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El Tribunal Supremo ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara desembolsos por valor de 95.437 euros que el exdirigente socialista habría realizado con dinero procedente de "ingresos no declarados".
El magistrado Leopoldo Puente ha convocado las declaraciones para los próximos 15 y 16 de octubre, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades económicas y adjudicaciones públicas que afectan al entorno del exministro.
Qué dice el informe de la Guardia Civil
Según el auto judicial, la UCO sostiene que Koldo García y su entonces esposa eran los "custodios y gestores" del dinero con el que se pagaban gastos personales de Ábalos. Entre ellos, destacan la pensión alimenticia de su hijo, el salario de su empleada doméstica y cuotas hipotecarias. Estos pagos, apunta el juez, alcanzaron "un importe verdaderamente significativo en términos económicos".
El juez Puente señala además que Ábalos no habría retirado dinero en efectivo de sus cuentas entre 2018 y 2023, algo que "contrasta con el elevado nivel de gastos detectado". En su auto, el magistrado afirma que "Ábalos podría haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos", añadiendo que los fondos en metálico "serían entregados por un tercero o por varios" a su asesor.
La UCO también advierte que no se hallaron contrapartidas en las cuentas del exministro que compensaran los desembolsos realizados por Koldo García. Esto lleva al juez a considerar que el asesor habría hecho los pagos "sin contrapartida explícita alguna" o que el dinero fue devuelto "en metálico o por medios desconocidos".
Las defensas contraatacan
Mientras tanto, la defensa de Koldo García ha pedido al Supremo la devolución de sus teléfonos móviles, intervenidos durante la investigación, al considerar que son "un elemento de prueba esencial" para desmentir el informe policial. En un escrito dirigido al magistrado Puente, su abogada denuncia una situación de "indefensión material" y solicita la suspensión de la instrucción si no se le devuelve ese material.
La letrada sostiene que los mensajes analizados por la Guardia Civil fueron interpretados "fuera de contexto" y que expresiones como "papel" o "soles", consideradas por la UCO como posibles referencias a dinero en efectivo, "son términos de uso común en Perú", país del que procede parte del vocabulario del exasesor. Según la defensa, el acceso a los dispositivos permitiría "contextualizar y desvirtuar las inferencias" contenidas en el informe.
Por su parte, el juez ha rechazado la personación de Claudia Montes, exmiss Asturias 2017, como acusación particular. La joven admitió haber pedido ayuda a Ábalos para conseguir trabajo y, según la UCO, habría sido contratada irregularmente en la empresa pública LogiRail "con la colaboración" del exasesor.
Los socios de Gobierno y la oposición hacen reclamos
El caso vuelve a sacudir al Gobierno y al PSOE. La oposición ha reclamado explicaciones inmediatas. Desde el PP, su vicesecretaria Cuca Gamarra exigió a Pedro Sánchez que "comparezca ante todos los españoles" y aclare "qué sabía del dinero en efectivo que circulaba de Ferraz a los ministerios".
Gamarra afirmó que el informe de la UCO "eleva las sospechas sobre la financiación del PSOE de una manera contundente"y aseguró que Ábalos y su exasesor "tenían un sistema perfectamente establecido de cobros" en el que los billetes de 500 euros se llamaban chistorras, los de 200 soles y los de 100 lechugas.
Desde Podemos, el secretario de Organización Pablo Fernández también ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez tiene todavía que abundar en muchas explicaciones que detallen por qué tiene a un secretario de Organización en la cárcel y a otro que puede acabar en la cárcel", declaró. Añadió que los pagos en metálico a Ábalos son "un sistema muy extraño de remuneración que se presta a generar situaciones de corrupción".
Mientras tanto, Sumar ha evitado pronunciarse sobre el caso, pero su portavoz Lara Hernández recordó que su grupo parlamentario ya propuso la creación de una oficina anticorrupción, bloqueada en septiembre por el voto en contra del PP, Vox y Junts.
El Tribunal Supremo continúa ahora con la fase más sensible del caso Koldo, que implica a ex altos cargos del Ministerio de Transportes y a figuras históricas del PSOE.
Las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García, previstas para el 15 y 16 de octubre, podrían marcar un antes y un después en una investigación que ya ha salpicado a la cúpula socialista y amenaza con nuevas consecuencias políticas.
