La publicación de 40 documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta abrió este miércoles un nuevo frente político entre el Gobierno y el Partido Popular. La oposición sostiene que los informes prueban que el Ejecutivo disponía de información previa antes de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, mientras Moncloa rechaza que esas alertas permitieran anticipar la magnitud de lo ocurrido.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pidió directamente la dimisión del presidente Pedro Sánchez y acusó al Ejecutivo de haber incurrido en “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”.

Según Muñoz, en el Gobierno “tenían la información” y son por tanto “responsables directos de la invasión en Ceuta” y también de los fallecidos.

El PP pide la dimisión de Sánchez por la crisis de Ceuta

La publicación de los documentos desclasificados dio al PP nuevos argumentos para endurecer su ofensiva contra el Gobierno por la crisis de Ceuta. Ester Muñoz aseguró que la información conocida confirma que el Ejecutivo recibió advertencias antes de que la situación se desbordara.

La portavoz popular sostuvo además que los 40 documentos confirman “una mentira de Estado” y cuestionó que el Gobierno haya revelado solo una parte de la documentación disponible.

“Si esto es lo que ha sacado el Gobierno que cree que no le afecta, no nos podemos imaginar todo lo que hay que no han desclasificado”, afirmó.

Para el PP, el debate ya no se limita a determinar si existieron avisos previos, sino a establecer qué hizo el Ejecutivo con esa información y si actuó con suficiente anticipación ante la posibilidad de una entrada irregular en Ceuta.

El Gobierno niega que el CNI alertara de una llegada masiva

El Ejecutivo ofrece una interpretación completamente distinta. Según fuentes del Gobierno, “las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva” de migrantes a Ceuta.

La información previa señalaba que circulaba una convocatoria en dos grupos de Facebook para intentar entrar de forma irregular en la ciudad durante la semana de la Fiesta del Trono de Marruecos.

Para Moncloa, esa advertencia no permitía prever una entrada de la magnitud que se produjo apenas un día después. El Gobierno insiste así en diferenciar entre conocer la existencia de posibles intentos de entrada y disponer de información concreta sobre una llegada masiva.

Ese punto se convirtió en el centro de la disputa política. El PP sostiene que los avisos eran suficientes para adoptar medidas preventivas, mientras el Ejecutivo defiende que ninguna comunicación anticipó la escala de la crisis migratoria en Ceuta.

Albares asegura que no conocía una alerta de esa magnitud

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también rechazó que hubiera recibido información que permitiera prever lo ocurrido en Ceuta.

“Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30, a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha”, afirmó en Bruselas.

Albares explicó que, una vez iniciada la entrada masiva, las diferentes administraciones comenzaron a actuar de inmediato.

El ministro señaló que constató “que todo el mundo se puso manos a la obra inmediatamente para hacer lo que cada cual dentro de sus competencias de los contactos que tenía podía hacer en ese momento”.

También afirmó que ni los servicios de Frontex ni la Comisión Europea habían detectado señales que permitieran prever la llegada de más de 80.000 personas desde Marruecos.

Los informes constataron la pasividad de Marruecos

Los documentos sobre la crisis de Ceuta también muestran que, una vez comenzada la entrada masiva, los servicios españoles empezaron a detectar una actitud pasiva por parte de las autoridades marroquíes.

Un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, fechado a las 13:00 del 30 de julio, consideraba “muy probable” que las autoridades de Marruecos “no estén favoreciendo activamente ante la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva”.

El mismo documento señalaba que “no se puede descartar cierto nivel de descontento” en Marruecos relacionado con la visita de Pedro Sánchez a Argelia del 20 de julio.

También advertía que “tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos”.

Guardia Civil y Policía alertaron de un cambio de actitud

La Guardia Civil y la Policía Nacional también detectaron un cambio en la conducta de las fuerzas de seguridad marroquíes a medida que avanzaba la jornada del 30 de julio.

“Están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza”, advertía uno de los informes de la Guardia Civil.

Horas más tarde, otro documento reflejaba un “cambio de actitud” de las fuerzas marroquíes hacia los migrantes y señalaba que evitaban adoptar medidas de contención en plena Fiesta del Trono.

La Policía Nacional ya había advertido el 29 de julio de “una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí”. Cuando la situación se desbordó al día siguiente, tanto la Guardia Civil como la Policía empezaron a describir el escenario como un “evento migratorio masivo”.

Los servicios llegaron a advertir de un “riesgo de colapso extremo”

A medida que aumentaba la llegada de migrantes, los informes se volvieron más contundentes. El Cifas dio por “casi seguro que el deterioro de la situación en Ceuta requerirá la activación de las Fuerzas Armadas a muy corto plazo”.

También consideró “probable que se generen incidentes de seguridad pública” debido al deterioro de la situación.

Ya con la playa de El Tarajal desbordada, los cuerpos de seguridad describieron un escenario de “riesgo de colapso extremo” previsto “con carácter inmediato”.

Es esa evolución de las alertas la que ahora centra la discusión política: los documentos muestran que hubo advertencias previas, pero el Gobierno sostiene que ninguna anticipó una entrada de semejante magnitud.

La crisis de Ceuta abre una nueva batalla política

La publicación de los 40 documentos no cerró el debate sobre la crisis de Ceuta, sino que lo profundizó. Para el PP, la documentación demuestra que el Gobierno conocía una situación de riesgo y no actuó con suficiente anticipación.

Para Moncloa, en cambio, los informes prueban que existían avisos sobre posibles intentos de entrada, pero no una advertencia concreta de una llegada masiva de decenas de miles de personas.

El choque queda así concentrado en la interpretación de la información disponible antes del 30 de julio. Mientras el PP exige la dimisión de Pedro Sánchez por “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”, el Gobierno insiste en que no existía una alerta que permitiera prever la escala de la crisis.