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El brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius activó una respuesta sanitaria excepcional en España. El caso reúne varios factores sensibles: un virus poco frecuente en Europa, tres fallecidos, pasajeros de distintas nacionalidades y una operación internacional para evacuar y controlar posibles contactos.
El Ministerio de Sanidad trabaja en un informe jurídico para imponer, llegado el caso, una cuarentena obligatoria a los 14 pasajeros españoles del crucero si alguno se niega a aislarse. Los viajeros serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid cuando el buque se acerque a Tenerife y Mónica García apeló al “sentido común y la responsabilidad” de los afectados.
El Gobierno prepara la cuarentena obligatoria por el brote de hantavirus
La medida llega después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalara que el aislamiento en el hospital militar sería voluntario, al tratarse de una medida que limita derechos. Sanidad, sin embargo, sostiene que el Estado cuenta con “instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública” si los pasajeros no aceptan la cuarentena.
El debate no es solo sanitario. También es jurídico. La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública permite adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando existan indicios racionales de peligro para la población. Su artículo tercero habilita medidas sobre enfermos y personas que hayan estado en contacto con ellos en caso de riesgo transmisible.
A esa base se suma la Ley General de Sanidad, cuyo artículo 26 permite actuar cuando exista o se sospeche razonablemente un “riesgo inminente y extraordinario para la salud”. La misma norma exige que las medidas duren solo lo necesario y que sean proporcionales. También pide optar por las vías que menos perjudiquen la libre circulación y otros derechos afectados.
Qué pasó en el crucero MV Hondius y por qué España interviene
El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Canarias. La ruta incluyó la Antártida, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y Tristán de Acuña. A bordo viajaban 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles.
La crisis comenzó con la muerte de un pasajero neerlandés el 11 de abril. Después falleció su esposa y, más tarde, una persona de origen alemán. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada oficialmente el 2 de mayo y confirmó varios afectados. El 5 de mayo, la organización elevó a siete los casos vinculados al posible brote, mientras Suiza informó de otro pasajero confirmado tras regresar a Zúrich.
La cepa identificada es la Andes, una variante del hantavirus de la que se ha documentado transmisión entre humanos en brotes previos. La OMS explica que la infección humana por hantavirus suele adquirirse por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, aunque en el caso del virus Andes puede haber transmisión limitada entre personas. El organismo evalúa el riesgo global de este episodio como bajo.
España aceptó atender a los pasajeros después de una petición de la OMS basada en el “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, según el Ministerio de Sanidad citado por EFE. El crucero, de acuerdo con la reconstrucción disponible, no atracará en Tenerife: fondeará y los pasajeros serán trasladados en lanchas hacia el aeropuerto.
Por qué los expertos avalan el aislamiento aunque el riesgo sea bajo
Juristas y epidemiólogos coinciden en que la cuarentena obligatoria puede imponerse si algún pasajero se niega. Sara Bandrés, abogada y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que los afectados pueden negarse, pero que el Estado puede ejercer “un poder coercitivo” para obligarles a cumplir la medida.
Bandrés sostiene que el Ministerio tendría amparo legislativo para imponer la cuarentena y que, en una situación de incertidumbre sanitaria, “en España todavía la salud colectiva estaría por encima de una libertad individual de decidir”. También precisó que Sanidad debería justificar la medida por escrito y acudir a un juzgado para su ratificación si afecta derechos fundamentales.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología, Pello Latasa consideró “categórica” la conveniencia de que los pasajeros se aíslen. Aun así, pidió no sobredimensionar la amenaza: afirmó que hubo una “burbuja” desinformativa y que el riesgo real del hantavirus en España es “muy, muy bajo”.
Esa valoración coincide con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El ECDC considera “muy bajo” el riesgo para la población general de la UE y del Espacio Económico Europeo, porque el virus Andes no se transmite fácilmente y el reservorio natural no está presente en Europa. La cuarentena, en este escenario, funciona como una barrera preventiva y también como una forma de ordenar una crisis sanitaria que ya salió del barco.
