Viernes  13 de Octubre de 2017

Fiscales: los guardianes de la democracia

Más de 200.000 personas actuarán como autoridades en una de las 97.000 mesas que formarán parte de las elecciones, el próximo 22 de octubre. La responsabilidad de quienes cuidan el voto de los ciudadanos radica en garantizar la transparencia del proceso electoral. ¿Con qué criterio se los elige? ¿Cuán capacitados están? ¿Qué pasa si no cumplen con su deber?

Fiscales: los guardianes de la democracia

De cara a la contienda electoral del próximo 22 de octubre, en los análisis políticos prevalecerán los nombres y las caras de varios candidatos. Según opinan desde la Cámara Nacional Electoral (CNE), se trata de una campaña que no ha tenido "una presencia exorbitante de las agrupaciones en cartelería y televisión, como sí la tuvieron en otras oportunidades". Sin embargo, las elecciones tienen otros actores relevantes de los que no se conocen ni los nombres ni las caras, pero que tienen un rol esencial durante los comicios: las autoridades y los fiscales de mesa, garantes del sistema democrático.

En las próximas elecciones habrá, a lo largo y ancho del país, "unas 97.000 mesas", indican a El Cronista desde la CNE. En cada una de ellas se seleccionan, en promedio, dos autoridades (puede que, excepcionalmente, se designen tres). De todas formas, hay que distinguir entre autoridades, nombradas por la Justicia Electoral, y fiscales partidarios, propuestos por los diversos partidos.

"Fiscales, autoridades de mesa y votantes son los actores clave de las elecciones que se llevarán adelante el 22 de octubre y cada uno, desde su lugar, colabora con la transparencia del acto electoral", plantea Sofía Álvarez, referente del Eje de Educación Ciudadana y Voluntariado de Asociación Conciencia, una ONG que lleva a cabo la campaña "Guardianes del voto" para promover la transparencia en los comicios.

Cada uno de estos actores tiene su rol en la elección. Los fiscales deben corroborar que el presidente de mesa reciba la urna del empleado del correo, que haya boletas de su partido durante toda la votación y que no se realice un conteo tendencioso al final del acto electoral, así como solicitar el certificado de escrutinio. Por su parte, las autoridades, que son el presidente y suplente o vocal de mesa, "representan la máxima autoridad el día de los comicios, siendo el control no partidario tan importante como el rol que desempeñan los fiscales", dice Álvarez.

Aires de presidente

Aquellos que son designados para ser autoridades de mesa cobran un viático, que fija el Ministerio del Interior. Es de $ 600 más un adicional por capacitación -no obligatoria- de $ 450. Esta suma rigió en las PASO y regirá en las generales del 22 de octubre.

El presidente de mesa, dice Claudio Bargach, coordinador de la Red Ser Fiscal, es la persona más importante de la elección. Pero, en su opinión, falta tanto espíritu de la importancia de serlo como capacitación práctica. La CNE ofrece curso presencial u online. Sin embargo, ¿es suficiente un incentivo económico para lograr que las personas se comprometan con la responsabilidad de presidir una mesa durante la elección?

"Estamos en un 50% de capacitados", dicen desde la CNE, y añaden que el porcentaje de ausentismo a las capacitaciones de las PASO fue menor que el de las elecciones anteriores. "Aún no tengo el dato cerrado de las PASO porque recién se están iniciando las causas penales para los ausentes que no están justificados. Estamos todavía en período de tareas preparatorias", aporta una autoridad electoral a este medio.

Si bien desde la cámara asumen que la tarea de la autoridad de mesa es muy exigida, y de una intensidad y extensión en la jornada electoral de las que no todos tienen noción, consideran que "desde que se modificó la ley hace varios años, no se pretende pagar por el trabajo efectivamente desempeñado, sino que es una compensación por los gastos que requiere". "En ese marco, de $ 1.050 que puede percibir el ciudadano que es convocado, $ 450 es un porcentaje alto sobre ese total. La verdad es que funciona bien como incentivo", sostienen.

¿Un sistema al azar?

Para la designación de autoridades hay un sistema aleatorio, pero con una selección previa. "La primera premisa es que tienen que ser electores de esa mesa, que tiene algunas excepciones cuando no existen cantidades de electores que cumplan con los requisitos", cuentan desde la CNE. Además, la ley exige que sepan leer y escribir.

Luego, la Justicia Electoral fija parámetros de prioridad a partir del nivel educativo, profesiones y ocupaciones, y rangos etarios. "Estos no son uniformes a nivel nacional, sino que tienen que ver con lo que tradicionalmente cada distrito resulta del modo más eficiente. No es lo mismo elegir docentes en la Capital Federal, que priorizarlos en algunas provincias del interior", dicen desde la CNE.

