El Gobierno español consiguió este miércoles aprobar la ley de movilidad sostenible, una norma clave para acceder a fondos europeos, tras lograr la abstención de Podemos en una jornada de tensas negociaciones y votación ajustada en el Congreso.

El entendimiento se alcanzó a última hora, luego de que el Ejecutivo aceptara paralizar la ampliación del aeropuerto del Prat hasta 2031, un punto central en las exigencias del partido de Ione Belarra.

Una ley estratégica y un voto decisivo

El texto impulsado por el Ministerio de Transportes obtuvo 174 votos a favor frente a 170 en contra, gracias a la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que habían amenazado con tumbar la ley.

El proyecto, considerado fundamental para el Plan de Recuperación, permitirá el acceso a casi 10.000 millones de euros de fondos europeos. La negociación se mantuvo hasta el último momento, con propuestas que incluyeron la posibilidad de aplicar fiscalidad a los vuelos en primera clase.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, que se encuentra en viaje de bodas y no obtuvo autorización para votar de manera telemática.

Esa ausencia, unida al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos, resultó decisiva para el resultado final. El PP denunció la decisión de la Mesa del Congreso como una "falta de cortesía parlamentaria", mientras fuentes de la Cámara recordaron que los diputados no tienen derecho a vacaciones en período hábil.

¿Qué significa el acuerdo con Podemos para el futuro del Prat?

La principal concesión del Ejecutivo fue la paralización de las obras de ampliación del aeropuerto barcelonés del Prat, una exigencia que Podemos había fijado como condición indispensable.

El acuerdo supone detener el proyecto hasta 2031, una medida que contrasta con las demandas históricas de Junts, formación que siempre ha apoyado la expansión del aeropuerto como motor económico para Cataluña.

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, definió la ley como "una oportunidad perdida" para avanzar hacia la descarbonización, aunque celebró la inclusión de compromisos ambientales en la negociación. "No se puede hablar de sostenibilidad mientras se impulsan proyectos que aumentan las emisiones", afirmó.

¿Cómo impacta la aprobación de la ley en la estrategia del Gobierno?

La aprobación de la norma refuerza al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su objetivo de cumplir con los hitos europeos y avanzar en su agenda verde. La ley de movilidad sostenible establece el marco para regular las zonas de bajas emisiones, promover el transporte público y reducir la huella de carbono del sector.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó que se trata de una "ley de país" que busca modernizar el sistema de movilidad y garantizar un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Desde el bloque socialista, el diputado Ignacio López había instado a Podemos a elegir "entre los nuevos derechos o la extrema derecha", apelando a la responsabilidad de mantener la estabilidad legislativa.

La aprobación de la norma, tras semanas de tensiones y desencuentros en el seno del bloque de investidura, permite al Gobierno cerrar una votación clave y avanzar en su compromiso con la transición ecológica. Sin embargo, el pacto alcanzado también evidencia la fragilidad de los equilibrios políticos en el Congreso y la necesidad constante de negociar cada paso.