La ministra portavoz del Gobierno y titular del Ministerio Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó un real decreto sobre la regularización de inmigrantes, explicó que la medida, consensuada con Unidas Podemos, beneficiará a unas 500.000 personas sin papeles y a todos aquellos que haya solicitado asilo.
Si bien Saiz cuantificó en medio millón los inmigrantes que podrán acceder a la documentación legal, para Funcas la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular podría alcanzar, a 1 de enero de 2025, la de 840.000, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios.
Esta nueva estimación de la entidad apunta a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando el número estimado ascendía a unos 107.000, esto es 4,2% de la población extracomunitaria residente en España.
De ese colectivo, destacan las nacionalidades americanas, con 760.000 residentes en situación irregular, y, entre ellas, la colombiana, con cerca de 290.000, la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000). A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas con 14.000 personas.
Funcas explica que esa cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 que pasó de 2,5 a 4,9 millones, con las nacionalidades americanas como responsables del gran crecimiento de dicha población en estos ocho años.
El resto de las nacionalidades también creció, pero a un ritmo mucho menor. “No extraña, entonces, que supongan, en 2025, el 91% de la población extranjera en situación administrativa irregular”, afirma en su informe presentado hoy.
Para María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, “la nueva estimación de la población en situación irregular en España vuelve a poner de manifiesto los rasgos del modelo migratorio español de los últimos 25 años”, y añade que “este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad”.
Miyar recuerda que hasta 2005 se recurrió a regularizaciones extraordinarias dirigidas a contingentes de población en situación irregular próximos o superiores al millón de habitantes. Desde entonces, sigue la experta, se confió en las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como una especie de regularización extraordinaria continua.
Así, si bien es cierto que este mecanismo, aunque previno la aparición de volúmenes de población en situación irregular similares a los anteriores a 2005, no logró, como revela el cálculo de Funcas, evitar los notables crecimientos que se producen en periodos de llegadas abundantes.
En este contexto, la cifra estimada por Funcas vuelve a llamar la atención sobre la escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características.