Respecto de la edad, por ejemplo, en Tucumán tienen mucho éxito con los jóvenes que recién ingresan a la participación electoral. Tienen compromiso cívico, reciben de buen grado la designación, intervienen activamente en la capacitación y cumplen muy bien con su desempeño. Por eso es que les dan mucha más prioridad de la que se les suele dar en el resto del país. Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires, "los jóvenes tienen mayor apatía", apuntan desde la CNE.

No obstante, existe un registro voluntario para quienes quieran ser autoridades, que administra la CNE. Si bien desde allí aseguran que aún no les han pasado las cifras de las últimas PASO, Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, estima que "no cubre el 10% de las mesas del país".

Más o menos voluntarios

En las últimas elecciones, sostienen desde algunos sectores, se percibió un mayor incentivo ciudadano para fiscalizar. El número de fiscales partidarios lo maneja cada uno de los partidos políticos. Bargach revela que en 2013 llegaron a los 43.000 voluntarios, pero después los pasaban directamente a los partidos. "No queremos dar un número que sea inexacto, pero los nuevos habrán sido 3.000 o tres mil y pico", estima.

La sensación que dieron los comicios presidenciales de 2015, cuenta Bargach, fue que, como había tres fuerzas políticas muy marcadas y competitivas, querían asegurarse una buena fiscalización. "Entonces, los voluntarios, que sienten simpatía con ellas, han tomado conciencia de que es necesario tener fiscales", dice.

Por el contrario, Jorge Landau, apoderado de Unidad Ciudadana, no cree que haya habido un aumento en la fiscalización voluntaria y que es algo que se limita a Buenos Aires: "Una cosa es querer fiscalizar en Vicente López o San Isidro, y otra es tener que fiscalizar en González Catán o Laferrere. Para eso no te sobra gente".

La "cancha inclinada"

"Solo los partidos de Gobierno, es decir, que están al frente de un municipio, una gobernación o un país, son los que pueden garantizar un fiscal de su partido en cada mesa", explica Querido respecto del fenómeno de la "cancha inclinada". Y argumenta que esto ha dado lugar a una serie de críticas acerca de la confianza en el sistema electoral.

Bargach coincide y sostiene que el partido de Gobierno, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, "tiene la estructura propia de la burocracia de gobierno". Aduce: "Tienen militantes, que a su vez son dirigentes o empleados, que después van a ser fiscales con mayor volumen de posibilidades. En cambio, a los partidos de la oposición, que no tienen una estructura, se les dificulta mucho más". En cambio, desde la CNE consideran que "no necesariamente el partido de Gobierno tiene resuelta la elección".

Landau cree que un partido de menor peso está en desventaja en cuanto a la fiscalización y que eso "no tiene solución". "¿Sabés por qué? Porque no es un problema de cuidar la boleta como piensan algunos, porque el voto es individual y cada persona que va a votar la tenés que identificar y no podés permitir que vote cualquiera", expresa, y considera que el tema del robo de boletas "está resuelto" y "ya no pasa más".

El destino de los infractores

El voto es obligatorio, por ende, al que no vota se le aplica una multa que ronda entre $ 50 y $ 500, según si es la primera infracción o ya es un infractor recurrente. En este sentido, quienes no participaron de las PASO de agosto tuvieron tiempo hasta el 12 de octubre para justificar su falta. Si no lo hicieron, tienen que pagar la multa.

"La autoridad de mesa no tiene posibilidad de eximirse o regularizarse con una multa. La autoridad de mesa que se ausenta sin haberse excusado en tiempo y forma está cometiendo un delito y le corresponde una prisión de seis meses a dos años", explican fuentes de la CNE. Lo que suele suceder, según cuentan, es que normalmente hay causas en suspensión de juicio a prueba -o probation- y que se les suele aplicar la carga de que sean autoridades de mesa en sucesivas elecciones, además de tomar algunos cursos de educación cívica específicos.

"Es muy raro que se llegue a prisión efectiva", afirman en la CNE, y recuerdan que hubo un caso, hace tres procesos electorales (en 2011), de alguien que se negó a hacer la probation y llegó a la condena de prisión.

El escrutinio provisorio

La Dirección Nacional Electoral depende del Poder Ejecutivo y es el organismo encargado de llevar a cabo el escrutinio provisorio. Desde la Cámara Nacional Electoral plantean: "Siempre la Justicia Electoral tuvo una lectura crítica de esto porque el Ejecutivo es uno de los contendientes en un proceso electoral". Sin embargo, el proceso de reforma política, aprobado por la Cámara de Diputados, incorporó la transferencia de la competencia del escrutinio provisorio. Todo dependerá de la voluntad del Senado de aprobarlo.

El planteo del juez Culotta

El juez Culotta, quien tiene a su cargo el control de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, dispuso pautas para limitar la cantidad de fiscales y para que los partidos comuniquen su modo de designación. Esto despertó algunas oposiciones porque, por ejemplo, puede darse que, por razones de fuerza mayor, se reemplace al sujeto que se preveía inicialmente para fiscalizar una escuela por otro.

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