La crisis migratoria registrada la pasada semana en Ceuta entra en una nueva etapa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que 70.000 de las 72.000 personas que entraron en la ciudad autónoma ya han regresado a Marruecos, mientras que el Gobierno analizará la situación del resto para determinar si tienen derecho a permanecer en España.

El ministro ofreció estos datos tras participar en la reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea (UE), que mostraron su “firme solidaridad” con España por la gestión de la crisis y destacaron la necesidad de seguir luchando contra las redes de tráfico de migrantes y mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Marlaska explicó además que las actuaciones pendientes se desarrollarán conforme a la legislación española, la normativa internacional y el marco de protección de los derechos humanos.

Qué ocurrirá con las personas que todavía permanecen en España

El titular de Interior señaló que el Gobierno está realizando los trámites necesarios para “resolver la situación de ilegalidad” del grupo de personas que aún no ha regresado a Marruecos tras la entrada masiva registrada en Ceuta.

En este sentido, indicó que quienes no tengan derecho a permanecer en España serán “expulsados”, siempre con “cumplimiento estricto” de la ley española e internacional y de acuerdo con el marco de protección de los derechos humanos.

Marlaska recordó que, antes de la llegada masiva, el Ejecutivo ya trabajaba en distintas medidas para responder al incremento de entradas registrado durante los días anteriores, cuando en una semana accedieron a Ceuta unas 1.000 personas, principalmente a nado.

Interior asegura que no hubo ningún aviso previo del CNI

Durante la rueda de prensa, el ministro también insistió en que no existió “ningún informe” ni “ningún aviso” por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertara de una entrada masiva de personas como la ocurrida la pasada semana, ni siquiera de una situación similar a la registrada en 2021.

Según explicó, si hubiera existido una advertencia de ese tipo, habría llegado a las más altas instancias del Estado y se habría convocado “una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias”.

“No es ninguna censura a nadie. Hay cuestiones que pasan, y esto no es censurar a nadie. Reconozco el trabajo importante, relevante para la seguridad de todos nosotros que realizan los servicios de información”, afirmó Marlaska antes de reiterar que no había “ningún informe” ni “ningún aviso” sobre una situación de estas características.

La UE respalda a España y Marlaska pide a Italia retirar los controles

Tras la reunión con sus homólogos europeos, Marlaska destacó que los ministros del Interior de la Unión Europea trasladaron su “firme solidaridad” con España y reconocieron el trabajo realizado durante la crisis de Ceuta.

El ministro defendió además que tanto la Unión Europea como Marruecos consideran a España “un socio fiable”, lo que permite, según dijo, ser “muy eficaces en la lucha contra la inmigración irregular”.

Asimismo, expresó su confianza en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España. A su juicio, estas medidas son “absolutamente carentes de necesidad y de proporcionalidad” y reiteró que el espacio Schengen “no ha estado nunca ni en mínimo peligro” como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta.

El PP pide explicaciones por el cese de una responsable del Departamento de Seguridad Nacional

En paralelo, el Partido Popular exigió este martes que el director del Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, explique los motivos del cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) tras la crisis migratoria de Ceuta.

Según el PP, la funcionaria fue destituida después de publicar el pasado 31 de julio una alerta en la página web del DSN en la que, citando fuentes del Ministerio del Interior, cifraba en unas 49.000 las personas que habían entrado irregularmente en Ceuta.

Los populares sostienen que la alerta fue eliminada poco después de la web del DSN y reclaman conocer si el cese se produjo por “hacer bien su trabajo”, si el Ejecutivo tiene “miedo a la verdad” y si los hechos sobre los que alertó debían haberse mantenido ocultos a la opinión pública.