La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, envió a la Fiscalía Europea un informe en el que advierte sobre un posible fraude de ley y discriminación en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Estas adjudicaciones incluyeron cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Según el documento, Red.es, entidad pública encargada de la transformación digital, adjudicó dos contratos financiados con fondos europeos por 8,3 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, de Barrabés, y The Valley Digital. En esas ofertas se adjuntaron cartas de apoyo firmadas por Gómez.

El informe cuestiona que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación, la encargada de evaluar los criterios subjetivos, lo que la IGAE califica de "posible fraude de ley".

"Una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica"

La Intervención denuncia que Red.es incluyó en la valoración elementos no contemplados en los pliegos, como acuerdos con terceros y "cartas de apoyo". El informe remarca: "una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica", ya que esta decisión redujo de manera "injusta e ilegal" la puntuación de otros licitadores.

La UTE resultó beneficiada al presentar acuerdos con empresas que en su mayoría solo se concretaron en "cartas de apoyo en las que figura una manifestación de intenciones que no obliga a nada". Solo Microsoft aportó un acuerdo formal, mientras que, en el caso de Amazon, se sustituyó por una carta de una firma denominada Amazing.

La IGAE también advierte que "no es posible conocer cuántos puntos se han asignado" a dichos acuerdos, dado que se otorgó una nota global sin desglose, pese a que los informes de valoración los mencionan reiteradamente.

Fiscalía Europea investiga contratos financiados con fondos europeos

La Fiscalía Europea asumió la investigación al tratarse de fondos del Fondo Social Europeo, cuyo uso indebido afecta directamente a los intereses financieros de la Unión Europea. Los contratos investigados estaban previamente bajo la causa del juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Tanto Begoña Gómez como el empresario Barrabés continúan imputados en esa causa. Durante su declaración, Gómez sostuvo que las cartas firmadas eran "cartas tipo" habituales en proyectos universitarios: "Eran cartas tipo que suscribían muchas empresas para apoyar un proyecto, pero en ningún caso a una empresa". También señaló que nunca conoció el desenlace de la adjudicación.

La IGAE añade que la licitación otorgaba un 40% de la valoración a "criterios cuya valoración depende de un juicio de valor", incumpliendo la ley, y que los documentos de los técnicos carecen de firma y metadatos, lo que imposibilita conocer su autoría.

Incoherencias y pasividad en la mesa de contratación

El informe destaca incoherencias en los informes de valoración que nunca fueron aclaradas por la mesa de contratación, actitud que la IGAE califica de "pasiva". Además, alerta sobre la falta de criterios objetivos de calidad en los pliegos y la opacidad en la asignación de puntos, elementos que, en conjunto, ponen en cuestión la transparencia del proceso.

Con estas conclusiones, la Fiscalía Europea profundiza en un caso que mezcla fondos comunitarios, contratos públicos y vínculos directos con la esposa del presidente del Gobierno.