El Consejo de Ministros aprobará la apertura de archivos vinculados al intento de golpe del 23 de febrero de 1981, una decisión que llega tras décadas de reclamos políticos y académicos. La medida coincide con el 45 aniversario del asalto al Congreso y reactiva interrogantes históricos aún sin resolver.

Durante años, los distintos ejecutivos evitaron difundir esa documentación bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, vigente desde la dictadura de Francisco Franco.

El actual Gobierno sostuvo que la desclasificación debía encuadrarse en una nueva norma, cuyo proyecto se aprobó en 2025 pero no avanzó en el Congreso por falta de apoyos.

El anuncio del presidente Pedro Sánchez se produjo en redes sociales y estuvo acompañado por un fragmento de la presentación de la serie Anatomía de un instante, basada en el libro homónimo de Javier Cercas. Allí, el escritor reclamó que se levantara el secreto para frenar “bulos y bolas” sobre lo ocurrido aquel día.

¿Qué se sabe y qué podría revelarse tras la desclasificación?

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Los diputados permanecieron retenidos durante horas mientras en el exterior se desarrollaban movimientos militares que pusieron en jaque a la joven democracia.

Desde entonces, la narrativa oficial estableció responsabilidades penales sobre un grupo reducido de mandos militares y un implicado civil. Sin embargo, diversos investigadores sostienen que existen zonas grises.

El periodista Carlos Fonseca afirmó en su libro 23F. La Farsa que el relato podría modificarse si se levantara el secreto sobre determinados documentos.

Uno de los puntos más controvertidos refiere a la existencia de grabaciones telefónicas entre el Congreso y el exterior. El exvicepresidente Alfonso Guerra sostuvo que, al llegar el PSOE al poder en 1982, buscó esas supuestas cintas sin hallarlas.

En cambio, Francisco Laína declaró en distintas ocasiones que tales registros no existieron, aunque en entrevistas posteriores mencionó la intervención de líneas y una conversación grabada entre Tejero y Juan García Carrés.

¿Por qué la decisión genera divisiones políticas actuales?

La desclasificación no cuenta con respaldo unánime. La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, calificó la medida como una “cortina de humo” y cuestionó la oportunidad del anuncio. Desde esa fuerza sostienen que el Gobierno intenta desviar la atención de otros frentes abiertos.

En Cataluña, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, relativizó el alcance de la iniciativa. Consideró que los documentos del 23F forman parte de una “arqueología política” y reclamó que se abran también archivos vinculados a las denominadas “cloacas del Estado” y a los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

La incógnita sobre la figura del llamado “Elefante blanco”, supuesto mando superior que nunca apareció en el hemiciclo, permanece como uno de los grandes interrogantes.

Aunque el nombre del general Alfonso Armada circuló durante décadas, él siempre negó ese papel. La apertura de archivos podría arrojar luz sobre esa hipótesis o confirmar que algunos misterios del 23F continuarán sin respuesta definitiva.