Nuevo estatuto para regular a las 2.000 empresas de seguridad privada

El ministerio de Justicia de Brasil está terminando la propuesta de un nuevo Estatuto de Seguridad Privada, que regule la actividad en bancos, shoppings y estadios de fútbol, el transporte de valores y la escolta armada, incluyendo la reglamentación de la seguridad electrónica.
El número de vigilantes privados en el país supera al de policías. Son 600.000 que actúan legalmente, mientras los integrantes de las policías federal, civil y militar no llegan a los 500.000 en todo Brasil.
Las 2.000 empresas de seguridad que actúan actualmente en Brasil mueven cerca de R$ 32.000 millones al año, según datos de la Asociación Brasileña de Empresas de Vigilancia (Abrevis).
Paralelamente, existe el segmento de seguridad electrónica, que provee servicios como cámaras, alarmas y control de acceso -que el año pasado movió R$ 3.600 millones. La seguridad privada tiende a crecer aún más con la participación en grandes eventos, como el Mundial de Fútbol, otro punto que pretende abordar el nuevo estatuto.
A pesar del tamaño del sector, la legislación sobre seguridad privada en vigor, que rige desde 1983, se considera superada. Existen muchas personas trabajando con seguridad privada, pero el perfil del área cambió mucho, dijo el secretario de Asuntos Legislativos del ministerio de Justicia, Marivaldo Pereira.
La cartera de Justicia ingresó en la etapa final de discusiones con los sectores involucrados y pretende encaminar al gobierno, en breve, un borrador del proyecto de ley sobre seguridad privada. Tras un primer debate interno, Presidencia encaminará la propuesta final al Congreso. Según Pereira, precisan definirse las carreras relacionadas al área y los requisitos mínimos de seguridad.
Una de las innovaciones esperadas es la regulación de las empresas de sistemas electrónicos de seguridad -más específicamente, el segmento responsable por el seguimiento de esos sistemas, como el acompañamiento de señales de alarmas e imágenes a distancia, que hoy no está sujeto a ningún tipo de fiscalización. Son centrales de inteligencia que detentan informaciones confidenciales del cliente, explicó la presidenta de la Asociación Brasileña de Empresas de Sistemas Electrónicos de Seguridad (Abese), Selma Migliori.
El segmento que reúne cerca de 18.000 empresas, también sería controlado por la Policía Federal (PF), como ocurre con el sector de seguridad privada en general.
Otra novedad prevista en el estatuto es la criminalización de los servicios de vigilancia clandestina. En esos casos, se responsabilizaría al dueño de la empresa que actúe ilegalmente, y no al vigilante.
El presidente de la Confederación Nacional de Vigilantes, José Boaventura Santos, estimó que más de dos millones de vigilantes actúan de forma irregular en el país, sin control de la PF.
Es un ejército clandestino de personas armadas, dijo Santos, señalando que en muchos casos ese tipo de servicio lo hacen policías. "En algunos lugares, llega al extremo de convertirse en milicias", agregó.
El nuevo estatuto incluirá también requisitos mínimos de seguridad para las instituciones financieras, como el número de trabajadores exigido en cada agencia bancaria. Asociaciones representativas de trabajadores defienden la obligatoriedad de equipamientos como puertas de seguridad con detector de metales.
El criterio de formación de vigilantes en los cursos autorizados por la Federal también se modificará, con un probable aumento de la carga horaria. Los vigilantes que realizaron esos cursos y que están registrados en la PF son más de dos millones, aunque el número de profesionales en actividad regular sea de 600.000.
También está en debate el aumento del capital mínimo para la constitución de empresas de seguridad, actualmente de cerca de R$ 100.000. "Hoy, cualquiera puede armar una empresa de seguridad. Con el aumento del capital, habría un fondo que se utilizaría en caso de necesidad, aumentando las garantías laborales", sugirió José Jacobson Neto, presidente de Abrevis.
La entidad reúne 200 asociados y contrató para actuar como director ejecutivo al ex director general de la Federal y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Paulo Lacerda.
Abrevis defiende la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Privada, con la participación del poder público y de entidades patronales, laborales y quienes requieren los servicios de seguridad privada, además de un Consejo Consultivo para formular políticas en el área.
La Policía Federal controla la actuación de las empresas de seguridad privada en Brasil. Precisan de un permiso especial para funcionar, que debe renovarse anualmente. Los vigilantes se preparan en cursos autorizados por la PF y se actualizan cada dos años. Entre las exigencias está la ausencia de antecedentes criminales.
La seguridad privada en general se limita a la actuación "intramuros", es decir, de la calle hacia dentro de un inmueble. La policía mantiene exclusivamente la función de vigilar las calles. Los vigilantes solo pueden actuar en la vía pública en casos específicos, como en la escolta de cargas y transporte de valores. Además, hacen cursos específicos para utilizar armas. Pero en lugares donde hay grandes concentraciones de personas o en eventos multitudinarios se recomienda que estén desarmados. Los vigilantes no tienen porte de armas, que le pertenece a la empresa de seguridad. Una vez que terminan la jornada laboral, los equipos se guardan en las empresas, dentro de cofres.