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En un giro clave dentro del conocido caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, señalado como comisionista en la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia, ha confesado su implicación en todos los delitos que se le imputan. Su intención es beneficiarse de una reducción de la pena, actualmente fijada en siete años de prisión, según lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
La decisión llega justo antes del juicio en el que Aldama compartirá banquillo con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Ambos están acusados de haber participado en una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos de material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia.
Confesión completa y colaboración activa con la Justicia
En el escrito de defensa presentado ante el Tribunal Supremo, Aldama se declara “responsable en concepto de autor” de los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Su defensa argumenta que no se trata de una estrategia de último momento, sino de una “colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana”, que permitió impulsar y ampliar la investigación.
El empresario no solo ha confesado los hechos, sino que también ha entregado documentación, escritos y declaraciones judiciales, que han servido para esclarecer la trama y definir el papel del resto de los implicados. Esta actitud colaborativa fue clave para que se le concediera la libertad provisional, y ha sido valorada por la Fiscalía como un gesto relevante en el proceso.
Aunque el Ministerio Público solicita una pena inferior a la del resto de los acusados —muy por debajo de los 24 años que se piden para Ábalos o los 19 años y medio para García— la defensa de Aldama solicita una rebaja aún mayor, amparándose en que la atenuante por confesión debe aplicarse de forma “muy calificada”.
Pagos millonarios y comisiones pactadas
Aldama también detalla cómo operaba la red de comisiones. Reconoce haber recibido 53 millones de euros en contratos públicos durante la pandemia, con una comisión de alrededor del 10%. La mitad de ese porcentaje, según su testimonio, fue entregada a Ábalos y Koldo García, quienes le habrían pedido explícitamente esos pagos: dos millones de euros para el exministro y 500.000 euros para su asesor.
“Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre Koldo y sobre Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos”, afirma el escrito de defensa.
El empresario explica que estos pagos formaban parte de un acuerdo general para asegurar adjudicaciones y facilitar gestiones dentro del Ministerio o en otras áreas de la administración. El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de corrupción en contrataciones de emergencia, donde se reducen los controles y aumentan las oportunidades de abuso.
Distancia con Villafuel y su rol en hidrocarburos
A pesar de su confesión, Aldama intenta alejarse del entramado empresarial de Villafuel, también implicado en la investigación. Asegura que “nunca se integró en la estructura” de esa empresa ni compartió intereses con ella, más allá de actuar como intermediario para la obtención de licencias en el sector de hidrocarburos.
Argumenta que en ese ámbito actuó como consultor para varias empresas comercializadoras, gracias a su experiencia en el sector. Según su defensa, firmó contratos con compañías que contaban con múltiples proveedores y que, posteriormente, también establecieron relaciones con Villafuel. Con ello busca marcar una diferencia clara entre su implicación directa en la trama de mascarillas y otras actividades paralelas, aparentemente legales.
Este matiz podría influir en el desenlace judicial. Si el tribunal reconoce su colaboración como clave para esclarecer los hechos, Aldama podría recibir una condena aún menor. El juicio, previsto para los próximos meses, se perfila como uno de los más relevantes en materia de corrupción institucional desde el inicio de la pandemia.
