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La Formación Profesional (FP) atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión en España. Con una demanda creciente, altas tasas de inserción laboral y un papel cada vez más relevante en sectores estratégicos, el sistema se ha consolidado como una alternativa formativa de primer nivel. Sin embargo, ese éxito también ha traído nuevos desafíos, especialmente vinculados al auge de centros privados sin suficientes garantías.
En ese contexto, el Gobierno anunció que aprobará un real decreto para frenar la apertura indiscriminada de centros privados de FP, con el objetivo de asegurar estándares mínimos de calidad, equidad y control. La medida apunta a ordenar un sector en plena expansión y evitar que la formación técnica se convierta en un negocio sin supervisión.
El Gobierno busca poner límites al crecimiento de la FP privada
El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno durante la clausura de una jornada dedicada a la relación entre Formación Profesional y empresa, donde advirtió sobre los riesgos de una expansión desordenada de la oferta privada. “Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes”, afirmó.
El jefe del Ejecutivo remarcó que formar técnicos, programadores, mecánicos o sanitarios “no es un negocio cualquiera” y subrayó que el crecimiento de la FP privada debe ir acompañado de exigencia académica y controles efectivos. Según explicó, el decreto se someterá a consulta pública en los próximos meses, con la intención de regular el acceso al sistema y proteger a los estudiantes.
El diagnóstico del Gobierno parte de un dato clave: en los últimos años, las matriculaciones en centros privados de FP crecieron al doble de ritmo que en los públicos, una tendencia que genera preocupación por la calidad de parte de esa oferta formativa.
Por qué el Ejecutivo alerta sobre los “chiringuitos” educativos
Desde el Ejecutivo insisten en que la iniciativa no busca excluir a la enseñanza privada, sino evitar que proliferen centros que operan sin una conexión real con el tejido productivo o sin recursos adecuados. “No rechazamos a las privadas, pero sí que algunas se conviertan en chiringuitos”, sostuvo el presidente, en una frase que sintetiza el enfoque del decreto.
Uno de los puntos más sensibles es el coste económico que afrontan muchas familias. Según datos citados durante el acto, algunos cursos privados de FP pueden costar entre 3000 y 9000 euros, sin que siempre exista una garantía clara de empleabilidad o calidad. Para el Gobierno, este escenario amenaza con abrir una brecha educativa basada en el nivel de ingresos.
“El futuro no puede depender de cuánto ganen sus padres ni de dónde nazcan”, afirmó el presidente, al defender la necesidad de equidad en el acceso y en los estándares formativos. En ese sentido, el decreto pretende asegurar que cualquier centro autorizado cumpla requisitos homogéneos, independientemente de su titularidad.
Una FP estratégica para el empleo y el desarrollo territorial
La apuesta por regular la FP privada se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema. Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes cursan Formación Profesional en España, tras una inversión pública acumulada de 7.400 millones de euros, según datos oficiales.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes destacó que la inserción laboral de la FP roza el 90%, y defendió un modelo que haga prosperar los territorios y ofrezca segundas oportunidades. “Que el código postal nunca decida su futuro”, sostuvo, al reivindicar una FP vinculada al empleo digno y a las necesidades reales del mercado laboral.
En esa línea, el Gobierno también anunció la ampliación de la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, con la apertura de diez nuevos centros este año, especialmente en sectores considerados estratégicos. El objetivo es reforzar la calidad del sistema público y su conexión con las empresas.
El papel de las empresas y la calidad como eje central
Otro de los ejes del debate gira en torno a la colaboración entre centros educativos y empresas. Tanto desde el Gobierno como desde el sector productivo se subraya que la calidad de la FP depende en gran medida de prácticas formativas bien estructuradas y tutorizadas.
Representantes empresariales destacaron que la integración de las compañías en el proceso educativo ha elevado el prestigio del sistema español incluso fuera del país. La figura del tutor de FP en la empresa, señalaron, actúa como una extensión del profesorado y mejora los resultados formativos.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo busca que esta exigencia sea común a todos los centros, públicos y privados. La intención es clara: ordenar el crecimiento de la FP, blindar su calidad y evitar que el éxito del sistema derive en una oferta desigual que comprometa su credibilidad a largo plazo.
