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La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado marca el pulso político y económico de cada curso. Fijar ingresos y gastos, pactar prioridades e iniciar la tramitación a tiempo es la hoja de ruta que reclama la economía y también Bruselas
Este año, el plazo constitucional para presentar los presupuestos de 2026 ha vencido sin que el Gobierno completara los pasos previos. No están aprobados los objetivos de estabilidad ni el techo de gasto, trámites que consumen varias semanas.
Desde Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero aseguró: "Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto" y adelantó que llevará "pronto" al Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad.
El plazo se agota y el reloj parlamentario aprieta
La Constitución exige remitir el proyecto tres meses antes del 31 de diciembre. Esa obligación se ha incumplido en otras ocasiones, pero ahora se llega al límite sin trámites iniciados, lo que comprime un procedimiento que, en condiciones normales, roza los tres meses entre Congreso y Senado.
Si las cuentas no se aprueban a tiempo, se prorrogarán automáticamente las de 2023, hoy vigentes y camino de convertirse en las más longevas de la democracia.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió la intención del Ejecutivo: "la intención y el interés [...] es presentar unos presupuestos" y confirmó "conversaciones" con los grupos. Añadió que los objetivos de estabilidad y el techo de gasto se presentarán "lo antes posible" para su debate y votación.
La oposición eleva el tono y los aliados presionan por un acuerdo
El PP acusa al Ejecutivo de incurrir en "manifiesta inconstitucionalidad". Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, recordó el artículo 134.3 y criticó que el Gobierno no haya presentado las cuentas por tercera vez consecutiva el día de vencimiento: a su juicio, al presidente "le da exactamente igual" cumplir o no la Constitución. "No le importa estar toda la legislatura sin presupuestos", afirmó.
Las presiones no llegan solo desde la oposición. En el grupo Sumar, el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, pidió elecciones si no hay Presupuestos: "Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo".
Pueyo rechaza una tercera prórroga y exige "soluciones e infraestructuras" para Aragón. En paralelo, Compromís matiza: aprobar las cuentas es una "obligación", aunque sin ellas "se puede gobernar [...] de manera menos fina, menos garantista", pidió no causar alarma.
Qué falta por hacer y qué escenarios se abren ahora
Antes de registrar el proyecto, Hacienda debe pactar la senda de déficit y deuda y el techo de gasto: primero en el CPFF (comunidades) y en la CNAL (entidades locales), después en Consejo de Ministros y, finalmente, en Cortes.
Si Congreso y Senado no avalan la senda, el Gobierno debe proponer otra; si vuelve a rechazarse, seguirían vigentes los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya desfasados. El resultado condiciona todo el arco presupuestario de 2026-2028.
El escenario de prórroga no es meramente técnico: mantener las cuentas de 2023 limita la capacidad de orientación del gasto, traba la adaptación a las nuevas reglas fiscales europeas y reduce el margen para negociar políticas con los aliados parlamentarios. El Gobierno insiste en que presentará el proyecto; la incógnita es cuándo y con qué apoyos para superar el trámite de enmiendas a la totalidad y la fase de votaciones artículo a artículo.
Lo que se juega la economía con los presupuestos a contrarreloj
Cada semana sin proyecto es menos tiempo para negociar y ajustar partidas clave (inversión, transferencias a CCAA, gasto social, consolidación fiscal). En un contexto de vigilancia europea y tipos de interés altos, un presupuesto actualizado es la herramienta para ordenar prioridades y dar señales a empresas y hogares.
Si las cuentas llegan tarde o no llegan, España operará con una prórroga que no recoge los cambios demográficos, de precios o de reglas fiscales.
Moncloa asegura que trabaja para activar la maquinaria y registrar el proyecto lo antes posible. La oposición amenaza con llevar el debate al terreno constitucional, mientras parte de los socios aprietan para acelerar.
A partir de ahora, el foco estará en la senda fiscal, el techo de gasto y la aritmética en el Congreso. El calendario ya es el adversario: el país necesita presupuestos nuevos y el tiempo juega en contra.
