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El Partido Popular (PP) impulsará en el pleno del Senado del próximo 18 de febrero un conflicto de atribuciones contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su incomparecencia en el pleno extraordinario celebrado el 29 de enero para abordar los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
“Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento Pedro Sánchez no comparece en el Senado, acudiremos al Tribunal Constitucional”, así lo ha advertido la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en un comunicado. La iniciativa será elevada al próximo pleno de la Cámara Alta, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
Según EFE, en esta legislatura han impulsado once conflictos de atribuciones contra el Gobierno y contra el Congreso desde el Senado. No obstante, aseguran que este sería el primer conflicto en democracia que afecta directamente al presidente del Gobierno.
La incomparecencia en el pleno sobre los accidentes ferroviarios
El PP sostiene que el 29 de enero Sánchez incumplió su “obligación legal, parlamentaria y moral” de acudir al pleno extraordinario convocado para analizar los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Gelida. En su lugar, compareció el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Por su parte, el presidente del Gobierno decidió intervenir en el pleno del Congreso, en una sesión que se celebró finalmente el miércoles en el primer pleno ordinario de la Cámara Baja.
Los argumentos jurídicos del PP
Entre los fundamentos de su iniciativa, los populares argumentan que la ausencia del presidente impidió al Senado ejercer la función de control que tiene constitucionalmente encomendada. Según el PP, la Constitución atribuye esa competencia a las Cortes Generales y establece que las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
Además, han recordado que la comparecencia del jefe del Ejecutivo puede producirse a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, acuerdo que, según sostienen, fue incumplido. “En España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno”, sostiene la portavoz del PP, quien insiste en que el control parlamentario no es una “cortesía”, sino una obligación democrática.
