Nuevos proyectos en materia carcelaria

El financiamiento, lo que está hecho y lo que queda por hacer, en tres provincias.

El sistema carcelario nacional se encuentra pronto a sufrir modificaciones. Se trata de la creación y ampliación en infraestructura. Desde el Gobierno nacional pretenden alcanzar esto a través de la Participación Público-Privada (PPP), una modalidad de financiación alternativa -distinta a las inversiones solventadas con el gasto público y a los recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito- reglamentada en el mes de febrero.

En la provincia de Buenos Aires se pretenden añadir unas 9.000 plazas en el sistema penitenciario federal. Para alcanzar este número, se proyectan, al menos, tres nuevos presidios con el aporte de capitales particulares. Según datos oficiales, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, se proyecta edificar un centro de 5.280 plazas. El segundo será el Centro Penitenciario Federal VI, en Ezeiza y tendrá 3.744 plazas. También se ampliará el Complejo Agote II, en Marcos Paz, que sumará otras 600 plazas.

En Mendoza, la gobernación licitó el pasado 4 de septiembre la construcción del Instituto de Formación de San Felipe. Este caso pertenece a un plan de ocho obras amparadas en el plan de construcción y refacción de las unidades penitenciarias de la provincia que, según datos oficiales, alcanza un monto total de $ 2.200 millones y en 2019 prevé poder alojar otros 1.500 presos. Existe preocupación de algunos sectores porque se trata de un presupuesto que superó el 60% de la partida total prevista para todos los trabajos públicos en el presupuesto provincial de 2017.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, se habilitaron a fines del mes de agosto unos módulos carcelarios, que engloban a una infraestructura edilicia de casi 3.000 metros cuadrados, que dará alojamiento a 80 detenidos y demandó una inversión provincial de $ 90 millones.

Ya sea por inversión privada o pública, extranjera o nacional, los organismos estatales están de acuerdo en que las condiciones dignas y las oportunidades de reincorporación de los convictos a la sociedad es una política "urgente", según definen.

 

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