La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España regula las relaciones entre inquilinos y propietarios, asegurando que, salvo incumplimientos, los contratos de alquiler se mantengan vigentes durante el período acordado.

No obstante, la normativa prevé una excepción en la que el arrendador tiene la facultad de recuperar la vivienda antes de la finalización del contrato. Esta situación se denomina “recuperación anticipada por necesidad”, tal como se establece en el artículo 9.3 de la LAU.

El propietario puede desalojarte antes de tiempo por esta excepción

Esta cláusula permite que el casero reclame la vivienda para destinarla a residencia habitual propia, de un familiar en primer grado de consanguinidad (padres o hijos) o de su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. No obstante, para poder aplicarla se deben cumplir estrictamente una serie de requisitos legales.

En primer lugar, cabe destacar que esta opción solo está disponible para personas físicas, no para empresas o sociedades propietarias.

Además, debe haber transcurrido al menos un año desde la firma del contrato y en los contratos celebrados a partir de marzo de 2019 es obligatorio que la posibilidad de recuperación anticipada por necesidad figure expresamente en el contrato de arrendamiento. Si no aparece, el propietario no podrá invocar esta causa.

Otro punto clave es la comunicación al inquilino. El arrendador debe notificar su intención de recuperar la vivienda con una antelación mínima de dos meses, indicando claramente el motivo y a quién se destinará el uso del inmueble.

Cuando el inquilino abandone la vivienda, la ley obliga a que la persona ocupe el inmueble en un plazo máximo de tres meses. Si no lo hace, el arrendatario tendrá derecho a regresar a la vivienda con un nuevo contrato de hasta cinco años manteniendo las condiciones anteriores, o bien a recibir una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año que faltase para completar ese periodo.

Este mecanismo legal busca equilibrar los derechos de ambas partes: permite que el propietario recupere su vivienda en situaciones personales urgentes, pero también protege al inquilino frente a posibles abusos.

Por este motivo, expertos en derecho inmobiliario recomiendan tanto a propietarios como a inquilinos revisar detenidamente el contrato antes de firmarlo y conocer las implicaciones de esta cláusula.