pago de millonarios sobornos en el país, la ausencia de legislación relativa al tema garantizó, hasta ahora, la impunidad de empresarios y políticos. El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria busca tapar ese vacío. Mariano Joaquín Fernández, gerente de Business Risk Management de San Martín Suarez y Asociados (SMS),lo explica a El Cronista.

- ¿Cómo surge el proyecto?

Durante los últimos meses se debatió en Diputados el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Este fue enviado al Congreso en octubre de 2016, y buscaba alinear la legislación nacional y sus instituciones a los requisitos establecidos por la OCDE, de forma tal de subsanar un letargo de 16 años en los que la Argentina como país ratificante de la Convención de la OCDE, no había implementado una ley para combatir el soborno y delitos de funcionarios públicos en el extranjero.

- ¿Qué se aprobó en Diputados?

En su espíritu, el proyecto concebía que la forma más apropiada de mitigar estos hechos era dotando a las firmas de políticas y procedimientos para detectar delitos contra la administración pública, a punto tal que en el texto original se responsabilizaba solo a las personas jurídicas en caso de que la comisión del delito haya sido por un control "inadecuado". En el texto aprobado en Diputados, la responsabilidad se extendió a una amplia variedad de delitos: sobornos, tráfico de influencias, peculado, negociaciones incompatibles y más. En realidad, todos los del Código Penal.

- ¿Qué no se aprobó?

En el camino, se eliminó y volvió a agregar el "acuerdo de colaboración eficaz", por el cual las empresas podían acogerse a un acuerdo confidencial para dar información tendiente a identificar a los perpetradores y recuperar los bienes producto del delito. Uno de los aspectos más controvertidos fue la inclusión y posterior exclusión de una variante de este por hechos anteriores a la sanción de la ley con la intervención de la Procuración del Tesoro y no el Ministerio Público Fiscal.

- ¿Qué sanciones prevé la nueva ley para empresas y políticos?

Las multas quedaron fijadas entre el 1% y 10% de los ingresos brutos anuales -la mitad de lo propuesto en el proyecto original-, pero se aumentaron las penas para delitos de corrupción y defraudación a la administración pública.

- ¿Previene el delito o actúa después?

Lo que nadie cuestionó en todo este tiempo, y que debe importar a las empresas en pos de adecuarse a los nuevos requerimientos, es el programa de integridad. Y pareciera que, aun sin estar vigente la ley, nos demuestra que la prevención resulta ser la medida más económica y eficaz para protegerse de los perpetradores que puedan poner en riesgo la continuidad de los negocios y el capital reputacional. El programa será un familiar directo del programa de cumplimiento; el oficial de cumplimiento incorporará otras responsabilidades a la lista de normas por las que debe velar. El reto para él, su equipo y la dirección será encontrar la adecuación del programa a la realidad, dimensión y riesgos de la empresa. El compromiso de la dirección, el código de ética, la evaluación de riesgos, la creación de alertas tempranas y los procedimientos que establezcan reglas claras para interactuar en el sector público, serán las piezas clave del sistema de prevención de las organizaciones.

- ¿Qué puede esperarse que suceda en el Senado?

En agosto comenzó el tratamiento en Senadores. En algo hay unanimidad: es un hecho que el texto volverá a Diputados; desde que llegó a la Cámara Alta, se reconoció que estaba viciado y necesitaba revisiones. En su afán de ser inclusivos, se cometieron contradicciones e incluso se dio carácter de imprescriptible a delitos de corrupción comparables a los de lesa humanidad.

- ¿Está de acuerdo el sector empresario con la ley? ¿Qué cambios reclama?

Las voces que expusieron hasta ahora celebran que se esté avanzando con una ley de este tipo, pero reconocen que, en el apuro, se perdió el norte. Comienza nuevamente a escucharse la importancia del programa de integridad. Se habla de retomar el texto original enviado por el Ejecutivo el año pasado, en que el criterio para las penas era subjetivo y no objetivo, y la prevención era tan o más importante que el castigo.

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