La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que pida a Moncloa información sobre "todos los antecedentes" de asistentes de esposas de anteriores presidentes del Gobierno y sus funciones.

En un escrito fechado este lunes, los representantes legales de Gómez, liderados por el exministro Antonio Camacho, reclaman a la Secretaría General de Presidencia datos sobre la identidad y tareas de asistentes previos, dentro de la investigación sobre presunta malversación.

La defensa sostiene que la figura de una asistente ha existido históricamente. Gómez declaró ante el juez que Moncloa le informó de que debía designar a alguien para estas funciones, como hicieron anteriores esposas de presidentes del Gobierno.

Begoña Gómez no asistirá a la vista judicial

Como ocurrió el pasado 27 de septiembre, Begoña Gómez no acudirá a la vista prevista este lunes ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde se concretará su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida.

Fuentes de Moncloa confirmaron a la agencia de noticias EFE que Gómez consideró suficiente la representación de su abogado, Antonio Camacho. La vista permitirá a las partes manifestar si solicitan el archivo del caso o que continúe la investigación.

La citación también incluye a la Universidad Complutense de Madrid, considerada perjudicada por la investigación de un software que habría sido objeto de apropiación indebida.

Argumentos del delegado del Gobierno Francisco Martín

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también está involucrado en la causa por presunta malversación. Su defensa argumenta que debe archivarse el procedimiento, ya que "el relato incriminatorio descansa exclusivamente en su posición jerárquica y nada más" y que el juez Peinado solo expone "conjeturas".

Martín subraya que su nombramiento como secretario general de la Presidencia tuvo lugar el 20 de julio de 2021, "tres años después de los hechos objeto de investigación", por lo que no participó en la contratación de la asesora Cristina Álvarez.

El abogado del Estado recuerda que "la contratación de personal eventual para tareas de apoyo fue una decisión administrativa dentro del marco legal vigente" y una práctica habitual en todas las legislaturas desde la Constitución Española.

Próximos pasos del caso Begoña Gómez

La investigación principal seguirá su curso con la posible intervención de un jurado popular. El juez Peinado comunicará a los investigados que, en caso de llegar a juicio, serán enjuiciados bajo esta modalidad.

En la pieza separada sobre presunta malversación, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín ya habían renunciado a asistir personalmente, siguiendo la indicación de la Fiscalía de que solo es necesario que comparezcan sus abogados.

El procedimiento busca determinar si Gómez influyó a favor de empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, y su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, incluyendo el patrocinio empresarial de un software para la misma.