Fuente: EFE / EPA
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Este miércoles, a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del último decreto aprobado para poner en marcha el reparto obligatorio de menores migrantes por todo el país, ha continuado el cruce de declaraciones entre los distintos sectores políticos.
En ese contexto, el Gobierno español ha exigido que las comunidades autónomas cumplan con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, y aseguran no temer que prosperen los recursos del PP y de Castilla-La Mancha que pretenden frenar esta medida en los tribunales, según ha indicado la agencia de noticias EFE.
En ese sentido, la meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Tribunal ha ordenado al Estado, en los últimos meses a asumir la acogida de menores inmigrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, en un proceso coordinado con la comunidad autónoma.
Menores inmigrantes: qué denuncian las distintas autoridades
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales: tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, según difundió EFE, ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres en Televisión Española, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".
Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.
Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que tanto el Supremo como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores y que además el tribunal de garantías señaló que la cuestión de los menores era una "competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España".
Menores inmigrantes: dónde serán las derivaciones, por comunidad
Por el momento, EFE ha compartido los datos de futuras derivaciones que son provisionales y se deben recalcular a la baja, restando al millar de solicitantes de asilo que atenderá el Estado. De ese modo, sin la resta, las cifras por comunidad son las siguientes:
- Andalucía (677 jóvenes)
- Madrid (647)
- Comunidad Valenciana (571)
- Castilla-La Mancha (320)
- Galicia (317)
- Aragón (251)
- La Rioja (205)
- Castilla y León (197)
- Extremadura (159)
- Cantabria (156)
- Asturias (144)
- Región de Murcia (133)
- Navarra (188)
- Islas Baleares (49).
No obstante, debido al esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.
Menores inmigrantes: cuál es el pedido de Canarias
Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes.
Además, Clavijo ha denunciado xenofobia y fascismo: "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo".
Quejas de varias comunidades del PP y de Castilla-La Mancha
Entre tanto, EFE asegura que continúan las quejas de otras autonomías. Denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.
Asimismo, Andalucía ha vuelto a denunciar hoy, un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla.
Por otro lado, Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha argumentado que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger.
Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.
